El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias previas de investigación contra el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Esta medida, que constituye un paso anterior a una investigación formal, surge tras la presentación de una querella por parte de la asociación Hazte Oír, que imputa al exmandatario presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, todos ellos vinculados a su relación con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.
La resolución judicial, firmada por el magistrado Antonio Piña y a la que ha tenido acceso la prensa, remite el expediente a la Fiscalía para que determine si este tribunal es el órgano competente para instruir estos hechos. En el auto se señala que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", justificando así la necesidad de practicar una investigación previa "esencial" para esclarecer la naturaleza y circunstancias de los mismos.
La querella de Hazte Oír, registrada el pasado 4 de enero, se fundamenta en las acusaciones formales que desde 2020 pesa sobre Nicolás Maduro y altos funcionarios de su administración por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Estas acusaciones, presentadas ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, incluyen delitos de narcotráfico internacional, conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense y blanqueo de capitales, dentro de lo que se conoce como el cártel de los Soles.
La asociación demandante argumenta que esta organización criminal tenía una dimensión internacional con afectación directa a España, tanto como país de tránsito como de destino. Según la querella, el expresidente Zapatero "estuvo integrado en dicha organización, de manera directa o indirecta", por lo que resulta "jurídicamente necesario consignar la relación continuada, directa y privilegiada del querellado Rodríguez Zapatero con Nicolás Maduro y con la cúpula del régimen venezolano".
Los promotores de la acción legal insisten en que esta conexión no puede ser analizada como un mero vínculo político o diplomático aislado, sino que forma parte de una relación estructural con una organización criminal de alcance transnacional. Como prueba de su tesis, la querella recoge que es de dominio público que Zapatero mantuvo durante años una interlocución directa y constante con Nicolás Maduro, incluso cuando sobre el mandatario venezolano ya pesaban acusaciones formales por narcotráfico y conspiración criminal.
Esta interlocución, según el escrito, se concretó en múltiples acciones: encuentros personales, gestiones políticas, declaraciones públicas de respaldo y actuaciones de mediación internacional que, en opinión de los querellantes, exceden con creces las funciones propias de un exjefe de gobierno. La asociación considera que estas actividades habrían proporcionado una cobertura de legitimidad a un régimen acusado de utilizar las instituciones del Estado venezolano como instrumento para la comisión de delitos transnacionales.
El magistrado instructor ha valorado que los indicios presentados merecen un análisis más profundo, aunque sin entrar aún en una fase de investigación formal. Las diligencias previas permitirán recabar información adicional y determinar si existen elementos suficientes para proceder a la apertura de una causa penal ordinaria. Este procedimiento es habitual en casos complejos donde la naturaleza de los hechos requiere una valoración jurídica previa detallada.
La decisión judicial ha generado un intenso debate sobre la línea que separa la actividad diplomática y política de las responsabilidades penales. Por un lado, los querellantes sostienen que la relación de Zapatero con Maduro trasciende el ámbito de la política exterior para entrar en el terreno del apoyo a organizaciones criminales. Por otro, las defensas previas de figuras internacionales en situaciones similares han argumentado la necesidad de proteger el diálogo político incluso con regímenes controvertidos.
El caso también plantea cuestiones sobre la competencia jurisdiccional de la Audiencia Nacional. La Fiscalía deberá pronunciarse sobre si los hechos denunciados, aunque tengan conexión con España, corresponden a este tribunal o deben ser remitidos a otro órgano judicial. La dimensión internacional del asunto, con acusaciones originadas en Estados Unidos y actuaciones presuntamente desarrolladas en territorio español, complica la determinación de la jurisdicción competente.
Desde Hazte Oír han celebrado la decisión del juzgado como un paso necesario para esclarecer las responsabilidades en lo que consideran una red criminal que afecta a la seguridad nacional. La asociación ha insistido en que la investigación debe profundizar en las gestiones específicas que Zapatero habría realizado en favor del régimen venezolano, así como en los beneficios, directos o indirectos, que pudo haber obtenido de esa relación.
Por su parte, fuentes cercanas al expresidente han rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas de infundadas y políticamente motivadas. Según estas fuentes, la actuación de Zapatero en Venezuela siempre se enmarcó en el contexto de los esfuerzos internacionales por facilitar el diálogo entre el gobierno y la oposición, en línea con las políticas de la Unión Europea y otros actores internacionales.
El procedimiento judicial ahora entrará en una fase de recopilación de pruebas y testimonios. El juzgado podrá solicitar documentación, interrogar a testigos y realizar las gestiones necesarias para determinar si los indicios son suficientes. Si la Fiscalía considera que la Audiencia Nacional es competente y las pruebas son concluyentes, las diligencias previas podrían convertirse en una investigación formal que situaría a Zapatero en la posición de investigado por delitos graves.
Este caso se suma a la creciente tensión judicial en torno a las relaciones de políticos españoles con regímenes autoritarios. La justicia española ha abierto en los últimos años varias investigaciones sobre presuntos actos de corrupción internacional y blanqueo de capitales vinculados a países como Venezuela, lo que refleja una mayor sensibilidad hacia los riesgos de la internacionalización del crimen organizado.
La decisión del Juzgado Central de Instrucción número 6 marca un hito por tratarse de un expresidente del Gobierno, figura que tradicionalmente ha gozado de cierta inmunidad política y judicial. La apertura de diligencias previas, aunque no implique presunción de culpabilidad, representa un gesto de igualdad ante la ley que la sociedad civil demandante ha interpretado como una victoria del principio de justicia universal.
El desarrollo de esta investigación estará bajo la lupa mediática y política, no solo por la relevancia del imputado, sino por las implicaciones que podría tener para la política exterior española. Un eventual procesamiento de Zapatero podría generar una crisis diplomática con Venezuela y cuestionar la legitimidad de los procesos de mediación internacional en los que han participado exmandatarios europeos.
Mientras tanto, el juzgado continuará con su trabajo de forma discreta, cumpliendo los plazos procesales establecidos. La próxima semana se espera que la Fiscalía presente su informe sobre la competencia, lo que determinará el rumbo inmediato de las diligencias. La sociedad española y la comunidad internacional observarán atentamente cómo evoluciona un caso que une política de alto nivel, acusaciones de narcotráfico de Estado y la compleja trama de las relaciones hispano-venezolanas.