La Policía registra el CNIO por una presunta trama de desvío de 25 millones

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo un registro en las instalaciones del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de Madrid, incautando material informático y documentación relevante para una investigación que apunta a una presunta trama delictiva de desvío de fondos públicos. La operación, que ha generado conmoción en el sector científico español, se enmarca en una denuncia que sugiere que antiguos responsables de la institución pudieron haber desviado hasta 25 millones de euros durante un periodo de 18 años.

El CNIO, considerado uno de los centros de excelencia en investigación oncológica más prestigiosos de España, se ha visto sorprendido por esta intervención judicial que pone en tela de juicio la gestión económica de la institución en las últimas dos décadas. Los agentes, que actuaron bajo mandato judicial, se llevaron equipos informáticos y archivos que podrían contener pruebas fundamentales para esclarecer las supuestas irregularidades contables y administrativas.

Según las primeras informaciones, la investigación se centra en una presunta trama delictiva organizada por ex altos cargos del centro. Estos antiguos directivos habrían diseñado un sofisticado mecanismo para detraer partidas presupuestarias destinadas a la investigación del cáncer, una de las enfermedades que más recursos sanitarios y científicos moviliza en el país. El desvío de fondos, si se confirma, representaría uno de los mayores casos de corrupción en el ámbito de la investigación biomédica pública en España.

La denuncia, que ha sido el detonante de esta operación policial, detalla que las irregularidades se habrían producido de forma sistemática desde hace casi dos décadas. Este largo periodo habría permitido a los implicados perfeccionar sus métodos y ocultar las evidencias mediante operaciones financieras complejas y facturaciones presuntamente falsas. La cifra de 25 millones de euros mencionada en la querella no solo impacta por su magnitud, sino por el contexto en el que se habrían producido: un centro dependiente de fondos públicos cuya misión es combatir una enfermedad que afecta a millones de personas.

El CNIO, fundado en 1998 y dirigido por el reconocido científico María Blasco hasta hace poco tiempo, ha sido un referente mundial en genómica del cáncer y terapias innovadoras. La institución depende principalmente de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, que recibe financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y de diversas fuentes públicas y privadas. Esta estructura de financiamiento mixto, que busca potenciar la investigación traslacional, habría sido precisamente la que los investigadores habrían explotado para sus fines ilícitos.

La comunidad científica española ha recibido la noticia con estupor y preocupación. Numerosos investigadores han expresado su consternación en redes sociales, destacando que este tipo de escándalos erosionan la confianza ciudadana en la ciencia pública y dificultan la consecución de futuros fondos. El desvío de recursos de un centro tan relevante no solo supone un perjuicio económico, sino que retrasa potencialmente avances terapéuticos que podrían beneficiar a pacientes oncológicos en todo el mundo.

Desde el ámbito político, las reacciones no se han hecho esperar. Diversos grupos parlamentarios han solicitado comparecencias urgentes del actual equipo directivo del CNIO y de responsables del Ministerio de Ciencia para explicar los controles que se estaban llevando a cabo. La oposición ha aprovechado el caso para cuestionar la gestión del Gobierno en la supervisión de centros de investigación de excelencia, mientras que desde el ejecutivo se defiende que las actuaciones policiales demuestran el compromiso con la transparencia.

La investigación judicial, que ahora se encuentra en una fase de análisis de la documentación incautada, podría ampliarse a otras instituciones colaboradoras. Los agentes especializados en delitos económicos están revisando minuciosamente las cuentas del CNIO, contratos de personal, facturas de proveedores y acuerdos con entidades privadas. La complejidad de la trama requerirá meses de trabajo para reconstruir el entramado financiero y determinar con precisión el alcance del presunto desfalco.

Expertos en compliance institucional señalan que este caso pone de manifiesto las vulnerabilidades en los sistemas de control de centros de investigación públicos. La autonomía gestionaria que caracteriza a estas instituciones, diseñada para agilizar la toma de decisiones científicas, habría sido aprovechada para eludir los mecanismos de auditoría. La falta de transparencia en la gestión y la concentración de poder en pocas manos son factores de riesgo que esta investigación podría ayudar a mitigar en el futuro.

Para el personal del CNIO, la situación genera incertidumbre sobre la estabilidad de sus proyectos de investigación. Muchos científicos temen que la repercusión mediática del caso afecte a la percepción de su trabajo, completamente ajeno a las presuntas irregularidades administrativas. Los sindicatos han demandado que se proteja la integridad de la investigación en curso y que se garanticen los fondos necesarios para que el centro continúe su labor asistencial y científica sin interrupciones.

El caso recuerda a otros escándalos de corrupción en instituciones públicas de investigación, aunque la singularidad del CNIO radica en su relevancia internacional y en la sensibilidad de su misión. La investigación del cáncer depende de la continuidad de proyectos a largo plazo y de la confianza de donantes y sociedades científicas. Cualquier sombra de duda sobre la gestión puede tener consecuencias devastadoras en la capacidad de atraer talento y recursos.

La Fiscalía Anticorrupción, que coordina la investigación, mantiene el secreto de sumario para no entorpecer las pesquisas. No obstante, fuentes jurídicas apuntan a que en las próximas semanas podrían producirse las primeras citaciones a los ex directivos mencionados en la denuncia. La estrategia procesal probablemente se centrará en el desmantelamiento de la presunta trama y en la recuperación de los fondos desviados, aunque la complejidad temporal del caso complica esta última vertiente.

Mientras tanto, el CNIO ha emitido un comunicado en el que asegura su total colaboración con la justicia y reafirma su compromiso con la excelencia científica y la transparencia. La institución ha puesto a disposición de los investigadores toda la documentación requerida y ha reforzado sus protocolos de control interno. El actual equipo directivo, que asumió sus funciones recientemente, intenta distanciarse de los hechos atribuidos a gestiones anteriores.

Este caso constituye un serio aviso sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia en centros de investigación pública. La sociedad demanda que los fondos destinados a combatir enfermedades tan graves como el cáncer se gestionen con la máxima diligencia y ética. La investigación policial en el CNIO debe servir no solo para esclarecer los hechos y castigar a los responsables, sino también para implementar salvaguardas que garanticen que tragedias administrativas como esta no vuelvan a repetirse.