El Partido Popular ha elevado este viernes el tono de su crítica al Gobierno de coalición al exigir de forma tajante la dimisión inmediata del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. La formación conservadora argumenta que la acumulación de casos de presunta corrupción y las recientes detenciones de altos cargos vinculados al PSOE han convertido la situación política en "insostenible".
Desde las escalinatas del Congreso de los Diputados, el secretario general del PP y portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha protagonizado una intervención contundente en la que ha asegurado que "el Gobierno se desmorona por dentro". Las palabras de Tellado responden a la oleada de noticias judiciales que afectan directamente al partido socialista y a instituciones públicas bajo su tutela.
El dirigente popular ha puesto sobre la mesa dos casos recientes que, a su juicio, evidencian la "podredumbre" del Ejecutivo. Por un lado, la detención de Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la empresa Servinabar. Por otro, la captura de Leire Díez, antigua militante socialista, acusada de presuntas agresiones sexuales.
"No pasa un solo día sin que surja un nuevo escándalo que vincula al PSOE con prácticas inaceptables", ha declarado Tellado, quien ha aprovechado para recordar que la crisis de credibilidad no afecta únicamente al presidente, sino también a su número dos. La vicepresidenta Montero se encuentra en el punto de mira por su relación directa con Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), arrestado por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública.
Tellado ha dejado claro que Fernández no era una figura cualquiera dentro del entorno de Montero, sino su "hombre de máxima confianza". "Fue ella quien le colocó en la SEPI, quien le protegió durante años y ahora vemos cómo acaba con las esposas puestas por corrupción", ha enfatizado el portavoz popular, utilizando un lenguaje directo y sin ambages.
La estrategia del PP pasa por vincular directamente la responsabilidad política de los líderes del Ejecutivo con los actos de sus colaboradores. Tellado ha insistido en que "el sanchismo se está articulando en tiempo real ante los ojos de todos los españoles", una expresión que busca convertir las crisis individuales en un problema sistémico del Gobierno.
Más allá de las acusaciones específicas, el secretario general de los populares ha cuestionado la legitimidad democrática de la actual legislatura. Según sus palabras, la mayoría parlamentaria que permitió la investidura de Sánchez "ha quedado completamente erosionada", lo que convierte esta etapa en "una legislatura fallida" sin capacidad real de gobernar.
El discurso de Tellado ha incluido también un ataque a la gestión parlamentaria del presidente. Ha revelado que Sánchez solicitó el voto delegado para la sesión plenaria del jueves "para evitar el bochorno de presentarse en la Cámara" y enfrentarse a la oposición en un momento de máxima debilidad política.
La ofensiva del PP no se limita a las exigencias de dimisión. Tellado ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad de entendimiento con el PSOE en los próximos meses, concretamente en lo referente a la renovación de parte de la composición del Tribunal Constitucional. "Eso no es más que una cortina de humo. Con este Gobierno resulta imposible negociar nada", ha sentenciado.
El mensaje es claro: los populares no solo buscan la caída del Ejecutivo, sino que también rechazan cualquier tipo de colaboración institucional mientras Sánchez permanezca en La Moncloa. La postura del PP se endurece así en una línea de máxima confrontación, descartando incluso acuerdos de Estado que tradicionalmente han contado con consenso interpartidista.
La actual crisis política se suma a una serie de obstáculos que el Gobierno ya venía arrastrando desde hace meses. La inestabilidad parlamentaria, la gestión de los fondos europeos y las tensiones internas en la coalición entre PSOE y Unidas Podemos han marcado una legislatura caracterizada por la precariedad de su base de apoyo.
Tellado ha aprovechado para recordar que el Ejecutivo no solo carece de mayoría estable, sino que además acumula "mil sombras de corrupción" que, según el PP, invalidan moralmente su continuidad. Esta expresión busca resonar en la opinión pública y construir una narrativa de agotamiento ético del Gobierno.
El portavoz conservador ha concluido su intervención con un llamamiento directo a la ciudadanía: "España necesita un nuevo liderazgo, libre de sospechas y con legitimidad democrática". La frase pretende posicionar al PP como la única alternativa viable para sacar al país de lo que ellos denominan "el pantano institucional".
La respuesta del PSOE no se ha hecho esperar. Desde Moncloa han calificado las declaraciones de Tellado como "un intento desesperado de un partido sin propuestas que solo sabe decir no a todo". Las fuentes socialistas recuerdan que las investigaciones judiciales afectan a personas concretas y no pueden ser utilizadas para criminalizar a toda una formación política.
No obstante, la presión mediática y judicial está generando un clima de extrema tensión en el seno del Gobierno. La vicepresidenta Montero, especialmente, ve cómo su posición se debilita cada vez más por su vinculación con el caso SEPI. Aunque hasta el momento no ha sido imputada, la percepción pública de su cercanía con Fernández está dañando seriamente su credibilidad como gestora de las cuentas públicas.
El caso Servinabar, por su parte, ha levantado ampollas dentro del propio PSOE. La detención de Antxon Alonso ha reabierto heridas internas y ha puesto en cuestión los procesos de selección de cargos en la época de Santos Cerdán. Algunos dirigentes socialistas, en off the record, admiten que estos episodios están erosionando la confianza de la militancia.
La estrategia del PP de máxima confrontación plantea dudas sobre la gobernabilidad del país en los próximos meses. Si bien los populares no tienen capacidad por sí solos para forzar la dimisión del Gobierno, sí pueden bloquear iniciativas legislativas y generar un clima de permanente inestabilidad que dificulte la gestión diaria.
Los analistas políticos consultados apuntan que estamos ante una crisis de legitimidad sin precedentes en la etapa democrática reciente. La combinación de escándalos judiciales, la debilidad parlamentaria y la falta de acuerdos institucionales básicos está creando un escenario de ingobernabilidad estructural.
El propio Tellado ha admitido que la situación actual recuerda a los peores momentos de la crisis política de 2016, cuando España estuvo meses sin Gobierno. "La diferencia es que ahora tenemos un Ejecutivo que sí existe, pero que no gobierna", ha reflexionado.
El futuro inmediato del Gobierno dependerá de varios factores: la evolución de las investigaciones judiciales, la capacidad del PSOE para contener el daño interno y la habilidad del PP para mantener la presión sin generar rechazo ciudadano. Mientras tanto, la política española se ha convertido en un terreno de batalla donde cada nueva detención se convierte en munición electoral.
La vicepresidenta Montero, por su parte, mantiene un perfil bajo desde que estalló el caso SEPI. Sus colaboradores aseguran que continúa con su agenda oficial, pero la realidad es que su imagen pública se ha visto seriamente afectada. La oposición no pierde oportunidad para recordar que fue ella quien defendió a capa y espada la gestión de Fernández en la SEPI.
El presidente Sánchez, consciente de la gravedad del momento, ha convocado a su equipo de comunicación para diseñar una estrategia que contrarreste el relato del PP. La idea es separar claramente la responsabilidad política de la judicial y presentar a los detenidos como casos aislados que no representan al conjunto del Gobierno.
Sin embargo, la acumulación de casos está generando un efecto bola de nieve difícil de controlar. Cada nueva detención refuerza la narrativa del PP y debilita la posición del Ejecutivo. La ciudadanía, según las últimas encuestas, percibe una crisis de valores en la clase política que trasciende las fronteras partidistas.
El secretario general de los populares ha cerrado su intervención con una pregunta retórica dirigida a los medios: "¿Cuántos casos más hacen falta para que Sánchez asuma que su tiempo ha terminado?". La pregunta resume perfectamente la estrategia del PP: convertir la presión mediática en presión política real.
Mientras tanto, en los pasillos del Congreso se respira un clima de extrema tensión. Los diputados socialistas evitan las cámaras y las declaraciones, mientras que los popularios celebran cada nueva noticia judicial como una victoria táctica. La polarización ha alcanzado niveles que preocupan incluso a veteranos de la política española.
La semana que viene se prevé un pleno especialmente agitado, donde el PP presentará una moción de censura simbólica contra Montero. Aunque no tiene posibilidades de prosperar, el objetivo es mantener el foco mediático en la crisis del Gobierno y forzar a los socios de coalición a posicionarse.
El tiempo dirá si esta estrategia de máxima presión da sus frutos o si, por el contrario, genera un efecto contrario que fortalece al Gobierno. Lo que está claro es que España vive uno de sus momentos políticos más turbulentos de los últimos años, con un Ejecutivo debilitado y una oposición decidida a aprovechar cada resquicio para acabar con su mandato.