Irán vive un momento de máxima tensión social. A casi cinco décadas de la Revolución Islámica, el sistema establecido por los ayatolás muestra síntomas de agotamiento. Las calles de Teherán y decenas de ciudades más han sido escenario durante las últimas semanas de manifestaciones sin precedentes desde el movimiento 'Mujer, vida, libertad' de 2022. Esta vez, sin embargo, la chispa que encendió la mecha no fue un acto de represión moral, sino el desespero de una población que no llega a fin de mes.
La crisis económica que azota al país persa es de dimensiones colosales. La moneda nacional, el rial, ha experimentado una caída vertiginosa, mientras la inflación supera el 42% anual y alcanza picos del 52% en comparación interanual. Este escenario de desbordamiento económico no es nuevo, pero ha alcanzado un punto de inflexión que el gobierno de Ali Jamenei parece incapaz de gestionar sin recurrir a la violencia sistemática.
Los orígenes de la actual convulsión se remontan a finales de diciembre, cuando los comerciantes de los bazares de la capital iniciaron protestas espontáneas. Estos mercados tradicionales, históricamente sensibles barómetro de la salud económica del país, reflejaban el descontento de una clase media que ve evaporarse sus ahorros. La decisión del Banco Central de eliminar un programa de subsidios clave la semana pasada solo sirvió para echar más leña al fuego, extendiendo las protestas a zonas rurales y ciudades secundarias que hasta ahora habían permanecido relativamente al margen.
El economista iraní Saeed Laylaz, en declaraciones recogidas por la BBC, no ha dudado en calificar la situación como un saqueo institucional: "Irán ha sido saqueado y ya no existe como tal. El 40% de los activos del sistema bancario iraní existen sobre el papel, pero no en la realidad. El crecimiento económico del país es cero". En otra entrevista con Khabar Online, Laylaz fue aún más contundente al afirmar que "la República Islámica de Irán ha llegado a su nivel más bajo de legitimidad y está corrompida".
Estas palabras reflejan un sentimiento extendido entre la población. Las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la ONU, originadas por el controvertido programa nuclear iraní, han aislado al país de los mercados globales. La imposibilidad de vender petróleo libremente ha asfixiado las principales fuentes de ingresos, mientras que los recientes ataques cibernéticos atribuidos a Israel y EEUU han dejado en evidencia las vulnerabilidades estratégicas del régimen.
La respuesta del gobierno ha sido la de siempre: mano dura. La ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, ha documentado al menos 45 muertos entre los manifestantes. La represión no distingue entre ciudadanos comunes, estudiantes o activistas. La Policía de la Moral, la misma que en septiembre de 2022 asesinó a Mahsa Amini por no llevar correctamente el velo, vuelve a patrullar las calles con impunidad.
Aquella ola de protestas, que convirtió el cabello suelto de las mujeres iraníes en símbolo de resistencia, logró unir bajo un mismo lema a diversos sectores sociales. Ahora, la crisis económica está logrando algo similar pero con un componente adicional: el hambre. Cuando las familias no pueden comprar alimentos básicos, la desesperación supera el miedo.
El cambio de titular del Banco Central, sustituido por un tecnócrata que se espera pueda estabilizar la fluctuación cambiaria, parece una medida cosmética. Hasta que no se resuelva el conflicto nuclear y se levanten las sanciones, cualquier intento de recuperación económica será parcial y temporal. Y eso, en el mejor de los escenarios, es un proceso que tomará años.
La complejidad de la situación radica en que Irán no es un régimen monolítico. Mantiene una base de apoyo significativa, especialmente en zonas rurales y entre los sectores más conservadores. Sin embargo, esta base también sufre las consecuencias de la crisis. La legitimidad religiosa y política que sustentó al sistema durante décadas se erosiona cuando los ciudadanos ven que ni siquiera sus necesidades básicas están cubiertas.
Los analistas internacionales observan con preocupación este nuevo ciclo de protestas. La diferencia con levantamientos anteriores es la amplitud geográfica y social. No se trata solo de estudiantes universitarios en la capital o de mujeres urbanas. Ahora son también comerciantes, trabajadores industriales y campesinos. La crisis ha trascendido las fronteras ideológicas.
El futuro inmediato de Irán es incierto. El régimen ha demostrado una capacidad de supervivencia notable, pero cada ciclo de protestas debilita más sus cimientos. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si las fuerzas de seguridad logran sofocar el descontento o si, por el contrario, estamos ante el inicio de una transformación más profunda. Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene su presión, Israel no cesa sus operaciones encubiertas, y los iraníes comunes continúan viendo cómo su poder adquisitivo se desvanece. La olla a presión, como la describen muchos observadores, sigue calentándose sin válvula de escape a la vista.