La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado una operación de registro en varias empresas vinculadas a la trama de presunta corrupción que salpicó a la exmilitante del PSOE Leire Díez. El epicentro de estas actuaciones ha sido la sede de Forestalia en Zaragoza, donde agentes de paisano accedieron a las instalaciones este jueves por la mañana para recabar documentación relevante para la causa abierta en la Audiencia Nacional.
Los registros se han extendido más allá de Aragón, alcanzando también sedes corporativas en Madrid y Sevilla. Esta movilización policial se produce apenas 24 horas después de la detención de Leire Díez y del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, ambos investigados por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
En la capital aragonesa, concretamente en la plaza de España, varios efectivos de la UCO se presentaron en las oficinas de Forestalia acompañados de responsables de la compañía. La operación transcurrió con total hermetismo, dado que las diligencias permanecen bajo secreto sumarial. Las fuentes consultadas confirman que la actuación forma parte de una investigación más amplia que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en estrecha coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
La detención de Leire Díez el miércoles en Madrid marcó un punto de inflexión en esta compleja trama. La exmilitante socialista, que trabajó para Correos —empresa dependiente de SEPI—, fue arrestada junto a Vicente Fernández, quien presidió SEPI hasta su dimisión en 2019 tras ser imputado en el caso Aznalcóllar. Ambos permanecen en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) mientras la operación sigue abierta y se analiza la documentación incautada.
El caso adquiere mayor relevancia si consideramos que Leire Díez ya estaba imputada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias. En esa causa, el magistrado Arturo Zamarriego investiga presuntas maniobras para interferir en investigaciones judiciales mediante el acceso a información privilegiada de fiscales y altos mandos de la Guardia Civil.
Las pesquisas del juzgado madrileño apuntan a que Díez mantuvo reuniones con el empresario Javier Pérez Dolset buscando obtener datos comprometedores de agentes del Ministerio Público y cuerpos policiales. La grabación de una conversación con el fiscal Ignacio Stampa resultó fundamental, donde la investigada se presentaba como "mano derecha" de Santos Cerdán y como "la persona que ha puesto el PSOE" para indagar sobre posibles irregularidades.
Por su parte, Vicente Fernández mantiene conexiones con Servinabar, empresa que también ha sido registrada este jueves. Esta compañía ya apareció en el conocido caso Koldo, lo que amplía el radio de acción de la investigación. Fernández se incorporó a Servinabar tras abandonar SEPI, donde había sido imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a México-Minorbis la explotación de la reserva minera de Aznalcóllar en Sevilla, aunque posteriormente fue absuelto.
La operación de la UCO demuestra la complejidad de una trama que entrelaza política, empresas públicas y privadas, y presuntas redes de influencia. Los agentes han trabajado con total discreción, accediendo a documentación contable, contratos y comunicaciones que podrían esclarecer el modus operandi de la presunta organización.
En Zaragoza, Forestalia se ha convertido en el centro de atención mediática. La empresa, con presencia significativa en el sector energético y forestal, ve cómo su sede principal se convierte en escenario de una de las operaciones anticorrupción más relevantes del año. Los trabajadores han sido informados de la situación, aunque la dirección mantiene el silencio oficial por el secreto de la investigación.
La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo coordinado en tres provincias, lo que indica la magnitud de la trama. En Madrid, además de las detenciones, se han realizado registros en domicilios y oficinas relacionadas con la trama. En Sevilla, la conexión con el caso Aznalcóllar aporta un componente geográfico adicional a la investigación.
El contexto político no pasa desapercibido. Leire Díez, vinculada históricamente al PSOE, ha sido señalada en múltiples ocasiones por su actividad como lobista y consultora. Su arresto ha generado repercusiones en el ámbito político, aunque el partido socialista ha mantenido una posición prudente, recordando que se trata de una investigación judicial y que no hay condena firme.
La Fiscalía Anticorrupción ha sido clave en el desarrollo de esta operación. Su coordinación con la UCO permite articular una estrategia de investigación que protege la confidencialidad de las diligencias mientras se avanza en la recopilación de pruebas. El secreto sumarial, que ha sido respetado por todas las partes, dificulta el acceso a detalles concretos, pero las fuentes confirman que la investigación está en una fase crucial.
El caso Koldo, que ya salpicó a altos cargos del Ministerio de Transportes, vuelve a resurgir con estas nuevas detenciones. La conexión entre Servinabar y Vicente Fernández abre nuevas líneas de investigación que podrían ampliar el alcance de la causa. Los investigadores analizan contratos de servicios, adjudicaciones públicas y transferencias financieras que podrían revelar el pago de comisiones ilegales.
En el terreno judicial, el Juzgado Central de Instrucción número 6 mantiene abierta la causa y no descarta nuevas detenciones. La documentación incautada en los registros de Zaragoza, Madrid y Sevilla será analizada en los próximos días, lo que podría derivar en nuevas imputaciones o en la ampliación de las ya existentes.
La operación ha generado una expectación considerable en los medios de comunicación, aunque el hermetismo de las fuerzas de seguridad y la cautela de las instituciones judiciales ha limitado la información oficial. Las empresas registradas, incluida Forestalia, han preferido no hacer declaraciones públicas hasta conocer el alcance exacto de la investigación.
El sector empresarial aragonés observa con preocupación el registro en Forestalia, una de las compañías con mayor proyección en la región. La investigación podría afectar a su reputación y a sus relaciones comerciales, aunque fuentes empresariales insisten en que la compañía ha colaborado en todo momento con la justicia.
La Guardia Civil ha concluido los registros sin incidentes, retirándose de las instalaciones con el material documental requerido. La investigación continúa su curso, con la UCO trabajando en el análisis de la información recabada y la Fiscalía valorando los próximos pasos procesales.
Este caso pone de manifiesto la determinación de los organismos de control en la lucha contra la corrupción en contratos públicos. La coordinación entre juzgados, fiscalía y cuerpos policiales permite abordar investigaciones complejas que trascienden fronteras autonómicas y afectan a entidades de primer nivel.
La ciudadanía aragonesa sigue con atención el desarrollo de una investigación que ha puesto el foco en una empresa emblemática de la región. La transparencia en la gestión de fondos públicos y la integridad en las adjudicaciones son valores que esta operación busca preservar, independientemente del resultado final de la causa.
Mientras tanto, Leire Díez y Vicente Fernández permanecen a disposición judicial, sin que por el momento se haya fijado fecha para su comparecencia ante el juez. La causa continúa bajo secreto sumarial, lo que limita las informaciones públicas pero garantiza la eficacia de la investigación.