El pasado 8 de enero se cumplió el sexto aniversario de una de las tragedias más dolorosas para la comunidad gallega en el extranjero. Diego Bello Lafuente, un joven empresario coruñés de 30 años, fue ejecutado a tiros por tres agentes de policía en la isla filipina de Siargao. Lo que inicialmente se presentó como un enfrentamiento durante un operativo antinarcóticos ha sido desmontado por el National Bureau of Investigation (NBI), el equivalente al FBI estadounidense en Filipinas, que concluye en un informe oficial que se trató de un asesinato a sangre fría con un escenario criminal fabricado por los propios uniformados.
Diego había levantado en Siargao, un paraíso surfero, su proyecto hostelero La Santa Bar. Soñador e inquieto, había encontrado en aquella remota isla el lugar donde desarrollar su visión empresarial lejos de Galicia. Sin embargo, la madrugada del 8 de enero de 2020, su vida fue truncada por seis disparos que recibió por la espalda y el costado, según revela la autopsia a la que ha tenido acceso esta redacción.
La versión oficial de la Comisaría Municipal General Luna sostenía que Bello era un peligroso narcotraficante y que su muerte se produjo durante un intercambio de fuego legítimo. Los agentes capitán Wise Vicente Panuelos, sargento Nido Boy E. Cortés y sargento Ronel A. Pazo aseguraron haber actuado en defensa propia durante un operativo de la Agencia Antidroga de Filipinas (PDEA). Esta narrativa, sin embargo, colapsa por completo ante el análisis forense y documental del NBI.
El informe del NBI, una investigación de más de cien páginas a la que hemos tenido acceso exclusivo, establece contundentemente: "La PDEA no tenía información de inteligencia previa ni otros datos que relacionaran a Diego con actividades ilegales de drogas ni constaba en la lista de sospechosos de la PDEA". La agencia antinarcóticos filipina no tenía ningún expediente sobre el joven español, desmontando la principal justificación del uso de la fuerza letal.
La reconstrucción de los hechos por parte de los investigadores del NBI es demoledora. El informe señala textualmente que "existe causa probable para acusar colectivamente" a los tres policías de los delitos de asesinato, siembra de pruebas falsas y perjurio. La conclusión es clara: "El encuentro armado relatado por el capitán Panuelos, el sargento Cortés y el sargento Pazo fue en realidad un escenario inventado por ellos".
Las pruebas físicas corroboran esta tesis. La autopsia realizada en el Hospital del Distrito de Siargao demuestra que la trayectoria de los proyectiles era incompatible con un enfrentamiento frontal. Diego recibió los impactos por la espalda y el flanco, lo que indica que fue ejecutado sin posibilidad de reaccionar. Además, no portaba ningún arma en el momento de los hechos, contradicciendo la versión policial de un supuesto intercambio de disparos.
Uno de los elementos más comprometedores para los agentes es la famosa riñonera. Según la policía, en ese accesorio encontraron drogas que justificaban el operativo. Sin embargo, el abogado de la familia, Guillermo Mosquera, ha demostrado que "esa riñonera presentaba signos de haber sido comprada y colocada en la escena del crimen". Las últimas imágenes de Diego con vida, captadas por cámaras de seguridad locales, muestran al joven luciendo esa misma riñonera, pero los expertos forenses detectaron indicios de manipulación post mortem.
El NBI también ha recabado testimonios del Barangay, la unidad administrativa más básica del gobierno filipino, que confirman que "no tenía conocimiento de ningún operativo policial contra el tráfico de drogas" en esa fecha y lugar. Esta declaración oficial deja en evidencia que los tres agentes actuaron por su cuenta, sin coordinación con las autoridades locales ni con la agencia antidroga nacional.
Para los padres de Diego, Pilar y Alberto Bello, estos seis años han sido una pesadilla de incertidumbre y lucha. Desde el primer momento desconfiaron de la versión oficial y han mantenido una batalla legal incesante para limpiar el nombre de su hijo. "A Diego lo ejecutaron", afirma tajante el letrado Mosquera, quien representa los intereses de la familia en territorio filipino.
El próximo viernes 16 de enero, Pilar y Alberto Bello prestarán declaración ante los tribunales de Manila. Será un momento crucial en su búsqueda de justicia, donde podrán presentar todas las pruebas recabadas por el NBI y por su propio equipo legal. La comparecencia representa una oportunidad para que la justicia filipina reconozca oficialmente lo que ya está documentado: que su hijo fue víctima de un crimen de Estado cometido por agentes corruptos.
El caso ha generado conmoción tanto en Filipinas como en España, poniendo el foco en los abusos policiales y la impunidad en el archipiélago asiático. Organizaciones de derechos humanos han seguido de cerca la investigación, que pone en tela de juicio los procedimientos de la policía filipina durante la controvertida "guerra contra las drogas" que ha dejado miles de muertos en los últimos años.
La documentación del NBI no solo exculpa a Diego Bello, sino que establece un precedente importante. Demuestra que incluso en un sistema judicial complejo como el filipino, las investigaciones independientes pueden desenmascarar la corrupción institucional. El informe detalla cómo los tres agentes no solo mintieron en sus declaraciones, sino que alteraron activamente la escena del crimen para justificar su actuación.
Para la comunidad española en Filipinas, que supera los 4.000 residentes, este caso representa una vulneración extrema de los derechos de los extranjeros. Muchos ciudadanos españoles han manifestado su preocupación por la seguridad jurídica en el país, especialmente para aquellos que desarrollan proyectos empresariales en zonas turísticas como Siargao.
La familia Bello no busca solo justicia penal para los asesinos de su hijo. Su lucha también tiene un componente reparador: quieren que se reconozca públicamente que Diego no era un criminal, sino un emprendedor que contribuía al desarrollo local. Quieren que se sepa que su negocio, La Santa Bar, era legal y que su presencia en Filipinas era totalmente legítima.
El informe del NBI será la pieza central en el juicio que se avecina. Con más de 50 anexos, incluyendo peritajes balísticos, testimonios de vecinos y análisis de la cadena de custodia de las pruebas, el documento deja pocas dudas sobre la culpabilidad de los tres agentes. Los investigadores han trabajado durante años recopilando evidencias que ahora están listas para ser presentadas en sede judicial.
Mientras tanto, los acusados permanecen en libertad condicional, una circunstancia que ha generado indignación entre los familiares de la víctima. El capitán Panuelos y los sargentos Cortés y Pazo continúan en activo, aunque suspendidos de funciones, lo que la familia considera un riesgo para la integridad de testigos y para la propia investigación.
El caso Diego Bello ha trascendido las fronteras de Filipinas. Desde la Embajada de España en Manila se ha seguido el proceso con especial atención, ofreciendo asistencia consular a la familia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha elevado el caso en sus conversaciones bilaterales, considerándolo una prueba de fuego para el sistema de justicia filipino.
A seis años del crimen, la verdad oficial ha salido a la luz gracias al trabajo meticuloso del NBI. Ahora falta la sentencia judicial que confirme estos hallazgos y castigue a los responsables. Para Pilar y Alberto Bello, cada día sin justicia es un día de dolor prolongado, pero el informe del NBI les da la esperanza de que el nombre de su hijo quede limpio y los culpables paguen por su crimen.
La historia de Diego Bello es una tragedia que combina sueños rotos, corrupción institucional y una lucha familiar desesperada por la verdad. Es el relato de cómo un joven emprendedor gallego encontró la muerte lejos de casa, víctima de quienes debían protegerle. Y es, sobre todo, la demostración de que la persistencia en la búsqueda de justicia puede desmontar incluso las mentiras más bien construidas por quienes abusan del poder.