La posible salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela no garantiza automáticamente que España pueda recuperar a los miembros de ETA que se encuentran refugiados en el país caribeño. Expertos jurídicos consultados advierten que el regreso de terroristas como José Ignacio de Juana Chaos, uno de los históricos de la organización terrorista, depende de factores que trascienden el simple cambio de gobierno. Esta realidad desmiente las expectativas de quienes consideran que una transición política en Caracas resolvería de inmediato los problemas de cooperación judicial entre ambos países. La complejidad del sistema venezolano, sumada a las particularidades del caso de los etarras, crea un escenario en el que la solución no es tan simple como podría parecer a primera vista. Los obstáculos son múltiples y requieren un análisis detallado de la situación legal y política actual.
El caso de De Juana Chaos ilustra perfectamente esta compleja realidad. En julio de 2015, el Consejo de Ministros español formuló una petición formal de extradición para enjuiciarle por un presunto delito de justificación de actos terroristas. Los hechos que motivaron esta solicitud se remontan a agosto de 2008, cuando se celebró un acto de homenaje en San Sebastián tras cumplir veintiún años de condena por veinticinco asesinatos y un delito de amenazas terroristas. Durante aquel evento, se leyó una carta del propio De Juana en la que instaba a mantener la lucha armada y enaltecía a otros terroristas como Domingo Iturbe Abasolo, conocido como Txomin. Desde aquel momento, el etarra permanece en busca y captura tanto a nivel nacional como internacional, después de fugarse de España en noviembre de 2008. Su huida se produjo aprovechando un permiso penitenciario, lo que generó una fuerte polémica en España sobre la gestión de las libertades condicionales para terroristas convictos. Desde entonces, ha vivido en Venezuela con la protección implícita del régimen chavista, que ha rechazado todas las peticiones de entrega.
A pesar de la existencia de un tratado de extradición vigente entre ambos países, la realidad sobre el terreno ha sido muy diferente a lo acordado en el papel. Según explica el abogado Ospina, desde 2010 Venezuela ha denegado sistemáticamente todas las peticiones de extradición presentadas por las autoridades españolas. "Cualquier cambio requiere una voluntad política que aún no existe", señala el letrado, quien insiste en que "no basta con que salga Maduro. Los tribunales venezolanos deben decidir aplicar el tratado y garantizar un proceso justo". La justificación que esgrime el régimen chavista para negar estas entregas se basa en la supuesta falta de imparcialidad de la justicia española y en la posibilidad de que los etarras sean sometidos a procesos de carácter político. Esta argumentación, sin embargo, es cuestionada por fuentes judiciales que apuntan a un problema de fondo: la falta de independencia del poder judicial venezolano.
"Los miembros de la corte suprema venezolana han sido elegidos a dedo por el ejecutivo", explican estas fuentes. Para que la situación cambie, sería necesaria una reforma legislativa profunda que permita la designación de nuevos jueces con autonomía real para autorizar extradiciones. Sin esta transformación estructural, cualquier cambio de gobierno podría resultar insuficiente. El problema jurídico va más allá de las decisiones individuales. El sistema venezolano ha sido diseñado para que el poder ejecutivo controle todas las instancias del Estado, incluida la judicial. Esto significa que incluso si un nuevo gobierno mostrara voluntad de colaborar, los jueces actuales seguirían estando sujetos a presiones políticas o directamente comprometidos con el sistema anterior. Una verdadera transformación requeriría no solo nuevas caras en el gobierno, sino una reforma constitucional que garantice la independencia judicial y el estado de derecho.
Mientras tanto, en el territorio español, el fenómeno del apoyo a ETA persiste con preocupante vigor. El COVITE ha publicado en su Observatorio de Radicalización de 2025 que durante el último año se han registrado 374 actos de apoyo a la organización terrorista. Aunque los tradicionales 'ongi etorris' (bienvenidas en euskera) han desaparecido, otros tipos de manifestaciones continúan. Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, advierte que "la ligera bajada en el número de casos y la desaparición de los 'ongi etorris' no deben inducir a engaño. La legitimación social de ETA sigue muy presente en el espacio público". Entre los actos documentados figuran manifestaciones exigiendo la excarcelación de presos, pintadas y pancartas alusivas, fiestas populares convertidas en homenajes y hasta bailes de aurresku (danza vasca tradicional) ante fotografías de etarras aún en prisión.
El informe de COVITE detalla que estas manifestaciones no son actos espontáneos, sino que responden a una estrategia coordinada de la izquierda abertzale para mantener viva la memoria de ETA como una organización legítima. Los actos se concentran especialmente en fechas señaladas, como aniversarios de muertes de etarras o fechas históricas para la organización terrorista. Esta planificación demuestra que existe una estructura organizativa detrás que perpetúa la ideología violenta. Esta situación demuestra que los dirigentes de la izquierda abertzale siguen considerando a los terroristas de ETA como referentes sociales, manteniendo vivo un legado que las víctimas y la sociedad democrática española rechazan rotundamente. La persistencia de este fenómeno en el interior del país, unido a la impunidad de los fugados en Venezuela, conforma un escenario complejo que exige soluciones a largo plazo y compromisos firmes en ambos frentes.
El desafío, por tanto, no reside únicamente en la voluntad política de un nuevo gobierno venezolano, sino en la reconstrucción de un sistema judicial independiente que pueda aplicar los tratados internacionales sin presiones partidistas. Solo así podría desbloquearse una situación que, por ahora, parece condenada a perpetuarse independientemente de quién ocupe el palacio de Miraflores. La comunidad internacional ha observado con preocupación cómo Venezuela se ha convertido en un refugio para personas buscadas por terrorismo en varios países. Esta percepción como estado que no cumple con sus obligaciones internacionales en materia de justicia ha aislado aún más al país sudamericano. Para revertir esta imagen, sería necesario no solo entregar a los etarras, sino demostrar un compromiso sistemático con la cooperación judicial internacional. Mientras tanto, las víctimas del terrorismo en España continúan esperando justicia. Cada día que pasa sin que estos criminales respondan ante los tribunales españoles supone una nueva herida para quienes perdieron a sus seres queridos. La impunidad de los fugados en Venezuela se suma al dolor causado por los continuos actos de enaltecimiento del terrorismo en territorio español, creando un clima de frustración y desprotección. La solución pasa por una combinación de diplomacia firme, presión internacional y reformas institucionales en Venezuela que garanticen el estado de derecho. Sin embargo, los expertos advierten que este será un proceso largo y complejo, que no se resolverá con un simple cambio de régimen, sino con la construcción de instituciones sólidas y comprometidas con la justicia internacional.