El gobierno de Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo con Dominica para comenzar a trasladar a esta pequeña nación caribeña a ciertos inmigrantes que solicitan protección internacional en territorio estadounidense. El anuncio, realizado este lunes, sitúa a la isla en el centro de la estrategia migratoria de la Administración Trump, que busca descongestionar su sistema de asilo mediante acuerdos con países terceros.
El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, calificó este pacto como "una de las principales áreas de colaboración" con Washington. La firma del acuerdo llega semanas después de que el país caribeño fuera incluido en una lista de naciones sujetas a restricciones parciales de visados y limitaciones de entrada a Estados Unidos, medida que entró en vigor el pasado día de Año Nuevo.
Aunque Skerrit no precisó cuándo comenzarían los traslados ni cuántas personas recibiría Dominica, sí confirmó que durante las negociaciones con el Departamento de Estado se establecieron filtros rigurosos para excluir a personas con historial delictivo. "Se ha deliberado cuidadosamente sobre la necesidad de evitar recibir a individuos violentos o que comprometan la seguridad de Dominica", declaró el mandatario.
Estas palabras, sin embargo, no han tranquilizado a la oposición ni a parte de la ciudadanía. Thomson Fontaine, líder del principal partido contrario al gobierno, ha cuestionado la falta de transparencia del ejecutivo. "El primer ministro todavía no le ha dicho al pueblo dominiqués qué es exactamente lo que ha acordado, en términos del número de personas que van a venir a Dominica, dónde serán alojados, cómo serán atendidos", denunció Fontaine en declaraciones a Associated Press.
La incertidumbre es comprensible si se considera las dimensiones del país. Con una población de apenas 72.000 habitantes, Dominica es una de las naciones más pequeñas del hemisferio. Su capacidad para integrar a solicitantes de asilo de forma digna y segura resulta cuestionable, especialmente en lo que respecta a infraestructura de acogida, servicios sociales y oportunidades laborales.
El acuerdo con Dominica no es un caso aislado en la política exterior de Trump. La Administración ha venido tejiendo una red de pactos migratorios similares con naciones de América Central y del Sur, incluyendo a El Salvador, Belice y Paraguay. La estrategia consiste en compartir la "responsabilidad" de los flujos migratorios con países terceros, alejando de sus fronteras el proceso de solicitud de asilo.
Este mismo lunes, Antigua y Barbuda anunció su adhesión a un memorando de entendimiento no vinculante propuesto por Washington. Funcionarios del gobierno antiguano aseguraron que tampoco aceptarían a personas con antecedentes penales, siguiendo la misma línea que Dominica. Ambos territorios caribeños fueron las únicas naciones de la región incluidas en la reciente expansión de restricciones de viaje de Trump, que afectó a veinte países adicionales.
La inclusión de Dominica y Antigua y Barbuda en esa lista, precisamente, había generado sorpresa en el Caribe, ya que tradicionalmente no son origen de grandes flujos migratorios hacia EE.UU. Ahora, con estos acuerdos, su posición en el mapa migratorio cambia radicalmente: de destinos turísticos pasan a convertirse en países de tercera seguridad para solicitantes de asilo.
Para Dominica, el pacto representa un desafío logístico y social de primer orden. El país, conocido por su naturaleza exuberante y su economía basada en el turismo ecológico y la agricultura, carece de experiencia previa en la gestión de centros de acogida o procesamiento de solicitudes de asilo. Las preguntas sobre financiación, duración de la estancia de los inmigrantes y mecanismos de integración permanecen sin respuesta pública.
La oposición dominiquesa teme que el gobierno haya cedido a presiones diplomáticas sin negociar condiciones claras. Fontaine insiste en que la población merece conocer los términos exactos: cuántas personas llegarán, qué recursos económicos aportará Estados Unidos y qué garantías de seguridad y dignidad tendrán los recién llegados.
Desde Washington, la lógica es distinta. Para la Administración Trump, estos acuerdos son una forma de desincentivar las solicitudes de asilo en la frontera sur, al tiempo que cumple con su promesa de "tener fronteras seguras". Al trasladar a solicitantes a países lejanos, el proceso se vuelve más complejo y menos atractivo para quienes buscan protección.
Sin embargo, expertos en derecho internacional advierten que esta práctica puede vulnerar el principio de no devolución, que prohíbe retornar a personas a territorios donde puedan enfrentar persecución. La efectiva protección de derechos en países pequeños y con sistemas jurídicos limitados es una incógnita.
Mientras tanto, en Dominica, la noticia ha desatado un debate nacional sobre soberanía, recursos y solidaridad internacional. Algunos sectores ven en el acuerdo una oportunidad para recibir ayuda estadounidense a cambio de su cooperación; otros, un riesgo para la estabilidad social y la identidad nacional de una isla que ya enfrenta desafíos climáticos y económicos.
El tiempo dirá si este pacto se materializa en traslados masivos o queda en una declaración diplomática sin consecuencias prácticas. Lo cierto es que, por ahora, Dominica se ha convertido en un actor involuntario de la política migratoria más controvertida de Estados Unidos, con un futuro incierto tanto para los posibles solicitantes de asilo como para los propios dominiqueses.