El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha decidido mantenerse en el cargo pese a las serias acusaciones que pesan sobre él. El regidor gaditano, que hace apenas una semana abandonó las filas del Partido Popular (PP), enfrenta una denuncia presentada por el PSOE que incluye presuntos delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y abuso sexual.
En una entrevista concedida a RTVE, Landaluce dejó claro su intención de no abandonar la alcaldía que ocupa desde hace catorce años. Su argumento principal radica en que consideraría una dimisión como una admisión de culpabilidad. "Dimitir sería darles la razón", manifestó tajantemente el político, refiriéndose a sus acusadores.
La denuncia socialista surgió a raíz de la difusión de capturas de pantalla de un chat de WhatsApp en el que dos ediles populares describian supuestos episodios de acoso por parte del alcalde. Estas conversaciones, que rápidamente se hicieron públicas, han generado una fuerte controversia en la política andaluza.
Ante las preguntas sobre la veracidad de estos mensajes, Landaluce ha defendido que las propias autoras de los textos ya han desmentido su contenido en múltiples ocasiones y se han retractado de sus afirmaciones. Además, ha negado categóricamente haber comprado el silencio de estas personas mediante su colocación en puestos de confianza municipal.
La situación ha generado una crisis interna en el PP andaluz. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que sus opciones de actuación son limitadas tras la decisión voluntaria de Landaluce de pasar al Grupo Mixto. Moreno ha desmentido que el partido haya citado al alcalde a una reunión en Sevilla este jueves, desvinculándose así de cualquier intento de presión directa.
Desde el PSOE de Algeciras, su secretaria general y portavoz del grupo municipal, Rocío Arrabal, ha cargado duramente contra el PP, acusándoles de "proteger" al presunto acosador. Arrabal ha instado a Moreno a que aclare de qué lado se sitúa "después de catorce meses conociendo los comportamientos comprometidos del alcalde" y le ha exigido que "dé la cara" ante la situación.
El escándalo ha escalado con la aparición de nuevas evidencias. El Correo de Andalucía publicó este miércoles unas grabaciones de audio de una reunión celebrada el pasado 10 de febrero. En estas grabaciones se escucha a Marcos Borrego, miembro de la Ejecutiva del PP de Málaga y asesor contratado por el Ayuntamiento de Algeciras, presionando a Laura Ruiz, exconcejal del PP, para que firmara un documento en el que admitiera haber sufrido un "desequilibrio mental" en el momento de redactar los polémicos mensajes.
Esta revelación ha llevado al PSOE a estudiar la ampliación de su denuncia inicial ante la Fiscalía del Supremo, considerando que estas presiones podrían constituir un nuevo delito que añadir a la causa ya abierta.
Landaluce, por su parte, insiste en que toda esta situación responde a una estrategia de oportunismo político por parte de los socialistas. Según su versión, el PSOE estaría aprovechando momentos de debilidad interna del PP para reactivar acusaciones que considera infundadas con el único objetivo de desgastar al equipo de gobierno municipal.
El alcalde precisó inicialmente que su renuncia se limitaba a los cargos orgánicos dentro del PP, pero mantendría sus posiciones institucionales como alcalde y senador. Sin embargo, el partido forzó su salida del Grupo Popular tras formalizarse su baja, dejándole en la situación actual de independiente dentro del Grupo Mixto.
La complejidad del caso radica en la multiplicidad de frentes abiertos. Por un lado, las acusaciones de carácter económico relacionadas con la malversación de caudales públicos y el tráfico de influencias. Por otro, las de índole personal y laboral referidas al acoso sexual. A esto se suman ahora las presuntas presiones a testigos, que podrían configurar un delito de obstrucción a la justicia.
El contexto político andaluz hace que este caso tenga repercusiones más allá de Algeciras. La imagen del PP en la provincia de Cádiz se ve afectada, mientras que el PSOE ve una oportunidad para erosionar la mayoría popular en la región. La figura de Juanma Moreno, como máximo representante del PP andaluz, queda en una posición incómoda, teniendo que equilibrar la defensa de la presunción de inocencia con la necesidad de mantener una imagen de firmeza contra la corrupción.
Para los ciudadanos de Algeciras, la situación genera incertidumbre. Landaluce ha gobernado la ciudad durante más de una década, y su permanencia en el cargo mientras se investigan graves delitos crea una situación institucional compleja. La división entre responsabilidades políticas y jurídicas se hace más patente en casos como este, donde la presunción de inocencia choca con la necesidad de ejemplaridad en los cargos públicos.
El desarrollo de las investigaciones judiciales marcará el futuro inmediato de Landaluce y, posiblemente, de la política local en Algeciras. Mientras tanto, el alcalde mantendrá su estrategia de resistencia, considerando cualquier paso atrás como una capitulación ante sus adversarios políticos.