El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha confirmado la amonestación impuesta al ex eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, por acoso psicológico hacia uno de sus asistentes parlamentarios. La decisión, emitida este miércoles, rechaza en gran parte el recurso presentado por Bauzá y ratifica que su conducta constituyó un entorno laboral hostil y abusivo.
La sentencia subraya que el comportamiento de Bauzá fue objetivamente abusivo, afectando directamente la dignidad y el bienestar del empleado denunciante. Según los magistrados, las pruebas documentales muestran una presión psicológica continuada ejercida por el político, que incluyó comentarios amenazantes, instrucciones contradictorias y exigencias fuera del horario laboral. Además, se constató que el asistente fue obligado a realizar tareas domésticas, lo que agrava la naturaleza del acoso.
Aunque el TGUE desestima la mayoría de los argumentos de Bauzá, sí reconoce un fallo administrativo: el tiempo excesivo —casi once meses— que transcurrió entre la finalización del informe interno del Parlamento Europeo (marzo de 2023) y la notificación oficial del apercibimiento (enero de 2024). Por este motivo, el tribunal ordena a la Eurocámara asumir la mitad de los costes legales en que incurrió Bauzá, además de sus propias costas.
No obstante, el juez descarta que se haya vulnerado el derecho de defensa del expresidente de Baleares. La Eurocámara actuó correctamente al no admitir la declaración de ciertos testigos propuestos por Bauzá, cuya credibilidad fue cuestionada por el comité investigador. Tampoco se aceptan las alegaciones de “errores de apreciación” por parte del ex eurodiputado, ya que los hechos denunciados —como las exigencias fuera de horario o los comentarios insultantes— fueron considerados probados por la institución.
La sanción fue anunciada públicamente en enero de 2024 por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. A diferencia de otros casos similares, no se impuso una multa económica ni suspensión de funciones, pero sí se emitió un apercibimiento formal, que se considera una medida disciplinaria significativa en el contexto institucional europeo.
La investigación interna se activó en abril de 2023, tras una denuncia presentada en verano de 2022 por uno de los empleados de la oficina de Bauzá en Bruselas. La denuncia fue ampliamente difundida por el medio ‘El Confidencial’, lo que aceleró la apertura del procedimiento. El informe final del comité de acoso concluyó que, aunque era la primera vez que se determinaba un caso de acoso psicológico contra un diputado, la conducta descrita cumplía con los criterios legales para ser calificada como tal.
El caso ha generado debate sobre la cultura laboral en las instituciones europeas y la necesidad de mecanismos más ágiles y transparentes para abordar denuncias de acoso. Aunque el Parlamento Europeo ha reforzado sus protocolos en los últimos años, este caso evidencia que aún existen brechas en la aplicación de las normas, especialmente cuando se trata de figuras políticas con cierto nivel de influencia.
Bauzá, que dejó su cargo como eurodiputado en 2023, ha mantenido una postura defensiva desde el inicio del proceso. En sus alegaciones, argumentó que las acusaciones eran infundadas y que su relación con el asistente era profesional y respetuosa. Sin embargo, el TGUE ha considerado que las pruebas presentadas por la Eurocámara son suficientes para sostener la calificación de acoso psicológico.
Este fallo no solo tiene implicaciones personales para Bauzá, sino que también establece un precedente importante en el ámbito institucional europeo. Refuerza la idea de que ningún cargo político está por encima de las normas de conducta laboral y que las denuncias de acoso deben ser tratadas con la misma seriedad, independientemente del estatus del acusado.
La Eurocámara, por su parte, ha señalado que seguirá trabajando para mejorar sus procedimientos internos y garantizar que los empleados puedan denunciar situaciones de acoso sin temor a represalias. La presidenta Metsola ha reiterado su compromiso con un entorno laboral seguro y respetuoso, y ha destacado que este caso servirá como lección para futuras investigaciones.
En resumen, el TGUE ha ratificado la sanción a Bauzá, confirmando que su conducta constituyó acoso psicológico, aunque ha señalado un retraso administrativo que le costará a la institución asumir parte de los gastos legales. El caso pone de relieve la importancia de la protección de los trabajadores en entornos políticos y la necesidad de procedimientos más eficientes para abordar denuncias de este tipo.