El alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, ha anunciado su decisión de poner en suspenso de forma temporal su condición de miembro del Partido Popular. Esta medida llega como respuesta a la querella presentada por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde se le imputan presuntos delitos de malversación de fondos, tráfico de influencias y conductas de acoso de carácter sexual.
Fuentes municipales han confirmado que Landaluce trasladó su determinación a través de un comunicado oficial, en el que dejó claro que esta suspensión no afectará a sus responsabilidades institucionales. Tanto su labor al frente del Ayuntamiento de Algeciras como su escaño en la Cámara Alta continuarán con normalidad, según ha manifestado el propio edil.
En su escrito, el dirigente popular ha reafirmado rotundamente su "absoluta inocencia" respecto a las imputaciones que recaen sobre él. Landaluce ha expresado su compromiso de "seguir ejerciendo su derecho a la defensa con todos los mecanismos legales disponibles", mostrando una postura combativa frente a lo que considera una maniobra política en su contra.
La posición del Partido Popular
Aunque la dirección provincial del PP ha optado por no realizar declaraciones oficiales sobre este asunto, algunos miembros destacados han mostrado su respaldo al alcalde. El portavoz popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Marín, ha justificado la estrategia de Landaluce: "En muchas ocasiones, la mejor forma de defenderse es abandonar temporalmente el partido y enfrentar el proceso desde una posición independiente. Si él ha considerado este camino como el más adecuado, la decisión es acertada".
Esta filtración de apoyo interno revela las tensiones existentes dentro del partido, donde el caso ha generado malestar desde su origen. La formación conservadora intenta minimizar el impacto institucional mientras protege a uno de sus representantes con mayor peso territorial.
Los detalles de la denuncia presentada
La querella, registrada el martes ante la instancia judicial competente para casos de aforados, contiene testimonios de tres exconcejalas del PP que formaron parte del gobierno municipal. Se trata de Susana Pérez, que continúa como edil; Eva Pajares, actualmente delegada territorial de Salud en Cádiz; y Laura Ruiz, quien finalizó su trayectoria política como funcionaria del consistorio tras recibir una condena judicial.
El documento judicial reproduce fragmentos de conversaciones privadas donde estas tres mujeres describían presuntos comportamientos impropios por parte de Landaluce. En los intercambios, que datan de periodos anteriores, se narran situaciones de tocamientos no consentidos y actitudes de intimidación en el ámbito laboral.
Una de las ediles relataba cómo el alcalde habría introducido su mano "por debajo de la mesa" en una reunión oficial. Otra de las testimoniantes describía un incidente en los aseos municipales, donde el regidor habría entrado mientras ella se encontraba en una situación comprometida, realizando comentarios de carácter sexual y mostrando una actitud intimidatoria cuando ella intentó cerrar la puerta.
El contexto de la filtración de 2024
Estas conversaciones ya fueron difundidas masivamente en octubre de 2024 por Luis Ángel Fernández Rodríguez, un destacado dirigente del PP, exdiputado autonómico y conocido adversario político de Landaluce dentro del propio partido. Esta revelación provocó una crisis interna sin precedentes en el PP de Algeciras y su entorno provincial.
La difusión de estos mensajes generó una convulsión en las filas populares que obligó a la dirección regional a tomar medidas de contención. Ahora, un año después, el PSOE ha decidido dar un paso más allá formalizando la denuncia ante la justicia, elevando el conflicto a un terreno penal.
Implicaciones para el gobierno municipal
Desde el consistorio algecireño se ha especificado que la suspensión de militancia y el consiguiente traslado al grupo mixto municipal no alterará la estructura del ejecutivo local. El resto de concejales populares mantendrán sus responsabilidades y el equipo de gobierno seguirá funcionando con normalidad.
Esta situación crea un precedente inusual en la política local, donde un alcalde gobernará sin pertenecer oficialmente a su formación política de origen. La oposición, liderada por el PSOE, ha calificado esta decisión de "oportunismo político" y ha exigido responsabilidades políticas más allá de la defensa judicial.
El caso continúa su curso en el Tribunal Supremo, mientras la ciudad de Algeciras observa cómo su primera autoridad enfrenta uno de los procesos judiciales más complejos de su historia reciente. La presunción de inocencia mantendrá su pulso contra las acusaciones de las exconcejalas, en un proceso que promete mantenerse en la agenda mediática durante los próximos meses.