El presentador Gonzalo Miró se encuentra en el centro de una polémica institucional tras ser denunciado por el Consejo de Informativos de RTVE por lo que califican como "mala praxis informativa". Las acusaciones se centran en declaraciones realizadas en su programa 'Directo al grano', emitido el 7 de octubre de 2025, en las que el comunicador lanzó suposiciones sin fundamento sobre el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
Según el comunicado del Consejo, Miró incurrió en una grave falta al incumplir el Manual de Estilo de TVE, el Estatuto de Información y la Ley General de Comunicación Audiovisual. En concreto, el presentador hizo afirmaciones especulativas sobre el comportamiento de Mazón durante un evento público, cuestionando su estado físico y mental sin aportar ninguna prueba. Frases como "no sabemos si estaba despierto, dormido, con los pantalones puestos o cuál era su tasa de alcohol en sangre" fueron señaladas como ejemplos de conjeturas irresponsables que no tienen cabida en un medio público.
El Consejo subraya que, aunque Miró no es empleado directo de RTVE —sino un profesional externo contratado por la productora La Osa—, su actuación en un programa de la cadena pública implica una responsabilidad ética y legal. "Es inaceptable que un presentador, que no debe dar opinión, lo haga con supuestos hechos no documentados", señala el organismo, recordando que en los medios públicos debe existir una distinción clara entre hechos y opiniones, y que cualquier rumor o especulación debe ser claramente identificado como tal.
La denuncia no es aislada. Ya el 10 de octubre, el sindicato CCOO había emitido un comunicado desde su sede en Cataluña, criticando la actitud de Miró y señalando que sus comentarios "perjudican la credibilidad del servicio público". Según CCOO, el lenguaje vulgar y las afirmaciones sin fundamento, con el único propósito de desacreditar a un político, no deben tener espacio en las antenas de RTVE.
Este caso pone en evidencia un debate más amplio sobre el papel de los presentadores en los programas de actualidad. Mientras algunos defienden la libertad de expresión y el tono directo como herramienta de crítica, otros insisten en que los medios públicos deben mantener un estándar de rigor y objetividad, especialmente cuando se trata de acusaciones contra figuras públicas. La falta de rectificación por parte de la Dirección de TVE tras las primeras quejas también ha sido criticada por el Consejo, que considera que la institución debe actuar con mayor celeridad para preservar su integridad informativa.
En un contexto de creciente polarización política y mediática, este episodio refuerza la necesidad de reforzar los mecanismos de control ético en los medios públicos. La denuncia contra Miró no solo es un llamado a la responsabilidad individual, sino también una exigencia institucional para que RTVE garantice que sus contenidos cumplan con los principios de veracidad, imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales.