Alcalde de Jérica imputado por agresión sexual a menores

El regidor del PP, Jorge Peiró, niega los hechos pese a las medidas cautelares de alejamiento dictadas por el juzgado de Segorbe

El municipio castellonense de Jérica, con escasos 1.700 habitantes en la comarca del Alto Palancia, vive una profunda conmoción tras conocerse que su alcalde, Jorge Peiró, ha sido imputado por dos presuntos delitos de agresión sexual contra víctimas menores de edad. La investigación judicial, activa desde hace meses, se instruye en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Segorbe, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Los hechos bajo investigación habrían ocurrido en el pasado, pero no habrían prescrito según la calificación jurídica inicial. La magistrada instructora adoptó medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación con los denunciantes, restricciones que permanecen vigentes en la actualidad. Esta información, adelantada inicialmente por eldiario.es, ha generado un terremoto político y social en la pequeña localidad. Peiró, que ostenta el cargo de primer edil desde 2019 bajo las siglas del Partido Popular, ha reaccionado con un comunicado legal en el que defiende rotundamente su inocencia. A través de su abogado, el regidor sostiene que los denunciantes no son menores, sino dos varones de 26 y 27 años, contradiciendo directamente la versión judicial filtrada. El alcalde acusa una "filtración maliciosa" en los medios de comunicación y asegura que "la verdad acabará triunfando". En su escrito, Peiró expresa el "dolor" que esta situación ha causado en su entorno familiar y muestra respeto al proceso judicial, aunque anuncia que se defenderá "con toda la fuerza que nos ampara por ley". La formación política del imputado no ha permanecido ajena a la polémica. El PP provincial de Castellón, presidido por Marta Barrachina, ha anunciado la solicitud de suspensión de militancia inmediata de Peiró ante el Comité de Derechos y Garantías del partido. Además, el regidor ha sido cesado de forma fulminante como asesor del grupo popular en la Diputación Provincial de Castellón, cargo que también desempeñaba hasta ahora. La doble medida disciplinaria refleja la voluntad del partido de desmarcarse rápidamente de un escándalo que amenaza con manchar su imagen a menos de un año de las elecciones municipales. Curiosamente, pese a la gravedad de la imputación y las medidas judiciales adoptadas hace meses, Peiró continúa ejerciendo como alcalde de Jérica. El Consistorio no ha adoptado ninguna medida al respecto y el PP no había hecho pública ninguna decisión disciplinaria hasta que la información saltó a los medios este jueves. Esta circunstancia ha despertado críticas sobre la transparencia del partido y la gestión de la crisis. El municipio, que forma parte de la red de pueblos más bonitos de España, se encuentra ahora en el centro de una tormenta mediática que trasciende sus fronteras. Los vecinos, habituados a la tranquilidad de la vida rural, se enfrentan a una situación sin precedentes que ha colocado a Jérica en la agenda política nacional por los peores motivos. La instrucción de la causa continúa su curso en Segorbe, donde la juez deberá determinar si existen indicios suficientes para proceder a un eventual juicio oral. Mientras tanto, la presunción de inocencia protege al edil, pero las medidas cautelares sugieren que el tribunal considera existen riesgos que justifican su adopción. El caso ha reabierto el debate sobre la idoneidad de que un político imputado por delitos de esta gravedad mantenga el ejercicio de funciones públicas. Aunque la ley no obliga automáticamente a la dimisión, la presión política y social suele ser intensa en estos casos. Por ahora, Peiró mantiene su acta y el control del ayuntamiento, mientras su partido intenta contener los daños colaterales. La investigación judicial, secreta por naturaleza, ha dejado entrever la gravedad de las acusaciones. La distinción entre menores o mayores de edad en el momento de los hechos será crucial, ya que determina la calificación penal y la prescripción. El alcalde insiste en que los denunciantes son adultos actualmente, pero la clave radica en su edad cuando supuestamente ocurrieron los abusos. El tiempo dirá si la defensa del regidor consigue desmontar la causa o si la justicia termina imponiendo una condena. Mientras tanto, Jérica permanece dividida entre quienes apoyan a su alcalde y quienes exigen su inmediata dimisión. Lo que está claro es que este pequeño rincón de Castellón ha pasado de ser conocido por su encanto medieval a estar en el epicentro de uno de los casos más sensibles de la política valenciana reciente.

Referencias

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