Dos décadas después, el fantasma de una supuesta estafa millonaria continúa atormentando a los residentes de Montellano, un municipio sevillano de algo más de 7.000 habitantes. Cerca de doscientas familias mantienen vivas las acusaciones contra Paco Salazar, ex dirigente del PSOE y alcalde de la localidad entre 2004 y 2008, a quien responsabilizan de haberles estafado más de dos millones de euros con falsas promesas de regularización de sus propiedades.
Los hechos, ocurridos entre 2004 y 2005, han quedado grabados a fuego en la memoria de los afectados. Según las denuncias recogidas, Salazar les presionó para que abonaran cantidades considerables a cambio de legalizar sus parcelas y urbanizar las zonas conocidas como El Pinto y La Venta del Potaje. La promesa oficial, respaldada supuestamente por un acuerdo con la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía -entonces presidida por Manuel Chaves-, nunca se cumplió. El dinero, sin embargo, desapareció por completo.
El modus operandi de la presunta estafa
Los testimonios de las víctimas, recogidos de forma independiente, coinciden en cada detalle del presunto engaño. El entonces alcalde convocó a los propietarios de parcelas irregulares y les comunicó que debían pagar si querían ver regularizada su situación. Para dar mayor credibilidad a su operación, incluso ordenó a la policía local y al arquitecto municipal que midieran cada parcela personalmente, calculando con precisión cuánto debía abonar cada propietario.
El sistema era implacable: un euro por cada metro cuadrado de terreno, más una sanción adicional que oscilaba entre los 3.000 y los 6.000 euros por caso. Los cálculos de los afectados son contundentes: entre todos los parcelistas, Salazar habría recaudado más de dos millones de euros. Dinero que, según las acusaciones, nunca llegó a las arcas municipales ni fue destinado a los fines prometidos.
"Se quedó el dinero", afirman tajantes varios de los perjudicados. Otros son más explícitos: "El dinero desapareció, se lo metería en el bolsillo a medias con el abogado que venía con él". Las descripciones dibujan un escenario de abuso de poder y confianza, donde la autoridad del alcalde se convirtió en herramienta de presión contra ciudadanos desesperados por legalizar sus viviendas.
Testimonios de quienes pagaron de su bolsillo
La crudeza de las acusaciones cobra mayor fuerza cuando los afectados describen el momento del pago. Salazar instaló una oficina específica en el ayuntamiento para recibir el dinero en efectivo. "Nos recibía muy contento con los brazos abiertos", recuerda uno de los entrevistados, que llevó 6.000 euros en mano al propio exedil. La imagen del alcalde recibiendo personalmente los pagos contrasta brutalmente con la ausencia total de resultados.
La frustración es palpable en cada declaración. "Salazar dejó un pozo de injusticia muy grande porque no se regularizaron las parcelas y encima desapareció con el dinero". La promesa de escrituras legales, servicios urbanísticos y infraestructuras nunca se materializó. Lo que sí desapareció fue el propio Salazar, quien en 2008 abandonó la alcaldía de Montellano para trasladarse a Dos Hermanas, otro bastión tradicional del PSOE en la época de los ERE fraudulentos y las corruptelas sistémicas.
La herencia de un escándalo impune
Tras la marcha de Salazar, la alcaldía de Montellano recayó en su primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Curro Gil, también miembro del PSOE. Gil lleva 17 años ininterrumpidos como primer edil, lo que convierte su gestión en la continuación directa de la administración anterior. Sin embargo, según los afectados, su actitud ha sido de total desentendimiento.
"Cuando vamos al ayuntamiento con el alcalde este, nos dicen que el dinero no está allí. Entonces, ¿dónde está?", se pregunta desesperado uno de los perjudicados. La pregunta retórica resume dos décadas de indefensión. Los denunciantes recuerdan que en 2004 y 2005, Curro Gil era el responsable de Urbanismo y la mano derecha de Salazar en el consistorio, lo que les hace cuestionarse cómo es posible que desconozca el paradero de los fondos.
El miedo a las represalias ha mantenido durante años en silencio a muchas de estas familias. La Andalucía clientelar de los municipios gobernados por el PSOE creó un clima de intimidación que aún persiste en algunas zonas. Hablar contra la cúpula local suponía arriesgarse a represalias administrativas o sociales en un entorno donde el control del partido era absoluto.
Una estafa que trasciende el tiempo
Veinte años después, la herida sigue abierta. Ni la regularización prometida ni la devolución del dinero han llegado. Los afectados se organizan para mantener viva la presión, pero la sensación de impunidad es abrumadora. El caso ilustra una dinámica de corrupción local que quedó impune en la época de bonanza de los fondos públicos andaluces, cuando escándalos como los ERE de la Junta o la trama de los cursos monopolizaban los titulares.
El escándalo de Montellano, sin embargo, tiene un componente más personal y directo: no se trató de dinero público desviado, sino de ahorros familiares entregados de buena fe a un representante electo. La diferencia moral es significativa. Mientras que la corrupción con fondos públicos ya es injustificable, el robo directo a ciudadanos vulnerables representa una traición aún mayor al contrato social.
El contexto político de la estafa
La época de los hechos no es casual. Entre 2004 y 2005, Andalucía vivía el apogeo del gobierno socialista de Manuel Chaves, con el PSOE controlando instituciones, ayuntamientos y buena parte de la vida pública. En ese contexto, la promesa de un acuerdo con la Consejería de Obras Públicas sonaba creíble. Salazar aprovechó la confianza ciega en las instituciones para tejer su presunta trama.
El protocolo de intenciones firmado con la Junta, que nunca se ejecutó, fue la coartada perfecta. Los propietarios, desesperados por salir de la ilegalidad, confiaron en las palabras de su alcalde y en la supuesta bendición autonómica. El resultado fue una estafa masiva que, según las acusaciones, benefició directamente al exalcalde y a su círculo cercano.
La búsqueda de respuestas sin respuesta
Hoy, los afectados se enfrentan a un muro de silencio institucional. El actual alcalde, Curro Gil, se desvincula del asunto alegando que el dinero nunca ingresó en las cuentas municipales. Pero esto genera más preguntas que respuestas. ¿Cómo es posible que un alcalde cobrara dinero en el ayuntamiento sin que conste en los libros? ¿Dónde fueron a parar los dos millones de euros? ¿Por qué durante 17 años no se ha investigado el paradero de los fondos?
Los afectados no buscan venganza, sino justicia. Quieren saber dónde está su dinero y por qué nadie ha dado explicaciones. La sensación de abandono es total: "Dejó la alcaldía, se fue a Dos Hermanas y no supimos más ni de Salazar ni de nuestro dinero". La impunidad con la que Salazar habría cambiado de municipio sin rendir cuentas simboliza el cinismo de una época donde la corrupción local parecía no tener consecuencias.
Un caso que exige claridad
El escándalo de Montellano no es solo un episodio del pasado. Es un ejemplo vivo de cómo la corrupción local deja cicatrices permanentes en comunidades enteras. Las doscientas familias afectadas representan mucho más que una cifra: son historias personales de esfuerzo, ahorro y traición. El dinero entregado no era un capricho, sino la esperanza de legalizar el fruto de años de trabajo.
La pregunta sobre el paradero de los dos millones de euros sigue sin respuesta. Y mientras tanto, la confianza en las instituciones locales en Montellano permanece quebrada. El caso exige una investigación transparente que esclarezca si efectivamente hubo delito, dónde fueron a parar los fondos y quiénes fueron los responsables. Veinte años de impunidad son demasiados para una comunidad que solo buscaba cumplir la ley y regular su situación.
La herencia de Paco Salazar en Montellano no son obras ni mejoras, sino la desconfianza y la sensación de haber sido engañados por quien debía proteger sus intereses. Hasta que no haya respuestas claras, el fantasma de esta presunta estafa seguirá rondando las calles de un municipio que, como tantos otros, pagó el precio de la corrupción local en la España de la burbuja inmobiliaria y la opacidad institucional.