El presidente de la Diputación Provincial de Lugo, José Tomé, se enfrenta a graves acusaciones de acoso sexual por parte de varias mujeres vinculadas al PSOE. El programa Código 10 de Cuatro ha destapado una serie de denuncias que apuntan a una conducta inadecuada mantenida durante un período prolongado, generando una profunda inquietud dentro de las filas socialistas gallegas.
Según las informaciones difundidas, al menos seis personas han asegurado haber sido víctimas de comportamientos inapropiados por parte del dirigente lucense. Las denunciantes, que preferieron mantener el anonimato por temor a represalias, han ofrecido testimonios coincidentes que describen una pauta de conducta reiterativa y sistemática.
Los relatos recogen una serie de actitudes que van desde comentarios de carácter sexual con un tono claramente inadecuado hasta acercamientos físicos no consentidos que habrían generado un ambiente de malestar y tensión. Las afectadas coinciden en señalar que Tomé mantenía una actitud insistente y persistente, incluso cuando manifestaban de forma explícita su rechazo a tales comportamientos.
Lo más preocupante de estas revelaciones es que las denunciantes aseguran haber dado pasos formales para alertar a la dirección del partido. Concretamente, habrían informado a tres dirigentes autonómicos del PSOE sobre la situación, pero sus advertencias no habrían desencadenado ninguna medida concreta ni investigación interna.
Ante la falta de respuesta por parte de la cúpula regional, las afectadas decidieron acudir al canal interno de denuncias del PSOE, un mecanismo diseñado precisamente para gestionar este tipo de situaciones de forma confidencial y efectiva. Sin embargo, según sus testimonios, este recurso tampoco ha producido resultados visibles hasta la fecha, lo que ha generado una sensación de frustración y desprotección entre las denunciantes.
La situación ha alcanzado tal magnitud que el secretario general del PSOE de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, se ha visto obligado a pronunciarse públicamente. En sus declaraciones, Besteiro ha manifestado que no tiene constancia de ninguna denuncia formal presentada contra Tomé, una afirmación que contrasta directamente con los testimonios recogidos por el programa de investigación.
Esta discrepancia entre las versiones ha reabierto el debate sobre la transparencia interna del partido y la efectividad de sus protocolos contra el acoso. La formación socialista mantiene, por el momento, un silencio público sobre el caso, limitándose a señalar que respetan los procesos internos y la presunción de inocencia.
El caso de José Tomé no es aislado en el contexto del PSOE. Recientemente, el partido ha tenido que gestionar otras situaciones similares que han generado gran controversia mediática. Entre ellas destaca el caso Salazar, que sacudió las estructuras del partido en otras comunidades autónomas, así como la investigación abierta contra el alcalde socialista de Torremolinos, que también enfrenta acusaciones de conductas inapropiadas.
Estos episodios recurrentes han puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y actuación ante denuncias de acoso dentro del partido. Expertos en género y derechos laborales señalan que la falta de respuesta rápida y contundente por parte de las organizaciones puede perpetuar conductas tóxicas y desalentar a las víctimas a denunciar.
En el caso específico de Galicia, las denunciantes aseguran que José Tomé actuaba de forma indiscriminada con mujeres de diferentes perfiles dentro del partido. Los testimonios recogen casos que van desde militantes de base hasta cargos institucionales con responsabilidades relevantes, lo que sugiere una pauta de comportamiento generalizada que traspasaba jerarquías.
Las consecuencias de estas acusaciones para la Diputación de Lugo son impredecibles. Tomé, que ocupa uno de los cargos institucionales más relevantes de la provincia, podría verse obligado a dar explicaciones ante la opinión pública y ante sus propios compañeros de partido. La presión mediática y política probablemente se intensifique en las próximas horas, especialmente si surgen nuevas denuncias o detalles sobre el caso.
El PSOE a nivel nacional mantiene una postura de cero tolerancia con el acoso sexual, al menos en su discurso oficial. Sin embargo, casos como el de Lugo ponen a prueba la coherencia entre el discurso y la práctica real dentro de las estructuras del partido. La gestión de estas situaciones se ha convertido en un test de credibilidad para la formación socialista.
Desde el ámbito de la política local, las repercusiones también podrían ser significativas. La Diputación de Lugo gestiona importantes recursos y servicios para los municipios de la provincia, y cualquier inestabilidad en su presidencia podría afectar la gobernabilidad y la confianza institucional.
Las organizaciones feministas y de defensa de los derechos de las mujeres han mostrado su preocupación por la falta de agilidad en la respuesta del PSOE. Consideran que la situación refleja una cultura institucional que aún no ha asumido plenamente la gravedad del acoso sexual y la necesidad de proteger a las víctimas.
El tiempo dirá si estas acusaciones se traducen en una investigación formal y en consecuencias políticas para José Tomé. Mientras tanto, el caso continúa generando malestar interno en el PSOE gallego y reabre un debate que el partido preferiría tener cerrado: su capacidad para gestionar con transparencia y firmeza las denuncias de acoso dentro de sus propias filas.
La sociedad gallega y los votantes socialistas observarán con atención los próximos movimientos de la dirección del partido. La expectativa es que se actúe con la contundencia que el caso requiere, independientemente del cargo que ocupe el acusado. La credibilidad democrática y el compromiso con la igualdad están, una vez más, en juego.