Una tormenta política de graves proporciones sacude los cimientos del PSOE en Galicia tras la revelación de seis denuncias por acoso sexual contra José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo. Las acusaciones, que incluyen tocamientos no consentidos y presuntas ofertas de empleo a cambio de favores sexuales, han puesto en jaque a la dirección provincial y autonómica del partido.
El escándalo estalló cuando el programa de investigación Código 10 dio a conocer el testimonio de varias mujeres que habrían sufrido comportamientos abusivos por parte del dirigente socialista. Las denunciantes, todas ellas pertenecientes al ámbito político y administrativo, describieron una pauta de conducta machista y vejatoria que se habría prolongado durante meses.
Ante las cámaras, una de las afectadas relató cómicamente que Tomé habría aprovechado reuniones de trabajo para tocamientos inapropiados y comentarios de índole sexual. Otra denunciante aseguró haber recibido insinuaciones explícitas vinculadas a posibles ascensos y contrataciones en la administración provincial.
La reacción del acusado: negación rotunda y contrataque legal
José Tomé no ha tardado en salir al paso de las acusaciones. En una comparecencia pública celebrada en Monforte de Lemos, el político socialista descartó cualquier posibilidad de dimisión y calificó las denuncias de "acusaciones sin pruebas". Con un tono contundente, Tomé afirmó: "Lo que salió publicado es totalmente falso y mentira. Reitero: totalmente falso y mentira".
El presidente de la Diputación insistió en que no tiene conocimiento oficial de ninguna denuncia, ni a través de los canales internos del PSOE ni ante la justicia ordinaria. "No tengo conocimiento de ninguna denuncia, ni por vías internas del partido ni denuncia judicial. Ninguna denuncia. No tengo conocimiento de nada de eso", declaró ante los medios de comunicación.
Tomé no se quedó ahí. Anunció que tomará medidas legales contra quienes, a su juicio, están difamando su honor. "Después de hablar con mi abogado, y dado que no hay ninguna prueba, ninguna -ni la puede haber, porque no hay verdad-, tomaremos las acciones legales que procedan", advirtió. El dirigente subrayó el daño personal que estas acusaciones le están causando: "Esto hace muchísimo daño y no solo a mí. Me importa más a mi familia, y ese daño es muy difícil de restituir".
El PSOE confirma lo que Tomé niega
A pesar de las negativas de Tomé, fuentes socialistas consultadas por este medio confirman que sí existe al menos una denuncia genérica presentada a través del protocolo interno del partido contra prácticas abusivas. La denuncia habría sido registrada hace aproximadamente 36 horas, lo que contradice directamente las declaraciones del presidente de la Diputación.
El Gobierno central, por su parte, no ha desmentido la información revelada por Código 10. En declaraciones a la prensa, fuentes del Ejecutivo han manifestado que el PSOE es "el primer interesado en que se resuelva con la mayor celeridad posible" este asunto, conscientes del daño reputacional que puede causar a la formación de cara a futuras convocatorias electorales.
La situación ha generado una crisis de credibilidad interna en el partido. Mientras Tomé mantiene su versión de la desconocimiento total, la dirección nacional del PSOE trabaja para contener el daño y evitar que el caso se convierta en un nuevo frente de crisis política.
La gestión de la crisis en Galicia
El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha visto obligado a rectificar sus primeras declaraciones. Inicialmente, Besteiro aseguró públicamente que no tenía constancia de ninguna comunicación oficial por los cauces establecidos. Sin embargo, tras la confirmación desde Madrid de la existencia de la denuncia interna, el líder de los socialistas gallegos canceló su agenda prevista para el miércoles y evitó hacer declaraciones adicionales.
Esta contradicción entre la dirección autonómica y la nacional ha puesto de manifiesto los problemas de coordinación en la gestión de crisis del PSOE. Las denunciantes aseguran que varios dirigentes del partido en Galicia tenían conocimiento de los hechos desde hace semanas, una afirmación que el PSdeG ha negado rotundamente.
El caso recuerda a otros episodios recientes de acoso sexual en la política española, como los que sacudieron a Ciudadanos o al Partido Popular en años anteriores. La diferencia, en esta ocasión, es que las acusaciones recaen sobre un presidente de institución provincial en ejercicio, lo que complica aún más la respuesta institucional.
Implicaciones legales y políticas
Desde el punto de vista legal, el caso presenta varias aristas. Por un lado, las denuncias internas del partido no tienen carácter judicial, pero sí pueden derivar en expulsión o sanción disciplinaria si se demuestran los hechos. Por otro, las denunciantes podrían decidir elevar sus acusaciones a la vía penal, lo que abriría una investigación oficial.
El anuncio de Tomé de acciones legales contra las denunciantes es una estrategia arriesgada. Si finalmente se demuestra la veracidad de las acusaciones, el dirigente socialista podría enfrentarse no solo a las consecuencias del acoso sexual, sino también a una posible denuncia por denuncia falsa si la justicia considera que actuó de mala fe.
Políticamente, el caso llega en un momento delicado para el PSOE, que intenta consolidar su liderazgo en Galicia de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. La imagen de un partido que no es capaz de gestionar internamente casos de acoso sexual puede erosionar el apoyo de votantes progresistas, especialmente entre el electoral femenino.
El protocolo del PSOE contra el acoso
El Partido Socialista aprobó en 2018 un protocolo contra el acoso sexual y el hostigamiento que establece vías claras de denuncia y actuación. Según este reglamento, cualquier afiliado puede presentar una queja ante la Comisión de Derechos y Garantías, que debe abrir una investigación en un plazo máximo de 15 días.
El protocolo también contempla medidas cautelares, como la suspensión temporal del acusado mientras dura la investigación. Sin embargo, fuentes del partido indican que en este caso no se ha adoptado ninguna medida de este tipo, lo que ha generado críticas internas sobre la falta de firmeza en la aplicación de sus propias normas.
Las denunciantes han señalado que el proceso interno es lento y poco transparente, lo que disuade a muchas víctimas de acoso de presentar sus quejas. Esta percepción, si se confirma en el caso de Tomé, podría obligar al PSOE a revisar y fortalecer sus mecanismos de protección contra el acoso.
El camino por delante
Mientras tanto, José Tomé mantiene su determinación de seguir en el cargo. En su comparecencia, dejó claro que no contempla la dimisión y que seguirá trabajando tanto al frente de la Diputación de Lugo como en el Ayuntamiento de Monforte de Lemos, donde también ejerce como regidor.
La presión, sin embargo, no hará más que crecer. Los grupos de la oposición en la Diputación ya han anunciado que pedirán explicaciones formales y no descartan presentar mociones de censura si el caso no se resuelve rápidamente. Por su parte, las asociaciones feministas de Galicia han convocado concentraciones de apoyo a las denunciantes y exigen la inmediata dimisión del presidente provincial.
El tiempo juega en contra de Tomé. Cada día que pasa sin una resolución clara del PSOE, el caso gana visibilidad y se convierte en un lastre para la imagen del partido. La dirección nacional debe decidir pronto si apoya a su presidente en Lugo o le pide que dimita para preservar la credibilidad de la formación.
Lo que está claro es que este caso ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda: el acoso sexual también existe en las altas esferas del poder político, y la gestión de estas crisis sigue siendo un reto para los partidos tradicionales. La sociedad española, y especialmente la gallega, estará pendiente de cómo se resuelve este conflicto que mezcla poder, género y justicia.