La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en la provincia de Ciudad Real, concretamente en el marco de la operación JOMOVI. Esta intervención, que se ha saldado con la detención de nueve personas y la investigación de otra más, ha puesto fin a una red que operaba en al menos seis localidades de la región.
El operativo, dirigido por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Ciudad Real, se inició en febrero de 2025 tras una serie de alertas ciudadanas. Vecinos de varios municipios alertaron sobre un preocupante incremento de la venta y consumo de sustancias ilícitas entre la población juvenil, lo que motivó la puesta en marcha de una investigación que duraría meses.
Los primeros indicios apuntaban a una estructura bien organizada con capacidad de distribución en Manzanares, Membrilla, La Solana, Daimiel, Villarrubia de los Ojos y Torralba de Calatrava. Los agentes especializados comenzaron a realizar labores de campo para confirmar estas denuncias, estableciendo dispositivos de vigilancia y recopilando información sobre los posibles implicados.
La investigación reveló rápidamente que el núcleo duro de la organización estaba conformado por dos hermanos que actuaban como cabecillas. El primero de ellos, considerado el cerebro de la operación, se encargaba de la logística principal: adquiría la mercancía, la procesaba y preparaba los pedidos en una vivienda familiar tipo chalet. Desde esa ubicación, la droga ya lista para su distribución era trasladada tanto al domicilio particular como a un establecimiento comercial regentado por su hermano.
Este segundo miembro del clan familiar desempeñaba el rol de distribuidor directo, encargándose de la venta al menudeo y de abastecer a otros puntos de venta secundarios. La división de tareas entre ambos permitía una cadena de suministro eficiente y minimizaba los riesgos de exposición, ya que cada uno operaba en ámbitos diferenciados pero complementarios.
El modus operandi de la organización destacaba por su complejidad y por las estrictas medidas de seguridad implementadas. La adquisición de la sustancia se realizaba en cantidades indeterminadas, probablemente para evitar patrones detectables. Una vez en su poder, el líder se desplazaba hasta el chalet familiar, donde efectuaba los tratamientos necesarios: corte, dosificación y empaquetado según los pedidos recibidos.
Para el transporte, la red utilizaba una flota variada de vehículos, rotando constantemente para eludir posibles controles policiales. En ocasiones, los desplazamientos se realizaban en solitario, mientras que en otras contaban con el apoyo de personas que actuaban como lanzaderas, encargadas de vigilar itinerarios y detectar presencia policial. Este sistema de vigilancia doble garantizaba la seguridad de los envíos y permitía abortar operaciones si se detectaba algún riesgo.
A medida que la investigación avanzaba, los agentes fueron identificando a nuevos integrantes de la organización, cada uno con funciones específicas. Algunos actuaban como regentes de puntos de venta en diferentes localidades, mientras que otros se limitaban a realizar transportes puntuales desde el centro de elaboración hasta los puntos de distribución.
La estructura jerárquica, aunque simple en su diseño, resultaba altamente efectiva. La organización contaba con una división clara de roles: adquisición, procesamiento, transporte, distribución y venta final. Esta especialización permitía que cada miembro conociera solo lo estrictamente necesario, reduciendo el riesgo de filtraciones en caso de detenciones parciales.
Tras meses de seguimiento y recopilación de pruebas, la UOPJ solicitó autorización judicial para llevar a cabo la fase final de la operación. A finales de noviembre, se ejecutaron de forma simultánea entradas y registros en todos los domicilios y chalets familiares identificados durante la investigación.
Los registros permitieron la incautación de sustancias estupefacientes, efectos contantes y documentación relevante para la causa. Además, se intervinieron los vehículos utilizados en los transportes y se bloquearon activos vinculados al blanqueo de capitales, uno de los delitos investigados junto con la pertenencia a organización criminal y el tráfico de drogas.
El resultado final de la operación JOMOVI ha sido la detención de nueve personas y la investigación de una décima, todas ellas imputadas por los delitos mencionados. La intervención ha supuesto un golpe significativo al narcotráfico en la provincia de Ciudad Real, desarticulando una red que operaba con total impunidad durante meses.
Las autoridades han destacado la importancia de la colaboración ciudadana en el inicio de la investigación, así como el trabajo meticuloso de los agentes de la UOPJ, que han conseguido desentrañar una estructura criminal compleja. La operación demuestra la capacidad de la Guardia Civil para desarticular redes de narcotráfico que operan a nivel provincial, protegiendo así a la población juvenil de los efectos devastadores del consumo de drogas.
La investigación continúa abierta para identificar posibles conexiones con otras organizaciones y esclarecer el origen exacto de las sustancias incautadas. Los detenidos han pasado a disposición judicial, que ha decretado las medidas cautelares correspondientes mientras se instruye la causa.