El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado una decisión drástica ante la creciente crisis que sacude al PSOE. La destitución de Antonio Hernando, director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia, marca un punto de inflexión en un escándalo que amenaza con erosionar la imagen del partido socialista y poner en cuestión su compromiso con la igualdad.
Hernando, considerado la mano derecha de Paco Salazar durante su etapa como alto cargo en Moncloa, ha sido cesado por su presunta implicación en el encubrimiento de las denuncias por acoso que pesaban sobre su antiguo colaborador. Esta medida llega en un momento crítico, cuando las críticas internas y externas alcanzan su punto máximo y exigen respuestas contundentes.
El caso Salazar, que ha mantenido en vilo a la dirección federal del PSOE durante las últimas semanas, comenzó a tomar forma cuando trascendió que el que fuera asesor presidencial contaba con denuncias por acoso en su historial. A pesar de ello, Salazar mantenía una posición de privilegio dentro de la estructura de poder, con perspectivas de ascenso al comité federal del partido en el pasado mes de julio, lo que evidencia la falta de protocolos efectivos.
La situación se agravó exponencialmente cuando se reveló que el PSOE había incurrido en una grave omisión: las víctimas denunciantes habían quedado en el olvido, sin que su caso recibiera la investigación o el esclarecimiento debidos. Esta negligencia ha generado un profundo malestar en las bases del partido, cuestionando la coherencia entre el discurso feminista del PSOE y sus acciones concretas en la práctica.
Uno de los episodios más controvertidos fue la comida que mantuvieron Salazar y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, después de que ya se hubieran hecho públicas las acusaciones. Este encuentro, revelado por Artículo14, simboliza la protección institucional de la que parecía gozar el exasesor, generando serias dudas sobre los protocolos de actuación del Gobierno y la sensación de impunidad.
Según publicó eldiario.es, la protección que recibió Salazar en Moncloa provino directamente de Antonio Hernando. En su rol de director de Coordinación Política, Hernando habría activado mecanismos para minimizar el impacto de las acusaciones y preservar la posición de su aliado, lo que finalmente ha costado su propio puesto. Esta revelación ha puesto de manifiesto las redes de lealtad personal que pueden contravenir los principios éticos.
La crisis interna del PSOE ha escalado rápidamente, convirtiéndose en un problema de gestión política de primer orden que requiere soluciones inmediatas. La destitución de Hernando representa un intento de Sánchez por contener los daños y demostrar una firmeza que hasta ahora había brillado por su ausencia. No obstante, muchos consideran que la medida llega tarde y queda corta ante la gravedad de los hechos.
La credibilidad del PSOE como partido feminista se encuentra en entredicho. La contradicción entre su retórica de igualdad y los hechos concretos de encubrimiento genera una brecha de confianza difícil de salvar. Los militantes y votantes progresistas exigen coherencia entre los principios defendidos y las prácticas internas, algo que en este caso ha quedado gravemente comprometido por la actuación de la cúpula.
El malestar en las filas socialistas es palpable y creciente. La gestión del caso ha sido calificada como "pésima" por fuentes internas, que lamentan la falta de transparencia y la tardía reacción de la dirección. La sensación de impunidad que rodeaba a Salazar ha dejado una herida profunda en la militancia feminista del partido, que se siente traicionada por una dirección que no ha estado a la altura de las circunstancias.
La dimensión del problema trasciende lo estrictamente personal. Se trata de una crisis sistémica que pone en cuestión los protocolos de actuación ante denuncias de acoso dentro de las instituciones del Estado y los partidos políticos. La falta de procedimientos claros y la aplicación selectiva de las normativas crean un terreno fértil para la desconfianza y el cuestionamiento institucional de los ciudadanos.
La reacción de Sánchez, aunque tardía, busca enviar un mensaje contundente: la tolerancia cero con el acoso debe ir acompañada de consecuencias para quienes lo encubren. Sin embargo, las dudas sobre si esta medida es suficiente para restaurar la confianza perdida persisten entre los observadores políticos, que ven en esta crisis un síntoma de problemas estructurales más profundos que requieren reformas.
El contexto de esta crisis es especialmente delicado. El PSOE ha construido buena parte de su identidad política reciente en la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la discriminación. Que precisamente en su seno se produzcan estos hechos supone un golpe a su legitimidad moral y a su capacidad de liderazgo en materia de igualdad.
Las implicaciones de este escándalo podrían extenderse más allá de la destitución de Hernando. Las voces que piden una investigación exhaustiva y medidas adicionales se multiplican, presionando para que se depuren responsabilidades más amplias y se establezcan garantías de que no se repetirán situaciones similares en el futuro.
La oposición política no ha tardado en aprovechar la situación para cuestionar la gestión de Sánchez y la coherencia ética del Gobierno. Los reproches sobre dobles raseros y falta de ejemplaridad han inundado el debate parlamentario y los medios de comunicación, aprovechando cada revelación para erosionar la imagen del ejecutivo.
En las redes sociales, la indignación ha sido inmediata y contundente. Activistas feministas y militantes del PSOE han expresado su decepción, exigiendo no solo destituciones, sino también un cambio cultural profundo que prevenga futuras situaciones similares. El hashtag #PSOEvergüenza ha tendido durante horas, reflejando el malestar popular.
El futuro inmediato del PSOE pasa por gestionar esta crisis con transparencia y determinación. La destitución de Hernando es solo el primer paso de un camino que requiere reconstruir la confianza interna y externa. La credibilidad del partido como referente progresista depende de su capacidad para aplicar sus propios principios sin excepciones ni dobles raseros.
La lección es clara: ningún cargo, por cercano que sea al presidente, puede estar por encima de los principios éticos. La protección de las víctimas debe ser la prioridad absoluta, por encima de lealtades personales o intereses políticos a corto plazo. La coherencia entre el discurso y la acción es el único camino para recuperar la legitimidad perdida.
El caso sigue abierto y su evolución marcará el pulso real del compromiso del PSOE con la igualdad. Mientras tanto, Sánchez intenta contener una crisis que amenaza con convertirse en el mayor desafío interno de su mandato, con consecuencias potenciales para su liderazgo y para la estabilidad del Gobierno de coalición.