La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe contundente al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que sacude las estructuras del PSOE y el Ejecutivo. El documento, que consta de 182 páginas y está fechado el 3 de diciembre, concluye que una presunta organización criminal dedicó un millón de euros a comprar la voluntad de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y de otros altos cargos públicos. El objetivo: garantizar la concesión de licencias y permisos en el sector de los hidrocarburos mediante influencias ilícitas y contraprestaciones indebidas.
Los investigadores de la UCO describen una trama sofisticada que logró permear las estructuras administrativas de tres ministerios clave: Transportes, Industria y Transición Ecológica. Según el análisis policial, los responsables de esta red utilizaron una compleja red de empresas instrumentales para ocultar el origen y destino de los fondos, con el propósito explícito de obtener influencias a cambio de dádivas que les permitieran saltarse los requisitos legales establecidos.
En el centro de esta trama se sitúan Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, ya conocidos por su presunta implicación en adjudicaciones irregulares de material sanitario durante la pandemia. El informe de la UCO ahonda en la relación entre Aldama y Ábalos, que ya había emergido como una de las conexiones más controvertidas en la causa de las mascarillas, investigada en otro juzgado de la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Ahora, la Guardia Civil detalla cómo esta misma red aplicó el mismo modus operandi en el mercado energético.
El mecanismo era metódico y premeditado. Los agentes constatan que Claudio Rivas, a través de su empresa Villafuel, necesitaba una licencia crucial para operar en el sector de hidrocarburos. Consciente de que no cumplía los requisitos legales, Rivas interesó la intermediación de Víctor de Aldama para acceder a la esfera de influencia de Ábalos. La estrategia consistía en realizar desembolsos iniciales millonarios en forma de comisiones ilícitas, que posteriormente se verían compensados con réditos económicos superiores provenientes de un supuesto fraude que supera los 220 millones de euros.
La obtención de la licencia para Villafuel constituye, según la UCO, el elemento nuclear que permitió a la organización perpetrar el desfalco en un tiempo récord. Los investigadores sostienen que Rivas entendió perfectamente que necesitaba agilizar la concesión y soslayar los controles legales mediante el pago de sobornos a funcionarios de alto nivel. Este sistema de corrupción estructurada les permitió operar en el mercado de hidrocarburos con total impunidad durante meses.
El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, centra sus pesquisas exclusivamente en el fraude energético, diferenciándolo de la causa de las mascarillas. Aunque Ábalos no está imputado en esta investigación específica, el informe policial lo señala como receptor de los pagos. Por su parte, Víctor de Aldama sí figura como investigado y ya pasó por prisión provisional el año pasado precisamente por esta trama, antes de tirar de la manta y revelar detalles sobre los contratos de material sanitario.
Los agentes de la Guardia Civil destacan la posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos de los ministerios implicados. Esta infiltración no sería casual ni esporádica, sino el resultado de una estrategia deliberada de captación de altos cargos mediante regalos, viajes y pagos encubiertos. La trama habría identificado a los funcionarios con capacidad decisoria y les habría ofrecido contraprestaciones económicas a cambio de su colaboración.
El informe concluye que la red operaba con un nivel de sofisticación que superaba la simple corrupción puntual. Se trataba de una estructura criminal consolidada con roles definidos: intermediarios como Aldama, operadores como Rivas, y presuntos receptores en la Administración. La Guardia Civil ha rastreado movimientos bancarios, comunicaciones y reuniones que demostrarían la existencia de un plan concertado para subvertir el funcionamiento institucional y convertir la toma de decisiones públicas en un mercado privado de influencias.
La investigación continúa abierta y el juez Pedraz ha solicitado nuevas diligencias para identificar a todos los implicados. La magnitud del presunto desfalco, que supera los 220 millones de euros, y la posible implicación de altos cargos del Gobierno anterior convierten este caso en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. La UCO advierte que los indicios son sólidos y que la documentación recabada permite afirmar la existencia de una trama perfectamente orquestada que durante meses se aprovechó de su acceso privilegiado a la toma de decisiones públicas.