El PSOE andaluz atraviesa uno de sus momentos más delicados a tan solo seis meses de las elecciones autonómicas. La acumulación de casos de corrupción, investigaciones judiciales y la implicación de antiguos colaboradores directos de María Jesús Montero han generado un clima de inestabilidad que pone en riesgo las aspiraciones socialistas en la comunidad. La vicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir la Junta se enfrenta a un escenario político cada vez más complejo, marcado por la judicialización de su entorno más próximo.
El último capítulo de esta crisis se ha escrito con la detención de Vicente Fernández, quien ocupó la presidencia de la SEPI entre 2018 y 2019 por designación directa de Montero. Su relación profesional con la actual candidata se remonta a la etapa andaluza, cuando la vicepresidenta le nombró interventor de la Junta durante su gestión como consejera de Hacienda. Este vínculo, que durante años se presentó como una alianza estratégica, se ha convertido ahora en un lastre político de primer orden.
Fernández tuvo que abandonar la SEPI en septiembre de 2019 tras ser imputado en el caso Aznalcóllar, una investigación sobre presuntas irregularidades en la explotación minera. Aunque finalmente fue absuelto, su reciente ingreso en prisión preventiva por otros delitos de corrupción ha reavivado todas las alarmas dentro del partido. La oposición no ha dudado en señalar que su trayectoria está estrechamente ligada a la vicepresidenta, cuestionando su capacidad para liderar una candidatura limpia en Andalucía.
Este no es el único episodio que obliga a Montero a ejercer de equilibrista política. El caso del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, revela un patrón de comportamiento que los críticos califican de oportunista. Cuando las primeras pesquisas apuntaron contra Cerdán, la actual candidata lo defendió públicamente, llegando a afirmar que era "uno de los mejores de la historia" y expresando su deseo de que continuara en el cargo muchos años. Sin embargo, tras su detención, el discurso cambió radicalmente, asegurando que no tenía nada que ver con el partido.
La misma secuencia se repitió con José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Inicialmente, Montero aseguró no ver "pruebas fehacientes" en las acusaciones contra él. Pero cuando Ábalos ingresó en prisión y amenazó con revelar información comprometida, la vicepresidenta giró 180 grados, afirmando que el Ejecutivo no se dejaría chantajear. Estas contradicciones no pasan desapercibidas para la opinión pública ni para las bases socialistas, que exigen coherencia a sus líderes.
El panorama se complica aún más con la gestión de otros escándalos que han salpicado al partido. La detención de Leire Díez, conocida como la "fontanera" del PSOE, ha puesto en el foco las redes de influencia dentro de la formación. Su arresto, junto al de Fernández, dibuja un cuadro de corrupción sistémica que el equipo de Montero intenta desvincular de la candidatura andaluza sin demasiado éxito.
Además de los problemas judiciales, la candidatura se enfrenta a encuestas desfavorables que reflejan una pérdida de apoyo constante. Los sondeos sitúan al PSOE andaluz en una posición vulnerable, lejos de la mayoría absoluta y con el riesgo de perder la Junta tras más de tres décadas de hegemonía. La combinación de corrupción, acusaciones de acoso sexual en algunos sectores del partido y la ausencia de una candidatura visible están minando la confianza de los electores.
La falta de liderazgo efectivo en Andalucía es otro de los puntos débiles. Mientras otros territorios tienen candidatos consolidados, la vicepresidenta divide su tiempo entre Madrid y Sevilla, lo que genera percepción de ausencia y desconexión con la realidad andaluza. Los militantes reclaman una presencia constante y un mensaje claro que contrarreste el desgaste provocado por los casos de corrupción.
El tiempo juega en contra. Con la posibilidad de que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales, el calendario electoral podría complicarse aún más, obligando al PSOE a afrontar dos campañas simultáneas con unos niveles de popularidad muy bajos. La estrategia de desmarcarse de los imputados no está calando entre los votantes, que perciben estos casos como síntoma de una cultura política que necesita cambios profundos.
La situación requiere una respuesta contundente que vaya más allá de declaraciones institucionales. Montero necesita reconstruir la credibilidad de su proyecto para Andalucía, distanciándose no solo individualmente de cada caso, sino ofreciendo un plan de regeneración democrática que convenza a una ciudadanía cada vez más escéptica. De lo contrario, el estado crítico del PSOE andaluz podría traducirse en una derrota histórica que cambiaría el mapa político de España.
El reto es mayúsculo. Conseguir revertir la tendencia en seis meses, limpiar la imagen del partido y presentar una alternativa creíble requiere un esfuerzo sin precedentes. La vicepresidenta está en el centro del huracán, y sus próximas decisiones marcarán no solo su futuro político, sino también el del socialismo andaluz para las próximas décadas.