Fernando Celestino, veterano estadístico y presidente de la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado, ha lanzado una contundente crítica pública contra la exvicepresidenta Nadia Calviño. Su reclamo se centra en un pasaje de su libro de memorias donde, según Celestino, la exministra reconoce haber intentado influir en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un acto que, para el experto, rompe con la tradición de independencia que debe regir a las instituciones estadísticas públicas.
Celestino, con décadas de servicio en el INE y ya jubilado, no teme las consecuencias de su denuncia. "Ya no me pueden hacer nada", afirma con una sonrisa irónica. Su postura refleja la gravedad que otorga al episodio: nunca antes, según él, un ministro había admitido públicamente un intento de injerencia en la elaboración de datos oficiales. Y menos aún, con el tono de jactancia que, según Celestino, emplea Calviño en su relato.
La crítica no es solo técnica, sino ética y política. El INE, como organismo estadístico oficial, debe operar con total independencia para garantizar la confianza ciudadana en los datos que publica. Cuando un alto cargo político reconoce haber intentado influir en esos datos, se pone en riesgo la credibilidad de toda la institución. Celestino lo deja claro: "Lo de Calviño es grave: hace creer a la gente que el INE es ya como el CIS". Con esta comparación, alude al Centro de Investigaciones Sociológicas, cuya percepción pública ha estado históricamente marcada por sospechas de sesgo político.
Para Celestino, la independencia estadística no es un lujo, sino un pilar democrático. Los datos oficiales deben ser neutrales, rigurosos y libres de presiones políticas. Revelar públicamente un intento de manipulación —y peor aún, hacerlo con orgullo— socava ese principio. "No se trata de si lo logró o no", subraya, "sino de que lo intentó y lo cuenta como si fuera algo normal".
La reacción de Celestino ha generado debate en círculos académicos y políticos. Algunos lo ven como un llamado de atención necesario, mientras otros lo consideran una exageración. Pero lo cierto es que su denuncia pone sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto los datos públicos están protegidos de la política? Y, más importante aún, ¿qué mensaje envía al ciudadano cuando un ministro admite haber intentado influir en ellos?
El INE, fundado en 1945, ha sido históricamente considerado una institución técnica y apolítica. Su labor —desde el cálculo del PIB hasta los censos demográficos— es esencial para la toma de decisiones públicas y privadas. Cualquier sombra de duda sobre su imparcialidad puede tener consecuencias económicas y sociales profundas. Por eso, la denuncia de Celestino no es solo un asunto interno de la administración, sino un tema de interés general.
En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, la transparencia y la integridad de los datos estadísticos cobran aún más relevancia. Celestino, con su experiencia y su voz autorizada, busca recordar que los números no deben ser herramientas de propaganda, sino instrumentos de verdad. "El INE no es un departamento más del Gobierno", insiste. "Es una garantía para la sociedad".
La polémica, por ahora, sigue abierta. Calviño no ha respondido públicamente a las acusaciones, y el INE tampoco ha emitido un comunicado oficial. Pero la intervención de Celestino ha logrado que el debate sobre la independencia estadística vuelva a estar en el centro de la agenda pública. Y eso, en sí mismo, ya es un paso importante.