Detenido Antxon Alonso, socio de Cerdán, en operación anticorrupción

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a Antxon Alonso, empresario vasco y socio del ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, en el marco de una amplia operación anticorrupción que este miércoles ya se había saldado con la detención de la exmilitante socialista Leire Díez y del expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

La operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal en una trama que, según las pesquisas, habría utilizado la empresa navarra Servinabar como tapadera para el cobro de comisiones ilegales.

El arresto de Alonso, confirmado por fuentes policiales a este medio, sitúa a la compañía que preside en el epicentro de una investigación que amenaza con salpicar a las más altas esferas del PSOE. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han detectado indicios sólidos de que Servinabar funcionaba como instrumento para que Cerdán percibiera pagos irregulares.

Los investigadores de la UCO han descubierto que el ex número tres de Ferraz habría suscrito un contrato privado para adquirir el 45% de la compañía, operación que nunca fue elevada a escritura pública ni registrada oficialmente. Esta circunstancia ha despertado las sospechas de los agentes, que consideran que se trató de una maniobra para ocultar su participación real en los beneficios de la empresa.

La operación judicial, que ha incluido 19 registros en diversas provincias españolas, se ha desarrollado a partir de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Los tres detenidos permanecen incomunicados y pasarán a disposición judicial el próximo sábado a partir de las 10:00 horas.

Conexiones con la SEPI y Enusa

La trama bajo investigación tiene un punto neurálgico en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y su filial Enusa, empresa encargada del suministro de uranio a las centrales nucleares españolas. Vicente Fernández accedió a la presidencia de SEPI en 2018, nombrado por la ministra de Hacienda María Jesús Montero, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa.

Por su parte, Leire Díez, que fue concejal del PSOE en el municipio cántabro de Vega de Pas entre 2011 y 2014, fue designada responsable de comunicación de Enusa ese mismo año. Fernández solo permaneció un año en el cargo, ya que en 2019 se vio obligado a dimitir tras ser imputado por la jueza Mercedes Alaya en el caso de la concesión de la mina de Aznalcóllar a Minorbis-Grupo México, del que finalmente fue absuelto por la Audiencia de Sevilla.

Díez abandonó Enusa en 2021, y según han confirmado fuentes cercanas a la investigación, el ahora detenido Antxon Alonso trabajó para Servinabar entre 2021 y 2023, periodo en el que la empresa intensificó su actividad en contratos con administraciones públicas.

El entramado empresarial

Servinabar, la empresa que preside Alonso, ha sido señalada por los investigadores como pieza clave de una red que presuntamente lideraba Santos Cerdán desde su posición en Ferraz. La trama no se limitaría a estos protagonistas, ya que las pesquisas apuntan a la posible implicación del antecesor de Cerdán en el cargo, José Luis Ábalos, y de su exasesor Koldo García.

La UCO ha rastreado durante meses las relaciones comerciales de Servinabar con diferentes organismos públicos, detectando una serie de contratos sospechosos que habrían sido adjudicados gracias a la intermediación de altos cargos socialistas. Los agentes han documentado transferencias bancarias y movimientos patrimoniales que vinculan directamente a los detenidos con beneficios indebidos.

La investigación ha sido compleja, requiriendo el análisis de una ingente cantidad de documentación contable y comunicaciones electrónicas. Los técnicos de la UCO han utilizado sistemas de análisis forense para reconstruir la trama de sociedades y desentrañar el flujo de fondos que, presuntamente, se desviaba de contratos públicos hacia cuentas controladas por los investigados.

Repercusiones políticas

La detención de Alonso eleva la presión sobre el PSOE, que ya se veía afectado por las investigaciones sobre sus exdirigentes. Santos Cerdán, actualmente eurodiputado, ha declinado hacer declaraciones sobre el caso, al igual que el resto de la cúpula socialista en Ferraz.

El partido ha emitido un comunicado en el que expresa su respeto a la independencia judicial y su confianza en que la investigación esclarezca los hechos. No obstante, fuentes internas reconocen la gravedad de la situación, que podría afectar a la imagen del partido a menos de un año de las elecciones generales.

La oposición ha exigido explicaciones inmediatas y la apertura de una comisión de investigación en el Congreso. El portavoz del PP ha calificado los hechos como "un nuevo episodio de corrupción sistémica en el seno del PSOE" y ha pedido la comparecencia urgente de la vicepresidenta Montero.

Próximos pasos judiciales

El juez instructor tiene previsto interrogar a los tres detenidos durante la jornada del sábado, momento en el que decidirá si decreta prisión provisional o les impone otras medidas cautelares. La Fiscalía Anticorrupción solicitará medidas severas argumentando el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Paralelamente, la UCO continúa con las pesquisas y no descarta nuevas detenciones. Los agentes están analizando documentación incautada en los registros y rastreando cuentas bancarias en paraísos fiscales que podrían estar vinculadas a la trama.

La investigación ha puesto de manifiesto la complejidad de las redes de influencia en la contratación pública y la necesidad de reforzar los controles en la adjudicación de contratos por parte de empresas públicas como SEPI. El caso ha generado una amplia preocupación en el sector empresarial vinculado a la administración y ha reavivado el debate sobre la transparencia en la gestión pública.

Expertos en derecho penal administrativo consultados por este medio señalan que la acusación de organización criminal es particularmente grave, ya que implica una estructura establecida para cometer delitos de forma sistemática. Si la Fiscalía logra probar esta acusación, las penas podrían superar los 15 años de prisión para los máximos responsables.

La operación continúa bajo secreto de sumario, por lo que muchos detalles de la investigación no han trascendido públicamente. No obstante, fuentes jurídicas anticipan que el caso tendrá una amplia repercusión mediática y política en las próximas semanas, especialmente cuando se conozca el contenido de las declaraciones judiciales de los detenidos.