El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado una decisión contundente para intentar contener la crisis que sacude al PSOE desde que estalló el caso de acoso sexual contra Francisco Salazar. En una medida que se hará efectiva en el próximo Consejo de Ministros, Sánchez ha acordado el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y mano derecha del denunciado dirigente socialista.
La salida de Hernández no se limita únicamente a su puesto en La Moncloa. También abandonará la ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ocupaba la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva bajo el liderazgo de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y candidata a la presidencia andaluza. Esta doble dimensión, tanto institucional como partidaria, pone de manifiesto la profundidad del terremoto político que ha provocado la gestión del caso Salazar.
El hombre de confianza de Salazar
Antonio Hernández no era un funcionario cualquiera en la estructura del Gobierno. Durante años, había consolidado su posición como el número dos de Francisco Salazar en el equipo de análisis y estrategia electoral que operaba desde el edificio de Semillas del complejo de La Moncloa. Su influencia trascendía lo administrativo, convirtiéndose en una pieza clave de la maquinaria política que diseñaba las estrategias del PSOE a nivel nacional.
El vínculo entre ambos profesionales era tan estrecho que, según fuentes consultadas, la incorporación de Hernández a la ejecutiva andaluza durante la etapa de Juan Espadas como secretario general ya se gestó desde las oficinas del Ejecutivo central. Esta circunstancia ha alimentado las críticas internas sobre el uso de estructuras gubernamentales para tejer redes de lealtad partidaria.
El caso que ha sacudido al PSOE
El escándalo estalló en julio cuando dos trabajadoras del complejo de La Moncloa, además de militantes del PSOE, presentaron sendas denuncias en la Oficina Antiacoso del partido. Los cargos eran graves: acoso sexual y abuso de poder por parte de Francisco Salazar, quien hasta entonces había sido uno de los colaboradores más cercanos y valorados por el propio Sánchez.
Lo que ha generado mayor indignación dentro y fuera del partido no ha sido solo la naturaleza de las acusaciones, sino la respuesta institucional. Durante cinco meses, las denuncias permanecieron en un limbo burocrático sin que la dirección del PSOE contactara con las víctimas, pese a que habían utilizado el canal específicamente habilitado para estos casos. Esta inacción ha sido calificada como un error gravísimo por el propio presidente.
Las disculpas de Sánchez y la presión interna
El sábado pasado, Pedro Sánchez rompió su silencio en un corrillo parlamentario ante la creciente presión de militantes y dirigentes. El líder socialista pidió disculpas públicamente y asumió responsabilidad personal por la gestión de la crisis, reconociendo que el partido había fallado estrepitosamente en su deber de proteger a las denunciantes.
Este gesto, sin embargo, no ha sido suficiente para aplacar las críticas. El malestar ha ido in crescendo, con voces dentro del PSOE demandando medidas concretas más allá de las palabras. El cese de Hernández responde precisamente a esa necesidad de mostrar firmeza y distancia con el entorno de Salazar, aunque algunos sectores consideren que llega tarde.
La dimensión andaluza del conflicto
La implicación de Antonio Hernández en la política andaluza añade una capa de complejidad adicional. Su cargo en la ejecutiva de María Jesús Montero, quien lidera el proyecto socialista para recuperar la Junta de Andalucía en las elecciones de junio, convierte su salida en un problema de campaña.
Montero, que acumula vicepresidencias tanto en el Gobierno como en el partido, se ve ahora obligada a gestionar una crisis que afecta directamente a su equipo de confianza. La candidata andaluza deberá demostrar que puede mantener la coherencia entre su discurso de tolerancia cero contra el acoso y la realidad de su propia ejecutiva.
El entramado familiar y político
El caso adquiere tintes de red clientelar cuando se analizan las conexiones familiares. Antonio Hernández es hermano de Nieves Hernández, exconcejal y actual asesora en la Diputación de Sevilla presidida por Javier Fernández, quien también ostenta la secretaría provincial del PSOE.
Nieves Hernández fue una figura destacada durante el proceso de primarias que revalidó a Sánchez al frente del partido, ejerciendo como portavoz de las plataformas de militantes que apoyaron al líder frente a Susana Díaz. Esta red de lealtades familiares y políticas ha sido señalada por críticos internos como ejemplo de la endogamia que, según ellos, caracteriza a ciertos sectores del PSOE actual.
Consecuencias y futuro inmediato
El cese de Hernández, pactado según fuentes gubernamentales, se formalizará este martes en el Consejo de Ministros. Sin embargo, las preguntas sobre el fondo del asunto persisten. ¿Es suficiente con apartar al entorno de Salazar? ¿Qué medidas se adoptarán para garantizar que los protocolos antiacoso funcionen efectivamente?
El presidente ha intentado cerrar filas señalando que asume el error en primera persona, pero la sombra de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, otros colaboradores históricos de Sánchez que también han protagonizado controversias, planea sobre la credibilidad del Ejecutivo.
La crisis del caso Salazar ha puesto sobre la mesa un debate más profundo sobre la cultura organizacional del PSOE, la separación entre instituciones y partido, y la efectiva protección de las víctimas. Mientras tanto, el Gobierno espera que el cese de Hernández sirva como válvula de escape para una presión que amenazaba con desbordar el propio control de la dirección.
La oposición ya ha anunciado que llevará el asunto al Congreso, demandando explicaciones detalladas sobre el tiempo transcurrido entre las denuncias y la acción. El PSOE, por su parte, intenta reconstruir la confianza interna mientras mantiene el foco en su agenda legislativa, pero el daño reputacional es un hecho.
En las próximas semanas, la evolución de este caso marcará la capacidad de Sánchez para liderar no solo un Gobierno, sino también un partido que exige coherencia entre el discurso de igualdad y los hechos. El cese de Antonio Hernández es solo el primer paso de un camino que promete ser tortuoso.