El Partido Socialista Obrero Español afronta el inicio de la campaña para las elecciones autonómicas en Extremadura sumido en una de las crisis más profundas de los últimos años. La gestión de las denuncias por presunto acoso sexual contra Francisco Salazar, exsecretario de Organización del partido y uno de los hombres de máxima confianza del presidente del Gobierno, ha desatado una ola de indignación interna que pone en jaque la estrategia de Pedro Sánchez.
El caso, que se suma a la serie de escándalos que han salpicado a los principales colaboradores del líder socialista desde su regreso a Ferraz en 2017, ha explotado en el peor momento posible para la formación. Las elecciones extremeñas, que se celebran en uno de los tradicionales feudos del PSOE, se presentan como un auténtico examen para la gestión de Sánchez, con las encuestas apuntando a resultados históricamente bajos.
La gestión de las denuncias y el silencio de Ferraz
Las acusaciones contra Salazar llegaron a la dirección del partido en julio, cuando dos trabajadoras del complejo de La Moncloa, ambas militantes socialistas, presentaron sendas denuncias por conductas de acoso sexual. Sin embargo, a pesar de que el PSOE se define como un partido feminista en sus estatutos y cuenta con el voto femenino como uno de sus principales apoyos, la cúpula dirigente no dio prioridad a la investigación ni tomó medidas inmediatas.
Este retraso en la actuación ha sido el detonante de la crisis actual. La falta de una respuesta contundente por parte de la dirección federal ha generado un clima de malestar creciente entre las bases y los cargos intermedios del partido. La percepción generalizada es que se ha aplicado un doble rasero, protegiendo a los altos cargos mientras se mantenía una postura oficial de tolerancia cero con este tipo de comportamientos.
La voz de la indignación: Adriana Lastra
La que fuera vicesecretaria general del PSOE y una de las piezas clave en la reconstrucción del proyecto de Sánchez, Adriana Lastra, ha emergido como la portavoz de la disconformidad interna. En una intervención que ha resonado con fuerza en todo el aparato del partido, Lastra ha instado a la dirección a actuar con firmeza y a trasladar las denuncias a la Fiscalía, calificando los hechos como "violencia contra las mujeres".
Su postura ha puesto de manifiesto las grietas en la unidad que tanto se ha pregonado desde el comando de Sánchez. Lastra, que durante años fue la mujer más poderosa dentro de la estructura orgánica socialista, representa una voz autorizada que no puede ser ignorada. Su crítica pública ha actuado como un altavoz de las inquietudes que ya circulaban por los pasillos de Ferraz desde hace semanas.
La noche previa a su intervención, la dirección del partido había convocado una reunión telemática de urgencia con las responsables de Igualdad de las distintas federaciones, en un intento por contener el daño. Sin embargo, el encuentro no logró su objetivo y, según fuentes internas, el malestar creció cuando se constató la falta de un plan de acción claro.
El contexto: una sucesión de crisis
El caso Salazar no es un incidente aislado. Se enmarca en una serie de escándalos que han afectado a los principales operadores políticos de Sánchez desde su llegada a la secretaría general. José Luis Ábalos, exministro de Transportes y otro de los pilares del proyecto, se encuentra en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción, mientras que su antiguo asesor, Koldo García, ha protagonizado un espectáculo de amenazas al Ejecutivo sin aportar pruebas concretas.
Esta concatenación de problemas ha convertido lo que debía ser un otoño de tormenta judicial para el Partido Popular, tal y como pronosticaban los estrategas socialistas en verano, en una sucesión de crisis para el propio PSOE. Las expectativas de dañar al principal partido de la oposición con los casos de corrupción se han desvanecido, mientras que los focos se han centrado en los propios escándalos de Ferraz.
Un barón autonómico consultado por este medio describía hace apenas unas semanas la situación del PP como "un flotador que se pincha y se queda sin aire". La metáfora, que entonces parecía acertada tras los bandazos de Alberto Núñez Feijóo en temas como el aborto o la masacre de Gaza, ha terminado volviéndose en contra del propio PSOE.
El impacto en Extremadura
La crisis llega en el peor momento posible para la candidatura de Miguel Ángel Gallardo a la presidencia de la Junta de Extremadura. El aspirante socialista ya arrastraba la carga de ser el primer candidato procesado por presunto enchufismo, acusado de haber colocado al hermano del presidente del Gobierno en un puesto de la Diputación.
Ahora, la inacción de Ferraz en el caso Salazar se suma a su propio historial judicial como un lastre adicional. Los sondeos apuntan a que el PSOE podría obtener su peor resultado histórico en una región que ha sido tradicionalmente un bastión de la formación. La combinación de factores negativos ha creado un clima de desánimo en la campaña extremeña, donde los equipos de Gallardo luchan por desvincular su imagen de los problemas nacionales.
La dirección federal, por su parte, mantiene un silencio cauteloso sobre los pasos que dará en relación con Salazar. Aunque la presión de federaciones como la asturiana, que ha sido la primera en exigir públicamente la intervención de la Fiscalía, podría forzar una decisión en las próximas horas. La parálisis actual, sin embargo, solo está alimentando las críticas internas y la percepción de una gestión errática.
Un partido en el punto de mira
El PSOE se enfrenta así a una triple crisis: judicial, política y de imagen. La judicial, por la acumulación de casos que salpican a sus principales dirigentes. La política, por la falta de coordinación y la aparición de voces discordantes en su seno. Y la de imagen, por la contradicción entre su discurso feminista y su actuación práctica en casos de acoso.
Esta situación ha puesto en tela de juicio el modelo de liderazgo de Sánchez, basado en la concentración de poder en una cúpula reducida de leales. La estrategia, que le sirvió para consolidar su control sobre el partido, ahora se revela como un punto débil cuando esos mismos leales se convierten en un problema.
El tiempo juega en contra de los socialistas. Con la campaña extremeña ya en marcha y la oposición aprovechando cada minuto de actualidad para recalcar las contradicciones del Gobierno, cualquier demora en la resolución del caso Salazar puede amplificar el daño. La decisión de trasladar o no el caso a la Fiscalía, y la forma en que se comunique, marcará el tono de las próximas semanas.
Mientras tanto, en los territorios, los dirigentes socialistas contemplan con preocupación cómo una crisis que nació en los despachos de Madrid puede afectar sus propias aspiraciones electorales. La sensación de que el centro no está controlando la situación, y que cada paso en falso tiene consecuencias en toda la organización, ha generado un clima de desconfianza que será difícil de revertir.
La gestión del caso Salazar, lejos de ser un problema puntual, se ha convertido en un símbolo de las tensiones estructurales que atraviesan el PSOE. Entre la defensa de sus principios y la protección de sus cuadros, entre la coherencia discursiva y la lealtad interna, el partido debe elegir un camino que, cualquiera que sea, tendrá costes políticos significativos.