El Gobierno español ha hecho del derecho a la desconexión digital uno de sus caballos de batalla legislativos, prometiendo sancionar duramente a las empresas que se comuniquen con sus empleados fuera de su jornada laboral. Sin embargo, una reciente denuncia pone de manifiesto que la propia Administración pública incumple sistemáticamente este principio que tanto predica.
El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha elevado una queja formal por la oleada de notificaciones electrónicas que diferentes organismos oficiales remiten a ciudadanos y profesionales en horarios claramente inadecuados. Según esta institución, la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y otras entidades públicas están enviando comunicaciones a medianoche, en plena madrugada, durante Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y otros días festivos.
La incoherencia resulta especialmente llamativa cuando el Ejecutivo ha venido anunciando duras multas para aquellas compañías privadas que no respeten el tiempo de descanso de sus trabajadores. El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha advertido en reiteradas ocasiones que contactar con empleados fuera de su horario establecido constituiría una infracción grave, susceptible de sanción económica. 'La conexión permanente causa daños en salud mental y en un estrés permanente', llegó a declarar la vicepresidenta segunda.
Sin embargo, esa misma sensibilidad no parece aplicarse cuando el remitente es el propio Estado. Los gestores administrativos, que actúan como intermediarios entre la Administración y los ciudadanos, han documentado numerosos casos en los que las notificaciones llegan en momentos que nadie consideraría razonables. No se trata de fallos técnicos aislados, sino de una práctica recurrente y sistemática que afecta a miles de contribuyentes y profesionales.
Fernando Santiago, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, ha sido tajante al respecto: 'Esto no es un problema tecnológico. Es un problema de voluntad. Los sistemas los diseñan personas y las decisiones las toman personas. Y cuando algo puede cambiarse y no se cambia, hay responsabilidad'. Su declaración pone el foco en la falta de compromiso real por parte de las autoridades para resolver esta situación.
Los profesionales del sector llevan tiempo alertando sobre las consecuencias que este comportamiento genera. Recibir una notificación oficial en plena noche o en un día festivo no solo vulnera el derecho al descanso, sino que puede tener implicaciones jurídicas serias para quienes la reciben. Los plazos para responder o alegar comienzan a contar desde el momento en que se produce la notificación, independientemente de la hora o el día en que se envía.
Este detalle es crucial. Un contribuyente que recibe un requerimiento de Hacienda a las dos de la madrugada del 25 de diciembre ve cómo se activa un plazo legal que puede resultar determinante para sus intereses. Si no accede a su buzón electrónico hasta días después por estar disfrutando de su periodo vacacional, podría encontrarse con que el tiempo para presentar alegaciones ha transcurrido en parte mientras dormía o celebraba con su familia.
El impacto en la conciliación personal y familiar es otro de los aspectos que preocupa a los gestores. Recibir una notificación en Nochebuena o en la víspera de un día importante para la familia interrumpe momentos de descanso y convivencia que, según la propia legislación laboral, deben estar protegidos. Esta práctica contradice abiertamente el espíritu de las leyes que buscan preservar la vida privada de los trabajadores.
Durante meses, los representantes de los gestores han participado en reuniones y mesas de trabajo con la Administración para buscar soluciones. El diagnóstico del problema ha sido compartido incluso por altos cargos oficiales, reconociendo que el ciudadano merece proteger su tiempo de desconexión frente a la presión tributaria. No obstante, ese supuesto consenso no se ha materializado en instrucciones operativas claras ni en modificaciones efectivas de los sistemas de envío.
La situación genera una paradoja difícil de justificar: mientras el Gobierno prepara sanciones para empresas que envíen correos electrónicos a sus trabajadores fuera de horario, sus propios departamentos mantienen una política de comunicación que desconoce por completo el calendario laboral y el descanso personal.
Los gestores administrativos insisten en que la solución no requiere avances tecnológicos complejos, sino una decisión política firme. Programar los envíos en horario laboral, respetar los festivos nacionales y autonómicos, y establecer un calendario de comunicaciones oficial serían medidas sencillas de implementar. Sin embargo, hasta el momento, las excusas oficiales se centran en la supuesta complejidad de los sistemas y la necesidad de más tiempo para analizar alternativas.
Mientras tanto, los ciudadanos continúan recibiendo en sus buzones electrónicos comunicados oficiales en momentos íntimos. La imagen de un Estado que predica una cosa y hace otra erosiona la credibilidad de la propia normativa que pretende imponer al sector privado. Si la desconexión digital es un derecho fundamental, como sostiene el Ejecutivo, debería ser respetado por quienes tienen el deber de velar por su cumplimiento.
La demanda de los gestores es clara: se necesita una instrucción expresa y vinculante que prohíba expresamente el envío de notificaciones fuera del horario laboral establecido. Solo así se evitará la discriminación entre lo que se exige a los ciudadanos y lo que la propia Administración se permite.
En definitiva, la polémica pone sobre la mesa una cuestión de coherencia institucional y de respeto a los derechos que el propio Estado ha elevado a la categoría de prioritarios. Mientras no se produzca un cambio real, la distancia entre el discurso político y la práctica administrativa seguirá siendo abismal.