Un trabajador del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) se enfrenta a una sanción disciplinaria de tres años y un mes sin empleo ni sueldo, tras denunciar públicamente daños irreversibles en un valioso archivo fotográfico del siglo XIX. El caso, que ha generado polémica en los círculos culturales y laborales, pone en evidencia las tensiones entre la protección del patrimonio y la defensa de los derechos de los empleados que denuncian irregularidades.
Los hechos se remontan a mayo de 2022, cuando el IPCE decidió modernizar el sistema de climatización en su sede madrileña, conocida como la Corona de Espinas. La intervención, realizada sin las debidas garantías de conservación, provocó la degradación de 12.000 placas fotográficas, muchas de ellas pertenecientes al legado del pionero J. Laurent. La Fiscalía Provincial de Madrid confirmó en diciembre pasado que los daños eran irreversibles, aunque no pudo imputar responsabilidad penal a la cúpula del instituto por prescripción del delito.
Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. Uno de los empleados, identificado como C. T., decidió denunciar internamente a sus superiores —entre ellas la subdirectora general Susana Alcalde Amieva— por lo que consideró un caso de acoso laboral. La denuncia fue desestimada, pero el trabajador no se detuvo: en octubre de 2023, presentó una nueva queja ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, alegando represalias por haber expuesto las negligencias.
La respuesta del Ministerio de Cultura no se hizo esperar. Esta semana, C. T. recibió notificación de un expediente disciplinario firmado por la subsecretaria Carmen Páez, en el que se le acusa de incumplir tareas asignadas. Entre los cargos figuran: no haber completado la catalogación de fotografías para la exposición 'La Cataluña de Jules Ainaud', retrasar el informe técnico de 2.930 imágenes del archivo Agromayor, y no haber ordenado adecuadamente el depósito 1 de la Fototeca.
Estos supuestos incumplimientos, según el expediente, suman un total de 37 meses de suspensión sin empleo ni sueldo. Pero fuentes cercanas al trabajador aseguran que la sanción no es más que una represalia encubierta. "Es una forma de forzar su jubilación", señalan, recordando que C. T. ya tiene 67 años, pero no tiene intención de abandonar su puesto.
El caso ha activado las alarmas en los sindicatos. Representantes de los trabajadores han insistido en el derecho de indemnidad, un principio legal que protege a quienes denuncian irregularidades de represalias laborales. Además, han cuestionado la proporcionalidad de la sanción, ya que las faltas alegadas no justifican una medida tan extrema, especialmente cuando el trabajador ha estado involucrado en la salvaguarda de un patrimonio de valor histórico.
La situación también ha generado debate sobre la gestión del IPCE. ¿Cómo es posible que una institución encargada de preservar el patrimonio cultural cometa errores tan graves? ¿Y por qué se castiga al empleado que lo denuncia en lugar de investigar a los responsables de la decisión inicial? Estas preguntas han comenzado a resonar en medios especializados y en redes sociales, donde muchos ven en la sanción un intento de silenciar la crítica.
C. T. no es un empleado cualquiera. Su trayectoria en el IPCE lo convierte en un conocedor profundo de los archivos fotográficos, y su denuncia no fue un acto impulsivo, sino el resultado de años de observación y preocupación por la conservación de las piezas. Su caso podría convertirse en un precedente importante para otros trabajadores del sector cultural que se enfrenten a situaciones similares.
Mientras tanto, el trabajador sigue en pie de guerra. Ha solicitado protección urgente y espera que las instituciones competentes intervengan para garantizar su derecho a denunciar sin temor a represalias. La Autoridad Independiente de Protección del Informante ya ha recibido su solicitud, y se espera que en las próximas semanas se emita una resolución.
Este caso no solo es una historia de un trabajador sancionado, sino un espejo de las tensiones que existen en la administración pública cuando se enfrentan los intereses de la gestión con los de la transparencia y la protección del patrimonio. La decisión final sobre la sanción de C. T. podría marcar un antes y un después en cómo se tratan las denuncias internas en instituciones culturales.
En un contexto donde la preservación del patrimonio es cada vez más vulnerable a decisiones administrativas, la figura de C. T. se erige como un símbolo de resistencia. Su lucha no es solo por su puesto de trabajo, sino por el derecho de todos los empleados a denunciar errores sin temer por su futuro laboral. Y en ese sentido, su caso merece atención, no solo por lo que representa para él, sino por lo que significa para el futuro de la cultura en España.