El Partido Popular ha elevado una denuncia formal ante la Comisión Europea para alertar sobre el silencio institucional del Gobierno de Pedro Sánchez tras la violenta agresión sufrida por el periodista José Ismael Martínez, corresponsal de EL ESPAÑOL, en la Universidad de Navarra. El incidente, perpetrado por un grupo de radicales abertzales, ha generado una ola de condenas en el sector periodístico y ha puesto en el centro del debate la protección de la libertad de prensa en España.
La eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, ha dirigido una carta al comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, y a la vicepresidenta de Democracia, Henna Virkkunen, en la que expone con preocupación el "constante hostigamiento y ataques públicos" que, según ella, sufren los periodistas en España. Montserrat subraya que el ataque a Martínez no fue un episodio aislado, sino parte de un patrón más amplio de intimidación contra la prensa crítica.
Durante el incidente, el periodista fue golpeado con violencia mientras realizaba su labor informativa. Según relató posteriormente, recibió pedradas, patadas y múltiples golpes que le provocaron la pérdida temporal de la visión en su ojo derecho. La intervención rápida de las fuerzas de seguridad evitó consecuencias aún más graves, pero el impacto psicológico y físico ha sido profundo.
Lo que más preocupa a los denunciantes es la ausencia de condena oficial por parte del Ejecutivo. "Resulta especialmente alarmante que, pese a la gravedad de los hechos, el Gobierno no haya emitido ninguna declaración pública ni mostrado apoyo al periodista atacado", señala Montserrat en su misiva. Este silencio, según la eurodiputada, no solo legitima implícitamente la violencia contra los medios, sino que también envía una señal desalentadora a todos los profesionales que informan sobre temas de interés público.
La denuncia del PP va más allá del caso concreto de Martínez. Montserrat atribuye el deterioro de la libertad de prensa en España a una estrategia gubernamental que busca "amordazar" a los medios críticos. Según su análisis, el Gobierno de Sánchez, "acorralado por los escándalos de corrupción", estaría utilizando herramientas como la publicidad institucional para favorecer a medios afines y castigar a los que no comparten su línea editorial.
Este uso discrecional de los fondos públicos para publicidad ha sido objeto de múltiples críticas por parte de organizaciones periodísticas y de derechos humanos. La eurodiputada del PP denuncia que esta práctica no solo distorsiona el mercado mediático, sino que también socava la pluralidad informativa, esencial en cualquier democracia.
Además, Montserrat señala con preocupación el anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto profesional de los periodistas. Aunque presentado como una medida para proteger la confidencialidad de las fuentes, muchos expertos y asociaciones periodísticas temen que pueda ser utilizado para limitar el periodismo de investigación y obstaculizar la transparencia democrática.
La denuncia ante Bruselas no es un gesto simbólico. El PP exige acciones inmediatas por parte de la Comisión Europea, instándola a no esperar al próximo informe sobre el Estado de Derecho, sino a establecer un seguimiento continuo de la situación de la libertad de prensa en España. "No se puede esperar a que los daños sean irreversibles", afirma Montserrat, quien pide a las instituciones europeas que intervengan antes de que se consolide un clima de intimidación contra los medios.
En los últimos meses, múltiples periodistas han sido señalados públicamente por miembros del Gobierno, incluyendo ministros, en lo que muchos interpretan como una estrategia de deslegitimación. Esta práctica, según los denunciantes, no solo ataca la credibilidad de los profesionales, sino que también busca desviar la atención de los temas que más incomodan al Ejecutivo.
La reacción del PP ha sido respaldada por diversas asociaciones de periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Muchos ven en esta denuncia un paso necesario para proteger el cuarto poder en un contexto en el que la presión sobre los medios parece estar aumentando.
En el plano internacional, la denuncia podría tener repercusiones significativas. La Unión Europea ha mostrado en múltiples ocasiones su preocupación por la situación de la libertad de prensa en algunos de sus Estados miembros. Si Bruselas decide intervenir, podría abrir un proceso de evaluación que obligue al Gobierno español a justificar sus políticas en materia de comunicación y libertad de expresión.
Mientras tanto, el periodista José Ismael Martínez sigue recuperándose de sus heridas, tanto físicas como emocionales. Su caso ha servido como catalizador para un debate más amplio sobre la seguridad de los periodistas en España y sobre el papel del Estado en la protección de la libertad de prensa.
La denuncia del PP ante Bruselas no solo busca justicia para un periodista agredido, sino también garantizar que ningún otro profesional de la información tenga que enfrentarse a la violencia o al silencio institucional por hacer su trabajo. En un momento en el que la democracia se enfrenta a múltiples desafíos, la protección de la libertad de prensa no es un lujo, sino una necesidad.