Las autoridades municipales de Crans-Montana, prestigiosa estación de esquí suiza, han reconocido este martes una negligencia grave en el control de establecimientos públicos. El bar donde 40 personas perdieron la vida durante una celebración de fin de año no había sido sometido a las inspecciones de seguridad reglamentarias desde hacía seis años, un lapso que va en contra de toda normativa de prevención de riesgos.
El alcalde de la localidad alpina, Nicolas Féraud, asumió públicamente las responsabilidades institucionales en una declaración que ha conmocionado a la opinión pública. El análisis exhaustivo del expediente administrativo del local, conocido como Le Constellation, reveló fallos sistemáticos en los controles periódicos que debían realizarse entre 2020 y 2025. Esta admisión ha abierto un intenso debate sobre la eficacia de los protocolos de seguridad en zonas turísticas de alto flujo.
"Lo lamentamos profundamente", manifestó Féraud ante los medios de comunicación, palabras que reflejan la gravedad de una situación que podría haber evitado la mayor tragedia en la región en décadas. La falta de supervisión oficial durante semejante periodo plantea serias interrogantes sobre la coordinación entre administraciones y la aplicación de medidas de protección civil.
Entre las víctimas mortales, las autoridades han confirmado la identidad de dos hermanas de 15 y 14 años, Alicia y Diana Gunst, que formaban parte de la comunidad judía de Lausana. Las menores, que poseían nacionalidad italo-suiza, asistían al evento de Año Nuevo con amigos cuando se desató el siniestro. Sus familiares habían iniciado una campaña desesperada en redes sociales para obtener información sobre su paradero, compartiendo fotografías y pidiendo colaboración ciudadana. El análisis forense posterior confirmó el fatal desenlace, sumiendo a la comunidad judía local en un profundo duelo colectivo.
La identificación completa de las 40 víctimas continúa en proceso, aunque se ha avanzado significativamente en las últimas horas. Los servicios de emergencia trabajan con equipos internacionales para establecer las causas exactas del incendio, mientras las familias demandan respuestas claras sobre cómo un establecimiento con deficiencias en su documentación pudo seguir operando.
Expertos en seguridad industrial consultados por este medio explican que las inspecciones periódicas son fundamentales para detectar riesgos eléctricos, problemas en sistemas de ventilación, deficiencias en rutas de evacuación o materiales ignífugos deteriorados. La omisión de estos controles durante seis años representa una violación flagrante de las normativas suizas, consideradas entre las más estrictas de Europa en materia de prevención.
El resort de Crans-Montana, conocido por atraer a turistas de alto poder adquisitivo y celebridades internacionales, ve ahora cuestionada su reputación de destino seguro. La temporada de invierno, crucial para la economía local, se enfrenta a una crisis sin precedentes mientras se investigan las responsabilidades penales y administrativas.
La comunidad internacional ha expresado su conmoción ante la magnitud de la tragedia. Varios países europeos han ofrecido apoyo técnico a las autoridades suizas, mientras que organizaciones de derechos de las víctimas demandan una reforma inmediata de los protocolos de inspección para evitar que casos similares se repitan.
El perfil de las víctimas, en su mayoría jóvenes entre 14 y 30 años, ha intensificado el impacto emocional del siniestro. Muchos eran estudiantes universitarios o trabajadores temporales de la temporada de invierno que habían acudido a la fiesta organizada para dar la bienvenida a 2026. La pérdida masiva de vidas en plena celebración ha generado un clima de consternación en toda Suiza.
Las investigaciones preliminares apuntan a que el incendio pudo originarse en el sistema eléctrico del local, aunque se descartan causas intencionadas. La falta de mantenimiento registrada en los informes técnicos, sumada a la ausencia de revisiones oficiales, habría creado un caldo de cultivo para el desastre.
El gobierno cantonal ha anunciado una auditoría externa independiente para revisar todos los procedimientos de inspección no solo en Crans-Montana, sino en todo el territorio. Esta medida busca restablecer la confianza pública y garantizar que ningún otro establecimiento opere en condiciones similares de riesgo.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas han creado una asociación para coordinar las acciones legales y memorialísticas. Exigen que la memoria de sus seres queridos sirva para implementar cambios reales en la política de seguridad, evitando que más vidas se vean truncadas por negligencias administrativas.
La tragedia de Crans-Montana se ha convertido en un punto de inflexión para la legislación de seguridad en establecimientos de ocio nocturno en Suiza. Se espera que el caso impulse modificaciones legales que refuercen la obligatoriedad de inspecciones y establezcan sanciones más severas para administraciones que incumplan sus funciones de vigilancia.
El luto nacional declarado por el Consejo Federal suizo contrasta con la indignación ciudadana que crece cada vez que surgen nuevos detalles sobre las deficiencias en el control del local. La pregunta que resuena en todos los sectores es cómo pudo permitirse que un establecimiento con semejante afluencia juvenil permaneciera tanto tiempo sin revisión oficial.
Expertos en gestión de riesgos señalan que este caso pone de manifiesto la necesidad de digitalizar y centralizar los registros de inspección, creando sistemas de alerta automática que impidan que cualquier local quede fuera de la red de controles. La tecnología, argumentan, podría haber evitado esta laguna administrativa.
La comunidad de Crans-Montana, mientras tanto, intenta sobrellevar el duelo colectivo. Se han instalado altares improvisados frente al lugar del siniestro, con velas y fotografías de las víctimas. Los residentes locales organizan colectas para apoyar a las familias afectadas y han suspendido todas las festividades previstas para el mes de enero.
La investigación judicial continúa su curso, con el alcalde y varios funcionarios municipales citados a declarar en las próximas semanas. La presión política exige responsabilidades concretas, mientras la sociedad suiza reflexiona sobre el equilibrio entre atractivo turístico y seguridad ciudadana.
Este trágico evento deja una lección inequívoca: la seguridad no puede ser negociable ni susceptible a omisiones administrativas. Las 40 vidas perdidas en Le Constellation han de servir para que nunca más un establecimiento pueda operar sin las garantías mínimas que toda ciudadanía exige y merece.