La Asociación de Vecinos de Pombo, Cañadío y Ensanche de Santander ha elevado este jueves una dura y contundente crítica contra el consistorio de la ciudad, calificando de rotundo fracaso el operativo desplegado para prevenir el botellón durante la celebración de la tardebuena del pasado miércoles en las calles del centro de la capital cántabra. La denuncia, hecha pública a través de un comunicado oficial, refleja el profundo malestar de una comunidad que se siente abandonada por las autoridades municipales en un momento de máxima afluencia ciudadana.
Este colectivo de residentes, que agrupa a numerosas familias, comerciantes y personas afectadas por las problemáticas derivadas del ocio masivo en el centro urbano, ha exigido la inmediata asunción de responsabilidades políticas tanto de la alcaldesa, Gema Igual, como del edil de Seguridad Ciudadana, Eduardo Castillo, a quienes consideran directamente responsables del diseño y ejecución de un plan que, según sus palabras, no solo ha resultado ineficaz, sino que ha empeorado la situación respecto a años anteriores, retrocediendo a las peores imágenes del botellón.
En el detallado comunicado hecho público durante la mañana, la asociación vecinal describe con precisión cómo las calles del Ensanche, una de las zonas más céntricas y densamente pobladas de Santander, quedaron completamente desprotegidas ante una avalancha de personas que decidieron celebrar la tarde festiva consumiendo bebidas alcohólicas en espacios públicos, sin que existiera un control efectivo por parte de las fuerzas de seguridad. La masiva concentración generó una serie de problemas que los residentes consideran inasumibles: niveles de ruido incontrolables que superaron ampliamente los límites establecidos en la normativa municipal, acumulación de basura en cada rincón de las vías públicas, alteraciones graves de la convivencia vecinal y, lo que es más preocupante, una evidente vulneración de las normativas de salud pública en un contexto post-pandémico donde la responsabilidad colectiva adquiere mayor relevancia.
Los portavoces del colectivo han sido tajantes al señalar que la promesa municipal de mejorar el dispositivo del año pasado no se ha cumplido. "Nos garantizaron que darían un paso adelante, que este año veríamos un operativo reforzado y eficaz, pero la realidad ha sido bien distinta", afirman en su escrito. La sensación entre los vecinos es que, lejos de avanzar, se ha producido un retroceso a las peores imágenes del botellón que la ciudad creía superadas, generando una sensación de impotencia y frustración entre quienes residen en estas zonas.
La crítica se centra especialmente en la ausencia de un plan de actuación claro y en la falta de recursos humanos y materiales suficientes para hacer frente a una situación previsible y anunciada. La tardebuena, festividad que se celebra cada año con motivo de la víspera de Navidad, concentra tradicionalmente a miles de personas, especialmente jóvenes, en las calles céntricas. Los organizadores vecinales consideran que el Ayuntamiento tenía conocimiento más que suficiente para prever la afluencia masiva y, sin embargo, no desplegó los medios necesarios, ni policiales, ni de limpieza, ni de información preventiva.
Uno de los aspectos más reprobados por la asociación es la actitud del gobierno local a la hora de gestionar la crisis. Según sus representantes, la alcaldesa ha intentado justificar la situación apelando únicamente a la responsabilidad individual de los ciudadanos, desvinculando así la responsabilidad institucional en la planificación y prevención de estos eventos. "No puede ser que la máxima autoridad municipal se escude en el comportamiento personal para eludir su deber de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los residentes", señala el comunicado, que califica esta postura de "inaceptable" y "evasiva".
Los vecinos argumentan que la responsabilidad individual, si bien importante, no puede sustituir a una planificación municipal seria y rigurosa. Exigen que el gobierno local diseñe estrategias efectivas de prevención, refuerce la presencia policial en momentos puntuales, establezca protocolos claros de actuación que eviten el colapso de las zonas residenciales y, sobre todo, que asuma su papel como garante del derecho al descanso y a la salud de los ciudadanos que habitan el centro.
El Ensanche, epicentro de las celebraciones, se ha convertido en los últimos años en un punto neurálgico del botellón en Santander. Los residentes llevan tiempo denunciando la degradación progresiva de su barrio, donde la falta de control ha normalizado el consumo masivo de alcohol en la vía pública. Lo ocurrido durante la tardebuena, según la asociación, no es un incidente aislado, sino la consecuencia lógica de una política de tolerancia y abandono que ha permitido que esta dinámica se consolide, generando un clima de insatisfacción continua entre los residentes.
La situación ha alcanzado tal grado de gravedad que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja presentada por este colectivo vecinal. Este órgano institucional, encargado de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, ha iniciado las correspondientes actuaciones de oficio ante el Ayuntamiento, requiriendo explicaciones detalladas sobre la gestión de estos eventos y las medidas adoptadas para proteger a los residentes. Este paso representa un respaldo significativo a las reivindicaciones de los vecinos y sitúa el problema en el ámbito de la defensa de los derechos fundamentales, elevando la cuestión más allá del ámbito municipal.
Los residentes del Ensanche y zonas aledañas se sienten abandonados por una administración que, en su opinión, prioriza otros intereses por encima de la tranquilidad y seguridad de quienes viven en el centro. "No podemos aceptar que la convivencia, la salud pública y la seguridad se gestionen con operativos inexistentes y promesas que no se cumplen", reiteran en su comunicado final, donde advierten que su paciencia tiene un límite y que están dispuestos a adoptar nuevas medidas de presión.
La asociación ha anunciado que mantendrá su postura reivindicativa y que exige, de manera firme, que el gobierno municipal presente públicamente un plan de choque que incluya medidas concretas, plazos claros y mecanismos de evaluación. Entre sus propuestas, solicitan un mayor número de agentes de policía local durante los eventos de masiva afluencia, la aplicación estricta de las ordenanzas municipales sobre consumo de alcohol en la vía pública, la instalación de contenedores adicionales para evitar la acumulación de residuos, y la creación de una mesa de diálogo permanente con los colectivos vecinales para diseñar soluciones consensuadas y sostenibles en el tiempo.
El conflicto entre los vecinos del centro de Santander y el Ayuntamiento parece lejos de resolverse. La falta de efectividad del dispositivo de la tardebuena ha sido la gota que ha colmado el vaso para una comunidad que lleva tiempo sufriendo las consecuencias de un fenómeno que consideran fuera de control. La presión institucional ejercida a través del Defensor del Pueblo y la movilización ciudadana podrían obligar a un cambio de rumbo en las políticas municipales de ocio y convivencia, aunque los vecinos mantienen cierto escepticismo ante posibles promesas vacías.
La situación en Santander refleja un problema común en muchas ciudades españolas, donde la gestión del ocio nocturno y las celebraciones masivas choca frontalmente con el derecho al descanso y la tranquilidad de los residentes. La diferencia, según los vecinos, radica en la ausencia de una planificación adecuada y la falta de voluntad política para abordar el problema de forma decidida, optando por soluciones parche que no resuelven la cuestión de fondo.
Ahora, con los ojos puestos en la respuesta municipal, los residentes esperan que el escándalo de la tardebuena sirva para despertar conciencias y activar, por fin, protocolos que garanticen que celebraciones populares y convivencia ciudadana puedan coexistir sin que unos pocos paguen las consecuencias de la falta de control. La exigencia de responsabilidades políticas no es una cuestión personal, insisten, sino una demanda de rendición de cuentas por un servicio público que consideran deficitario y que afecta directamente a su calidad de vida.