La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha comparecido ante los medios de comunicación para informar sobre las consecuencias del ataque militar estadounidense que ha sacudido diversas regiones del país caribeño. Según las primeras declaraciones oficiales, el operativo ha dejado un saldo de víctimas tanto entre las filas del ejército venezolano como entre la población civil, aunque las autoridades han evitado por el momento ofrecer cifras concretas de fallecidos.
Rodríguez ha calificado la acción como una agresión brutal y salvaje contra la soberanía nacional, enfatizando que los caídos durante los bombardeos "se han convertido en mártires de nuestra patria". Las zonas afectadas por la ofensiva incluyen la capital, Caracas, así como los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, donde se han registrado impactos en instalaciones militares y civiles, según el relato oficial.
El presidente Donald Trump, por su parte, ha utilizado su plataforma social Truth Social para confirmar la operación, afirmando que "la operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos". En un mensaje que ha generado consternación internacional, el mandatario norteamericano ha asegurado que Nicolás Maduro ha sido capturado junto a su esposa y evacuado del territorio venezolano por vía aérea, una información que contrasta con las versiones del gobierno de Caracas.
La situación en las calles de Venezuela ha derivado rápidamente en el caos y la incertidumbre. Testimonios de ciudadanos consultados por agencias internacionales describen largas colas en supermercados y estaciones de servicio, mientras la población intenta abastecerse ante el temor de un escalado mayor del conflicto. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran escenas de pánico y desabastecimiento en varias ciudades, con comercios cerrados y tráfico colapsado.
Ante esta crisis, el ejecutivo venezolano ha decretado el estado de movilización general y emergencia nacional, una medida excepcional que implica el despliegue inmediato del mando de defensa en todos los estados y municipios. Esta decisión busca reforzar la seguridad interna y coordinar la respuesta institucional ante lo que el gobierno considera una invasión extranjera. Paralelamente, Maduro ha ordenado la puesta en marcha de una ofensiva diplomática para movilizar el apoyo de la comunidad internacional y denunciar la acción unilateral estadounidense.
El contexto geopolítico de este enfrentamiento no es nuevo. Las relaciones entre Washington y Caracas han atravesado por múltiples crisis durante las últimas dos décadas, con sanciones económicas, acusaciones de interferencia y tensiones diplomáticas constantes. Sin embargo, esta escalada militar directa marca un punto de inflexión sin precedentes en la confrontación bilateral, superando las fricciones verbales y las medidas de presión económica previas.
Los analistas internacionales advierten sobre las consecuencias regionales de esta agresión. La estabilidad de América Latina podría verse comprometida si el conflicto se prolonga, generando oleadas migratorias masivas y afectando los mercados energéticos. Venezuela posee las mayores reservas petroleras del mundo, y cualquier interrupción en su producción tendría repercusiones globales inmediatas.
La comunidad internacional se encuentra dividida ante estos acontecimientos. Mientras algunos países han condenado la intervención militar como una violación del derecho internacional, otros guardan silencio o expresan cautela esperando más información verificable. La ONU ha convocado una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad para abordar la crisis, aunque se prevé que cualquier resolución enfrentará el veto de los miembros permanentes con intereses contrapuestos.
La situación humanitaria en Venezuela ya era crítica antes de este ataque. Con una economía devastada por la hiperinflación, la escasez de medicamentos y la fuga de cerebros, la población venezolana ahora debe enfrentar el trauma de un conflicto armado directo. Las organizaciones no gubernamentales han alertado sobre la vulnerabilidad de los civiles y la necesidad de corredores humanitarios para evacuar a heridos y garantizar el acceso a ayuda internacional.
La propaganda política se ha intensificado en ambos bandos. Mientras el gobierno venezolano difunde imágenes de supuestas víctimas y daños colaterales, los medios afines a la administración Trump presentan la operación como una "liberación" del pueblo venezolano del régimen de Maduro. Esta guerra de narrativas complica la verificación de hechos y profundiza la polarización tanto dentro como fuera del país.
Los expertos en derecho internacional cuestionan la legalidad de la intervención. Sin mandato de la ONU ni invitación explícita de ninguna facción reconocida internacionalmente, el ataque estadounidense podría configurar un delito de agresión según el Estatuto de Roma. Esto abre la puerta a posibles demandas ante la Corte Penal Internacional, aunque la jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses sigue siendo un tema controvertido.
La respuesta militar venezolana, si es que existe, se mantiene en secreto. No se han reportado enfrentamientos armados prolongados, lo que sugiere que la defensa antiaérea fue insuficiente o que el ataque tomó por sorpresa a las fuerzas leales a Maduro. Algunas fuentes no oficiales hablan de deserciones masivas dentro de las filas militares, aunque estas informaciones no han podido ser confirmadas de manera independiente.
El futuro inmediato de Venezuela depende de múltiples factores. Si las afirmaciones de Trump sobre la captura de Maduro resultan ciertas, el país podría enfrentar un vacío de poder que desencadene luchas internas entre distintas facciones del chavismo. Por el contrario, si el líder venezolano permanece en el poder, la legitimidad de su gobierno podría verse reforzada por el nacionalismo desatado tras el ataque externo.
La ciudadanía venezolana, exhausta por años de crisis, se encuentra atrapada entre dos narrativas irreconciliables. Muchos anhelan un cambio político que traiga estabilidad económica, pero temen el costo humano de una transición violenta. La resiliencia de la sociedad civil será puesta a prueba en las próximas semanas, cuando se definan los contornos de una nueva realidad política y social.
Mientras tanto, la comunidad internacional debe prepararse para una posible crisis migratoria sin precedentes. Los países limítrofes como Colombia, Brasil y Perú ya han anunciado el reforzamiento de sus fronteras, temiendo un éxodo masivo similar al observado durante los picos de la crisis económica venezolana. La capacidad de acogida de la región está en juego.
La economía global, por su parte, ha respondido con volatilidad a los acontecimientos. Los precios del petróleo experimentaron una suba abrupta en los mercados internacionales, mientras que las bolsas de valores latinoamericanas registraron caídas significativas. Los inversores temen una prolongación del conflicto que afecte las rutas comerciales y la estabilidad regional.
En resumen, Venezuela ha entrado en una nueva y peligrosa fase de su crisis. La combinación de agresión militar externa, inestabilidad interna y crisis humanitaria preexistente crea un escenario explosivo que requiere una respuesta internacional coordinada y el respeto al derecho de los venezolanos a decidir su propio futuro sin intervenciones foráneas. La comunidad global debe actuar con prudencia para evitar una escalada que podría tener consecuencias impredecibles para toda América Latina.