El empresario Víctor de Aldama, conocido como el comisionista de las mascarillas, ha presentado un escrito de defensa ante el Tribunal Supremo en el que reconoce por primera vez su participación en varios delitos relacionados con la presunta trama de corrupción del Ministerio de Transportes. En el documento, al que ha tenido acceso la prensa, Aldama solicita que su colaboración con la Justicia se traduzca en una rebaja significativa de la pena que le fue inicialmente propuesta por la Fiscalía Anticorrupción.
El escrito, presentado este jueves, llega en el contexto del juicio que se avecina contra los presuntos responsables de una red de influencias que operaba desde el corazón del ministerio que dirigía José Luis Ábalos. Aldama, que se ha erigido como figura central de la investigación, admite ahora los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, algo que hasta ahora había negado o matizado.
La estrategia de defensa del empresario gira en torno a la figura de la colaboración proactiva con la Justicia. Según el documento firmado por su abogado, Aldama inició esta colaboración en una fase muy temprana de la investigación, lo que habría permitido a los investigadores impulsar y ampliar significativamente el caso. Esta cooperación se habría materializado en múltiples declaraciones judiciales, aportación de documentación clave y confesiones que habrían facilitado el esclarecimiento de los hechos y la identificación del resto de implicados.
La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación inicial, solicitó siete años de prisión para Aldama, ya aplicándole el atenuante por aportar información relevante. No obstante, la defensa considera que esta rebaja es insuficiente y pide que se le reconozca un grado adicional de atenuante, lo que supondría una reducción considerable de la condena final. En contraste, para el exministro Ábalos y su antiguo asesor Koldo García la Fiscalía pide 30 años de cárcel cada uno.
El empresario ha aceptado en líneas generales el relato de los hechos expuesto por la acusación pública. Reconoce haber facturado 6,6 millones de euros por las gestiones relacionadas con la compra de material sanitario durante la pandemia y admite que aproximadamente la mitad de esa cantidad se destinó a pagos irregulares a Ábalos y Koldo García.
El escrito detalla que el exministro recibía 10.000 euros mensuales en efectivo por sus gestiones a favor de los intereses de Aldama. Además, señala que existían pagos extraordinarios por encima de esta cantidad periódica cuando se trataba de operaciones específicas de particular relevancia. Uno de los casos más destacados mencionados es el denominado rescate de Air Europa, la aerolínea que estaba en situación crítica y a la que Aldama asesoraba durante ese período.
Por sus servicios en la operación de Air Europa, el empresario percibió 12.100 euros al mes entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, una cantidad que superaba con creces los pagos estándar. Esta operación habría sido especialmente retribuida por el valor que tenía para mantener a flote a la compañía aérea en un momento de extrema dificultad económica.
Las cifras totales del presunto desfalco son elevadas. Según el escrito de defensa, las comisiones solicitadas por Ábalos y Koldo García ascienden a dos millones y medio de euros cada uno, lo que representa aproximadamente el 75% del total facturado por Aldama durante el período investigado.
Para el juicio, que se celebrará en los próximos meses, Aldama ha propuesto una treintena de testigos que podrían arrojar luz sobre las operaciones. Entre los nombres destacan Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF; Pedro Saura, antiguo secretario de Estado de Transportes; y el hijo de José Luis Ábalos, cuya presunta implicación en los hechos también está siendo investigada.
El caso, que ha generado una gran repercusión mediática, se centra en las adjudicaciones de mascarillas y material sanitario durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, cuando la escasez de equipos de protección generó una situación de emergencia que, según la investigación, fue aprovechada por una red de intermediarios y funcionarios para obtener beneficios ilícitos.
La estrategia de Aldama de confesar y colaborar contrasta con la de otros imputados, que mantienen su inocencia y preparan una defensa contundente. Los servicios legales del empresario argumentan que su comportamiento ha sido ejemplar desde que decidió colaborar, y que sin su disposición a confesar muchos de los hechos habrían permanecido ocultos.
El Tribunal Supremo deberá ahora valorar la petición de rebaja de pena y decidir si la colaboración de Aldama merece el reconocimiento que solicita su defensa. La decisión podría sentar un precedente importante en casos de corrupción donde los imputados optan por la vía de la colaboración para obtener beneficios procesales.
Mientras tanto, la presión sobre el entorno de Ábalos sigue creciendo. Las pruebas documentales y testimoniales que ha aportado Aldama, incluyendo correos electrónicos, facturas y registros de pagos, habrían sido determinantes para que la Fiscalía construyera una acusación sólida contra el exministro socialista y su círculo de confianza.
El caso ha puesto de manifiesto las debilidades en los sistemas de control de las contrataciones públicas en situaciones de emergencia, y ha generado un intenso debate político sobre la necesidad de reforzar la transparencia en la gestión de fondos públicos durante crisis sanitarias.
La sociedad española sigue con atención el desarrollo de este caso, que se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción relacionados con la gestión de la pandemia. La expectativa por conocer los detalles que saldrán a la luz durante el juicio es máxima, y la decisión sobre la rebaja de pena para Aldama será uno de los primeros hitos procesales en este complejo caso judicial.