El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lanzado una advertencia clara y contundente: si no se alcanza un acuerdo multilateral en la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), las comunidades autónomas recurrirán a los tribunales. Esta declaración, pronunciada durante un encuentro en Zaragoza con su homólogo aragonés, Jorge Azcón, y tras una reunión previa con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pone sobre la mesa una tensión institucional que podría derivar en una crisis legal sin precedentes.
Clavijo insiste en que cualquier reforma del SFA debe ser fruto de un consenso amplio entre todas las comunidades de régimen común —excluyendo Navarra y las provincias vascas, que cuentan con sus propios sistemas forales—. Para él, la vía unilateral o bilateral que parece estar considerando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, conllevaría el nacimiento de un sistema condenado al fracaso desde el primer día. "Un sistema que no cuente con el consenso de todas las partes no tendrá legitimidad ni viabilidad", afirmó el líder canario.
El fondo del asunto, sin embargo, va más allá de la técnica financiera. Se trata de una disputa política que toca el nervio de la solidaridad interterritorial, uno de los pilares del Estado de las Autonomías. Este principio establece que, independientemente de dónde resida un ciudadano español, debe tener acceso a servicios públicos de calidad comparable en todo el territorio nacional. Para garantizarlo, las comunidades más ricas —como Catalunya, Madrid o Baleares— transfieren parte de sus ingresos a las más necesitadas, como Canarias, Extremadura o Andalucía.
La propuesta que se baraja desde el Ministerio de Hacienda, según Clavijo, podría romper ese equilibrio. Se habla de conceder a Catalunya un régimen fiscal especial que le permita recaudar el 100% de los impuestos, incluido el IRPF, y luego redistribuir una parte a las demás comunidades. En términos prácticos, esto significaría que Catalunya —la segunda comunidad con mayor capacidad de recaudación— decidiría cuánto y cómo compartir sus ingresos con el resto del país. Un escenario que, para Clavijo y otros presidentes autonómicos, supone un ataque directo a la equidad territorial.
"No se puede permitir que una comunidad, por muy rica que sea, tenga el poder de decidir cuánto ayuda a las demás", señaló Clavijo. "Eso no es solidaridad, es caridad. Y el Estado no puede funcionar bajo ese modelo". Su postura refleja el temor de que, si se abre esta vía, otras comunidades podrían exigir tratos similares, desmantelando el sistema de financiación tal como lo conocemos.
La ministra Montero, por su parte, ha asegurado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que ninguna comunidad perderá recursos y que se reducirán las disparidades entre regiones. Sin embargo, los expertos advierten que estas promesas son difíciles de cumplir sin un aumento significativo de los recursos públicos o sin un cambio profundo en la estructura del sistema. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ha señalado que la cuadratura del círculo sigue siendo imposible: no se puede mantener el nivel de transferencias actuales, reducir las diferencias y, al mismo tiempo, no tocar los ingresos de las comunidades más ricas.
Clavijo no se limita a criticar. Propone una solución: un proceso de negociación abierto, transparente y participativo, en el que todas las comunidades tengan voz y voto. "No se trata de imponer, sino de construir", dijo. "El nuevo sistema debe ser justo, sostenible y, sobre todo, aceptado por todos".
La tensión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas no es nueva, pero esta vez el riesgo es mayor. Si la ministra Montero decide avanzar con una reforma unilateral, podría desencadenar una oleada de recursos judiciales que paralizarían el sistema durante años. Y eso, en un contexto de creciente presión fiscal y necesidad de inversión en servicios públicos, sería un golpe duro para la estabilidad del país.
En el fondo, lo que está en juego no es solo dinero, sino el modelo de Estado. ¿Queremos un sistema basado en la cooperación y la equidad, o en la negociación individual y la competencia entre regiones? La respuesta a esa pregunta definirá no solo el futuro de la financiación autonómica, sino también el de la cohesión nacional.
Mientras tanto, Clavijo y otros presidentes autonómicos se preparan para la batalla. Ya han comenzado a coordinarse, a intercambiar argumentos jurídicos y a buscar apoyos parlamentarios. La guerra no será solo política, sino también legal. Y si no hay acuerdo, los tribunales tendrán la última palabra.