El FC Barcelona vive una nueva jornada judicial en el caso Negreira. Este viernes, tres figuras clave del club azulgrana han prestado declaración ante la juez de instrucción número 13 de Barcelona, encargada de investigar los polémicos pagos realizados por el club a José María Enríquez Negreira, histórico vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros español. Las cantidades desembolsadas, que superan los ocho millones de euros entre 2001 y 2018, han levantado serias sospechas sobre una posible corrupción sistémica en el ámbito del arbitraje nacional.
La jornada ha contado con testimonios de distinto calibre. Por un lado, Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha acudido personalmente a los juzgados de la Ciudad de la Justicia barcelonesa. Por otro, los exentrenadores Ernesto Valverde y Luis Enrique han comparecido de forma remota desde Bilbao y París, respectivamente. Sus declaraciones, recogidas por fuentes judiciales, dibujan un escenario donde la directiva y el cuerpo técnico parecen haber tenido niveles de conocimiento muy diferentes sobre estas controvertidas transacciones.
Durante su intervención, que se ha prolongado aproximadamente una hora, Laporta ha reconocido la existencia de los informes encargados a Negreira, pero los ha enmarcado dentro de una dinámica preexistente. Según su versión, cuando accedió a la presidencia del club en 2003, la comisión deportiva le informó de que se trataba de un servicio de asesoramiento técnico y de scouting sobre colegiados que resultaba beneficioso para la entidad. El mandatario ha insistido en que estos pagos no pasaban por el consejo de administración por no superar el umbral económico establecido para ello, lo que explicaría su mantenimiento durante años.
La postura de Laporta ha sido tajante respecto a las implicaciones de los pagos. "En absoluto nos beneficiaron", ha declarado ante la magistrada, defendiendo la excelencia deportiva del equipo basada únicamente en la calidad de sus plantillas. El presidente ha enfatizado que el Barcelona "era un ejemplo en el mundo" por el nivel de sus futbolistas, desvinculando cualquier éxito deportivo de los servicios de Negreira.
En contraste con la declaración del presidente, los dos técnicos han mostrado una desconexión total con estos informes. Ernesto Valverde, que dirigió al primer equipo entre 2017 y 2020, ha sido categórico: "No los he visto, no sé si existen y además me daban igual". Esta declaración coindice con el testimonio que ya prestó ante la Guardia Civil en fases anteriores de la investigación, reforzando su postura de desconocimiento absoluto.
Por su parte, Luis Enrique, entrenador del Barcelona entre 2014 y 2017, ha manifestado que "no tenía conocimiento" de la existencia de estos documentos. El asturiano ha negado rotundamente haberlos utilizado o siquiera haber tenido acceso a ellos durante su etapa al frente del banquillo azulgrana. Esta unanimidad en las negativas de los técnicos plantea interrogantes sobre la verdadera utilidad y alcance de los informes dentro de la estructura deportiva del club.
El caso Negreira, que instruye la juez desde marzo de 2023, se fundamenta en una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil. La investigación busca determinar si los pagos realizados a las sociedades instrumentales de Negreira y su hijo constituyeron una retribución ilegítima destinada a influir en las decisiones arbitrales a favor del Barcelona.
La Fiscalía sostiene que durante casi dos décadas, el club mantuvo una relación contractual con el exárbitro que podría haber generado una corrupción sistémica dentro del Comité Técnico de Árbitros. La hipótesis del ministerio público apunta a que estos informes podrían haber sido una fachada para encubrir sobornos que garantizaran un trato favorable a los intereses del club en los terrenos de juego.
La declaración de este viernes forma parte de la estrategia de la investigación para esclarecer el motivo de los pagos y quiénes en la organización del Barcelona tenían conocimiento de su existencia y finalidad. La distancia entre la versión de Laporta, que reconoce y justifica los informes, y la de los entrenadores, que los desconocen por completo, crea un vacío de responsabilidad que la juez deberá analizar en profundidad.
El contexto temporal de los hechos también resulta relevante. Los pagos se extendieron desde 2001 hasta 2018, cubriendo diferentes etapas presidenciales y técnicas. Durante este período, el Barcelona conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales, todos los cuales ahora se ven ensombrecidos por las sospechas de irregularidades en el proceso de adjudicación arbitral.
La defensa del club, encabezada por Laporta, mantiene que se trató de un servicio legal y común en el mundo del fútbol profesional. Sin embargo, la justicia investiga si este tipo de contrataciones, realizadas con un directivo del órgano rector de los árbitros, vulneran los principios de integridad y transparencia del deporte.
El testimonio de los tres protagonistas de este viernes añade una nueva capa de complejidad al caso. Mientras la directiva justifica los gastos como una práctica heredada y técnicamente válida, el cuerpo técnico desvincula su trabajo de cualquier influencia arbitral externa. Esta dicotomía refleja la estructura jerárquica del club, donde las decisiones administrativas y las deportivas operan en ámbitos separados.
La juez de instrucción deberá valorar estas contradicciones y determinar si el desconocimiento de los entrenadores exime de responsabilidad a la estructura deportiva o si, por el contrario, evidencia una falta de control en la gestión de recursos del club. La investigación continúa su curso, con la expectativa de nuevas comparecencias y evidencias que puedan arrojar luz sobre uno de los escándalos más graves que ha afectado al fútbol español en las últimas décadas.
El impacto de este caso trasciende el ámbito puramente judicial. La reputación del FC Barcelona, una de las entidades más prestigiosas del deporte mundial, se ve seriamente cuestionada. Las instituciones futbolísticas, tanto a nivel nacional como internacional, observan con preocupación el desarrollo de una investigación que podría tener consecuencias sin precedentes en la gobernanza del deporte rey.
Mientras la justicia sigue su curso, el club se enfrenta al reto de demostrar que sus éxitos deportivos fueron fruto exclusivo del talento de sus jugadores y la excelencia de su proyecto, sin influencias indebidas en el terreno de juego. Las declaraciones de este viernes, lejos de cerrar el debate, abren nuevas interrogantes sobre la transparencia y la ética en la gestión del fútbol profesional.