Este domingo, Ecuador se prepara para un referendo que podría marcar un punto de inflexión en su historia política reciente. El presidente Daniel Noboa, de perfil conservador, pone en juego buena parte de su proyecto de gobierno con cuatro propuestas que buscan reconfigurar profundamente el sistema institucional y de seguridad del país. Más de 13 millones de ciudadanos están convocados a emitir su voto, en un escenario marcado por la inseguridad y la creciente influencia de Estados Unidos en la región.
La pregunta más polémica del referendo es la que busca derogar la prohibición constitucional de 2008 que impide la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. La Constitución, impulsada por Rafael Correa, establece que Ecuador es un "territorio de paz" y prohíbe expresamente dichas instalaciones. Esta norma llevó al cierre de la base estadounidense en Manta, ubicada en una zona estratégica para el control del tráfico de drogas en el Pacífico.
Noboa defiende el "sí" a esta medida como un paso necesario para fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad. El contexto actual es crítico: el primer semestre de 2025 ha registrado más de 4.500 homicidios, muchos de ellos vinculados a bandas narcotraficantes que operan con impunidad en la costa. El gobierno considera que la presencia de fuerzas extranjeras, especialmente de EE.UU., puede ser clave para revertir esta tendencia.
Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte oposición. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y partidos de izquierda han convocado a votar "no", argumentando que el retorno de militares estadounidenses amenaza la soberanía nacional y podría desencadenar tensiones regionales. Estos grupos temen que la alianza militar con Washington abra la puerta a intervenciones en países vecinos, como Venezuela, especialmente tras el anuncio reciente de la "Operación Lanza del Sur" por parte del Comando Sur de EE.UU.
Además de la cuestión militar, el referendo incluye otras tres propuestas. Una de ellas busca reformar la ley de partidos políticos, eliminando el financiamiento público para campañas electorales. Esta medida busca reducir la corrupción y fomentar la transparencia, pero también podría debilitar a partidos pequeños que dependen de ese apoyo estatal.
Otra pregunta se enfoca en la reforma del sistema judicial, con el objetivo de acelerar los procesos y mejorar la eficiencia de la justicia. La última propuesta busca modificar el régimen de extradición, permitiendo que ciudadanos ecuatorianos sean entregados a otros países por delitos como el narcotráfico, algo que actualmente está prohibido por la Constitución.
El gobierno de Noboa ve en este referendo una oportunidad para consolidar su agenda de seguridad y modernización institucional. Pero también es una prueba de fuego: si las propuestas son rechazadas, podría debilitar su autoridad y complicar su gestión en los próximos años. Por el contrario, una victoria en las urnas le daría un impulso político significativo, especialmente si logra alinear a Ecuador con la política exterior de Estados Unidos.
La participación ciudadana será clave. Aunque el voto es obligatorio, muchos ecuatorianos aún dudan sobre cómo pronunciarse. Las campañas a favor y en contra han intensificado sus esfuerzos en las últimas semanas, con mensajes que van desde el miedo a la pérdida de soberanía hasta la esperanza de una reducción de la violencia.
En un contexto regional marcado por la inestabilidad y el creciente poder del narcotráfico, el referendo ecuatoriano no es solo un asunto interno. Tiene implicaciones geopolíticas que podrían influir en la dinámica de seguridad en América Latina. La decisión de los ecuatorianos este domingo podría definir no solo el futuro de su país, sino también su lugar en el escenario internacional.