En un encuentro significativo para el futuro del sistema judicial español, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Luisa González, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Perelló, han sellado un compromiso renovado de colaboración institucional. Ambas líderes han coincidido en la necesidad de trabajar de forma coordinada para hacer frente a los profundos cambios que está experimentando la Administración de Justicia, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley 1/2025, una norma que está redefiniendo la organización y el funcionamiento del sistema jurídico español.
Durante la reunión, celebrada en las instalaciones del Consejo General de la Abogacía, se repasaron las acciones conjuntas desarrolladas a lo largo del año, que incluyen múltiples encuentros técnicos y estratégicos. Estos espacios han servido para abordar no solo los ajustes operativos derivados de la nueva ley, sino también para identificar oportunidades de mejora en la relación entre jueces, magistrados y abogados. La voluntad compartida es que esta colaboración no sea puntual, sino estructural, con el objetivo de monitorear de forma continua la implementación de la normativa y corregir desajustes en tiempo real.
Uno de los pilares centrales de esta alianza es la formación continua de los profesionales jurídicos. En el primer semestre del año, ambas instituciones ya pusieron en marcha dos ciclos formativos conjuntos centrados en la reforma organizativa de la Ley 1/2025. Estos programas, diseñados con un enfoque práctico y actualizado, contaron con una participación masiva: más de 19.000 abogados y un número considerable de magistrados y magistradas de todo el país. Esta cifra no solo refleja el interés del colectivo profesional, sino también la necesidad de contar con herramientas claras y accesibles para adaptarse a los nuevos procedimientos y estructuras judiciales.
La presidenta del CGPJ, María Luisa González, aprovechó la ocasión para expresar su reconocimiento a Victoria Perelló por la labor de la Abogacía en la defensa de los intereses de los profesionales y de la ciudadanía. En concreto, agradeció la sensibilidad mostrada por el Consejo General de la Abogacía ante situaciones de emergencia, como la DANA en Valencia o el apagón eléctrico que afectó a varias regiones. En ambos casos, la Abogacía presentó peticiones formales para la suspensión de plazos procesales, y el CGPJ las atendió, demostrando una capacidad de respuesta ágil y empática ante circunstancias excepcionales que afectan al ejercicio de la justicia.
Perelló, por su parte, destacó la importancia de mantener un diálogo constante y constructivo entre las instituciones. “La justicia no puede funcionar en silos. Necesitamos que jueces, abogados y administradores trabajen en sintonía para garantizar que la ley se aplique con eficacia, equidad y respeto a los derechos de todos los ciudadanos”, afirmó durante el encuentro. Su intervención subrayó la necesidad de que la reforma no quede en el papel, sino que se traduzca en mejoras tangibles para los usuarios del sistema judicial.
La firma de Perelló en el libro de honor de la Abogacía Española fue un gesto simbólico que refuerza el compromiso de ambas instituciones con el diálogo y la cooperación. Este acto no es meramente protocolario: representa el reconocimiento mutuo de la importancia de cada institución en la construcción de una justicia más moderna, accesible y eficiente.
Además de los temas legales y formativos, ambos presidentes abordaron la necesidad de mejorar la comunicación entre las partes. Se acordó establecer canales de información más fluidos, con el fin de evitar malentendidos y garantizar que todas las partes estén al tanto de los cambios normativos y organizativos. También se planteó la posibilidad de crear grupos de trabajo conjuntos, con representantes de ambos organismos, para abordar cuestiones específicas como la digitalización de los procesos, la gestión de la carga de trabajo o la mejora de los servicios al ciudadano.
La colaboración entre el CGPJ y la Abogacía no es nueva, pero la entrada en vigor de la Ley 1/2025 ha añadido una nueva dimensión a esta relación. La norma, que introduce cambios estructurales en la organización de los órganos judiciales, requiere una adaptación coordinada de todos los actores involucrados. En este contexto, la alianza entre ambas instituciones se convierte en un factor clave para garantizar que la transición sea lo más fluida y efectiva posible.
En definitiva, el encuentro entre González y Perelló marca un punto de inflexión en la relación entre el poder judicial y la profesión de la abogacía. Más allá de los acuerdos concretos, lo que se ha consolidado es una cultura de colaboración, basada en el respeto mutuo y en el compromiso compartido con la mejora de la justicia. En un momento en el que el sistema judicial enfrenta retos sin precedentes —desde la digitalización hasta la gestión de crisis sociales y naturales—, esta alianza institucional puede convertirse en un modelo a seguir para otros países y sectores.
La esperanza es que esta colaboración no se limite a las cúpulas institucionales, sino que se extienda a todos los niveles del sistema, desde los juzgados de primera instancia hasta los despachos de abogados. Solo así será posible construir una justicia verdaderamente moderna, eficiente y centrada en las personas.