La trayectoria profesional de Vicente Fernández Guerrero ha dado un giro radical en apenas una semana. Este malagueño de 51 años, que hasta hace poco ocupaba la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha pasado de la exoneración judicial a convertirse en uno de los protagonistas de una nueva investigación anticorrupción. El pasado viernes 5 de diciembre, la Audiencia Provincial de Sevilla le notificaba su absolución en el proceso por el presunto amaño del concurso de la mina de Aznalcóllar. Sin embargo, este miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le colocaba esposas en el marco de una operación ordenada por la Audiencia Nacional.
El caso ha generado conmoción en los círculos políticos y empresariales del país, no solo por la rapidez con la que se suceden los acontecimientos, sino por las conexiones que vinculan a Fernández con la cúpula del PSOE andaluz y nacional. Su nombre, hasta ahora conocido principalmente en ámbitos de la administración pública, ha saltado a la primera línea de la actualidad por su implicación en una trama que la Fiscalía Anticorrupción investiga con lupa.
La vinculación con María Jesús Montero
El principal aval político de Vicente Fernández ha sido siempre María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno de España y secretaria general del PSOE andaluz. La relación profesional entre ambos se remonta a 2016, cuando Fernández fue nombrado interventor general de la Junta de Andalucía, puesto que desempeñó hasta junio de 2018. Durante ese periodo, Montero ejercía como consejera de Hacienda de la Junta en el último ejecutivo presidido por Susana Díaz.
La confianza mutua fue tal que, cuando Montero accedió al Ministerio de Hacienda en junio de 2018, no dudó en colocar a su mano derecha al frente de SEPI, el holding público que controla participaciones estratégicas en empresas como Correos, Navantia, RTVE o EFE. Esta decisión situaba a Fernández en la órbita de mayor responsabilidad empresarial del Estado, gestionando un conglomerado con intereses en múltiples sectores clave para la economía nacional.
Sin embargo, su paso por la presidencia de SEPI resultó efímero. En octubre de 2019, apenas quince meses después de su nombramiento, presentó su dimisión tras ser imputado en el caso Aznalcóllar. Un paso que, ahora sabemos, no le ha librado de los tribunales, aunque sí le ha exonerado de esa primera causa.
El caso Aznalcóllar y la absolución
La mina de Aznalcóllar, situada en Sevilla, ha sido protagonista de uno de los mayores litigios mineros de las últimas décadas en España. La adjudicación de su explotación estuvo rodeada de polémica y acabó en los juzgados. Vicente Fernández, en su etapa como alto cargo de la Junta de Andalucía, fue uno de los 16 funcionarios y ex altos cargos imputados por presuntas irregularidades en el concurso.
El pasado viernes, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla dictaminó la absolución de todos los acusados, incluido Fernández. La sentencia consideró que no existían pruebas suficientes para demostrar que hubiera habido manipulación en el proceso de adjudicación. Para el ex presidente de SEPI, esta resolución representaba el cierre de un capítulo judicial que había marcado su carrera desde 2019.
No obstante, la alegría duró poco. La nueva detención ha vuelto a poner su nombre en el punto de mira, esta vez por motivos distintos que apuntan a una trama más compleja y con ramificaciones en el propio partido socialista.
La operación de la UCO y Leire Díez
El miércoles, agentes de la UCO detuvieron a Vicente Fernández junto a Leire Díez, conocida mediáticamente como la 'fontanera' del PSOE. Esta operación, dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, investiga presuntas actividades ilícitas relacionadas con la obtención de información confidencial de causas judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La conexión entre ambos detenidos no es nueva. Durante el juicio de Aznalcóllar, Leire Díez ya había contactado con Fernández para ofrecerle asistencia. Según versiones conocidas, su labor consistía en investigar, por iniciativa propia o bajo las órdenes de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, supuestos trapos sucios de miembros de la UCO que investigaban causas que afectaban al entorno del líder socialista.
Además de Fernández, Díez había mantenido conversaciones con otros letrados de la defensa, inquiriendo sobre instrucciones de macrocausas de corrupción como el caso ERE, que salpicó a decenas de ex altos cargos socialistas andaluces. Esta red de contactos ha desembocado en la actual investigación que ha puesto tras las rejas al ex presidente de SEPI.
El papel de interventor general
Antes de su salto a la empresa pública, Vicente Fernández ocupó la Intervención General de la Junta de Andalucía, el órgano superior de control interno y contabilidad pública de la comunidad autónoma. En 2018, esta institución supervisaba un presupuesto cercano a los 35.000 millones de euros, lo que otorgaba a su titular un poder de fiscalización enorme sobre la gestión económica andaluza.
Desde esta posición, Fernández tenía acceso a información sensible sobre contratos, adjudicaciones y gasto público. Su experiencia en este puesto fue precisamente lo que le valió la confianza de Montero para ascenderle a SEPI, aunque también es lo que le convirtió en objetivo de investigaciones judiciales relacionadas con decisiones administrativas controvertidas.
Implicaciones políticas y empresariales
La caída de Vicente Fernández no es un hecho aislado. Su detención ha sacudido los cimientos de la empresa pública española y ha generado interrogantes sobre los procesos de selección de altos cargos. SEPI, como entidad que gestiona participaciones en empresas estratégicas, requiere máxima transparencia y solvencia en sus dirigentes, cualidades que ahora se cuestionan.
Por otro lado, la vinculación con figuras clave del PSOE como María Jesús Montero y Santos Cerdán ha convertido este caso en un arma arrojadiza en el debate político. La oposición ya ha exigido explicaciones sobre los criterios de designación y el control de las personas de confianza en puestos de tanta responsabilidad.
El tiempo dirá si esta nueva investigación confirma las sospechas de la Fiscalía o si, como ocurrió con Aznalcóllar, acaba en absolución. Mientras tanto, la figura de Vicente Fernández simboliza la complejidad de la política española, donde la amistad, la confianza y la gestión pública se entrelazan en una madeja que los tribunales deben desenredar.