La Moncloa vive momentos de tensión ante la declaración judicial de Leire Díez y Javier Pérez Dolset, dos figuras clave en el entramado de la investigación sobre las supuestas saunas del suegro del presidente Pedro Sánchez. Ambos comparecerán ante el juez Arturo Zamarriego en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, y sus testimonios podrían desencadenar una nueva crisis política en el seno del Partido Socialista.
Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE por su papel en la filtración de documentos internos, ya adelantó en una entrevista televisiva que Óscar López y Antonio Hernando investigaron las saunas del suegro de Sánchez durante las primarias del partido en 2017. Según sus declaraciones, estos contactos están registrados en las agendas del excomisario José Manuel Villarejo, cuyos archivos ahora están en manos de Pérez Dolset.
La relevancia de este caso radica en que tanto López como Hernando ocupan actualmente cargos de alto nivel en el Gobierno. López, hasta septiembre de 2024, fue director del Gabinete de Pedro Sánchez y actualmente es secretario general del PSOE en Madrid. Hernando, por su parte, es secretario de Estado de Telecomunicaciones y fue adjunto de Sánchez en Moncloa. Ambos fueron parte del equipo que apoyó a Patxi López en su candidatura a la secretaría general del partido en 2017, una carrera interna que terminó con la victoria de Sánchez.
La investigación de Villarejo, que se centró en los negocios del suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez, ha sido objeto de múltiples filtraciones y especulaciones. Según Díez, hubo un intento de utilizar esta información como arma política durante las primarias, lo que se conoce como 'fuego amigo' dentro del partido. Esta acusación, si se confirma en sede judicial, podría dañar seriamente la imagen de los implicados y generar una crisis de confianza en el entorno más cercano del presidente.
Javier Pérez Dolset, empresario y exsocio de Villarejo, posee gran parte de las grabaciones y anotaciones del excomisario. Su declaración ante el juez podría aportar nuevos datos sobre el alcance de estas investigaciones y la participación de altos cargos del PSOE. La Fiscalía ya ha mostrado interés en esclarecer si hubo una manipulación de información con fines políticos, lo que podría derivar en responsabilidades penales.
El caso también ha generado reacciones en el Congreso. Patxi López, actual portavoz del PSOE en la Cámara Baja y candidato en las primarias de 2017, fue preguntado sobre las acusaciones y respondió con escepticismo: "No leo EL ESPAÑOL. Si tienen pruebas, al juzgado". Esta respuesta evita cualquier comentario directo sobre el contenido de las acusaciones, pero refleja la cautela con la que el partido está manejando el asunto.
El contexto político es especialmente delicado, ya que el Gobierno de Sánchez enfrenta múltiples desafíos, desde la gestión de la economía hasta la estabilidad de la coalición con Unidas Podemos. Cualquier escándalo interno podría debilitar su posición y abrir la puerta a nuevas tensiones en el seno del partido.
Además, el caso tiene un componente ético y moral que va más allá de la política partidista. La gestión de locales relacionados con la prostitución por parte de la familia del presidente, mientras este ocupaba un cargo público con un programa contra la prostitución, ha generado críticas de la oposición y de la sociedad civil. Aunque no se ha demostrado ninguna ilegalidad, la percepción de conflicto de intereses puede erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.
La declaración de Leire Díez y Javier Pérez Dolset podría ser el punto de inflexión en este caso. Si confirman las acusaciones sobre la investigación de las saunas y la participación de López y Hernando, el PSOE podría verse obligado a tomar medidas disciplinarias. Por el contrario, si sus testimonios no aportan nuevas pruebas, el caso podría quedar en el limbo de las especulaciones.
En cualquier caso, la justicia tendrá la última palabra. El juez Zamarriego deberá evaluar la veracidad de las declaraciones y determinar si hubo una manipulación de información con fines políticos. Mientras tanto, la Moncloa mantiene una actitud de espera, consciente de que cualquier movimiento en falso podría tener consecuencias imprevisibles.
Este caso no solo pone en entredicho la integridad de algunos de los colaboradores más cercanos al presidente, sino que también plantea una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto se puede utilizar la información privada de los rivales políticos como arma en la lucha por el poder? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro de la política española en los próximos años.