El escritor y colaborador Benjamín Prado ha lanzado una dura advertencia sobre la creciente tendencia de los políticos a adelantar información judicial en los medios de comunicación. En su última intervención en el programa La Roca, Prado no ha dudado en comparar las recientes declaraciones de Cuca Gamarra con las polémicas filtraciones del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
El análisis surge tras las afirmaciones de la dirigente del Partido Popular a principios de semana, cuando aseguró que se producirían nuevas detenciones dentro del PSOE en los días siguientes, especialmente cercanas al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una predicción que, finalmente, no se ha cumplido y que ha desatado un intenso debate sobre la responsabilidad de los representantes públicos al difundir anticipaciones sobre investigaciones judiciales.
La analogía con los videntes: ¿predicción o filtración?
La frase más contundente de Prado ha sido sin duda la comparación directa con figuras mediáticas del mundo de la videncia: "Cuca Gamarra y Miguel Ángel Rodríguez o son los nuevos Aramis Fuster y Rappel o les están pasando desde detrás cierta información". Esta metáfora no busca ridiculizar, sino poner de manifiesto la gravedad de un comportamiento que, según el analista, debería estar fuera del ámbito de actuación de cualquier político.
La referencia a Miguel Ángel Rodríguez no es casual. En octubre de 2024, el entonces portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid utilizó su perfil en la red social X para adelantar la supuesta imputación inminente del fiscal general del Estado. Un hecho que, al igual que ocurre ahora con Gamarra, generó una fuerte controversia sobre el uso partidista de información sensible y el respeto a la presunción de inocencia.
Para Prado, estas conductas no son simples errores o declaraciones aisladas, sino síntomas de una tendencia preocupante en la política española actual. La costumbre de convertir en espectáculo mediático los procedimientos judiciales antes de que se produzcan erosiona los cimientos del Estado de derecho y genera una percepción pública de que la justicia puede ser instrumentalizada.
El peligro de politizar la justicia
El colaborador de LaSexta ha extendido su crítica más allá de estas dos figuras concretas, recordando otras declaraciones recientes que ponen en cuestión la independencia del poder judicial. En este sentido, ha citado las palabras del portavoz del Senado del Partido Popular, quien afirmó tener "controlada" la sala segunda del Tribunal Supremo, una afirmación que generó enorme polémica en su momento.
Asimismo, Prado ha puesto el foco en las recientes declaraciones de Enrique López, una de las personas de máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que el 90% de la carrera judicial avala y sigue al Partido Popular. "No son declaraciones que creo que le hagan bien a la separación de poderes", ha opinado tajantemente el escritor.
Estas afirmaciones, según el analista, reflejan una mentalidad que considera la justicia como un terreno de conquista política en lugar de un poder independiente del Estado. La idea de que un partido pueda "controlar" o "tener aval" por parte de jueces y fiscales representa una amenaza directa a uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia.
La diferencia entre periodismo y filtración política
Uno de los argumentos centrales del análisis de Benjamín Prado radica en establecer una clara distinción entre la labor informativa de los periodistas y las filtraciones realizadas por políticos. "La diferencia entre que filtre una noticia un periodista o la filtre Cuca Gamarra o quien sea es que el trabajo del periodista es filtrar información; de eso vivimos. Es nuestra obligación, un político no lo debe hacer", ha reflexionado.
Esta diferenciación es crucial para entender el problema. Los medios de comunicación tienen como función precisamente investigar, contrastar y publicar información de interés público, siempre dentro del marco legal y ético que garantiza la veracidad y el respeto a los derechos fundamentales. En cambio, cuando un político filtra información judicial, lo hace desde una posición de poder que puede influir en el proceso y con objetivos partidistas claros.
El riesgo, según Prado, es doble. Por un lado, se genera una presión mediática que puede condicionar las decisiones judiciales. Por otro, se crea una percepción de parcialidad en la ciudadanía, que puede llegar a pensar que la justicia no es independiente, sino que responde a intereses políticos.
El contexto de las elecciones en Extremadura
Paralelamente a este debate, el programa también ha seguido la actualidad electoral en Extremadura, donde Ana Pastor ha informado desde la sede del Partido Popular sobre la evolución de los comicios autonómicos. Los datos de participación a las seis de la tarde mostraban una ligera caída respecto a las elecciones de 2023, y los primeros indicios apuntaban a movimientos en los tradicionales "feudos de la izquierda".
Aunque esta información electoral parece desconectada del análisis de Prado, ambos temas comparten un denominador común: la estrategia comunicativa de los partidos políticos y su relación con la realidad objetiva. En un caso, se trata de anticipar acontecimientos judiciales que no se materializan; en el otro, de interpretar datos electorales que aún están en desarrollo.
Consecuencias para la democracia
La reflexión de Benjamín Prado invita a considerar las consecuencias a largo plazo de estas prácticas. Cuando los políticos se convierten en videntes judiciales, no solo falsean la realidad inmediata, sino que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. La separación de poderes deja de ser un principio abstracto para convertirse en una herramienta política más.
El analista insiste en que este fenómeno no es exclusivo de un partido, aunque las ejemplificaciones recientes provienen del Partido Popular. La tentación de utilizar la justicia como arma arrojadiza existe en toda la clase política, y requiere una respuesta firme tanto desde los propos partidos como desde la sociedad civil.
La solución, según Prado, pasa por recuperar el rigor institucional y el respeto a los procedimientos. Los políticos deben centrarse en su labor legislativa y de gobierno, y dejar que la justicia actúe con independencia. Los medios, por su parte, deben mantener su rol de contrapeso, investigando y publicando, pero sin convertirse en altavoces de filtraciones interesadas.
Una advertencia necesaria
El análisis de Benjamín Prado llega en un momento especialmente delicado para la política española, donde la polarización y la judicialización de la política han alcanzado niveles preocupantes. Su llamada a la reflexión sobre la separación de poderes y el uso responsable de la información no es solo una crítica puntual, sino una advertencia sobre la salud de nuestra democracia.
La comparación con Aramis Fuster y Rappel, lejos de ser un simple recurso humorístico, sirve para poner en evidencia el absurdo de la situación: cuando los políticos se convierten en adivinos de la justicia, algo fundamental está fallando en nuestro sistema. La pregunta que queda en el aire es si esta tendencia se revertirá o, por el contrario, se consolidará como una nueva forma de hacer política en España.
Lo que está claro, según el analista, es que la ciudadanía debe estar alerta y exigir a sus representantes un comportamiento ético y respetuoso con las instituciones. Solo así se podrá preservar la esencia de un Estado democrático donde la justicia sea realmente independiente y la política no se convierta en un circo de predicciones y filtraciones interesadas.