En un caso que ha generado gran atención mediática y judicial, la Guardia Civil ha revelado que Antxon Alonso, administrador de la empresa Servinabar y socio de Santos Cerdán, vendió en diciembre de 2016 un 4% de su sociedad a un menor de edad. El comprador, Aritz Santamaría, tenía entonces solo 16 años y es hijo de Joseba Santamaría, director del Diario de Noticias de Navarra, un medio con una clara orientación editorial afín a Geroa Bai y a la expresidenta navarra Uxue Barkos.
La operación, por un monto simbólico de 2.000 euros y sin rastro de transferencia bancaria, fue detectada durante la investigación del caso Koldo, que investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas en Navarra. Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) remitido al Tribunal Supremo, la compraventa se formalizó el 12 de diciembre de 2016, y otorgó a Aritz Santamaría 120 participaciones en la sociedad.
Lo que añade más intriga al caso es que, según los registros del móvil de Antxon Alonso, al día siguiente de la firma del contrato, el empresario tenía agendada una cita con Joseba Santamaría en un bar de Pamplona. Esta coincidencia temporal ha levantado sospechas sobre posibles vínculos estratégicos entre el mundo empresarial y el periodístico en Navarra.
Servinabar, la empresa en cuestión, ha sido beneficiaria de más de 15 millones de euros en contratos públicos durante la etapa de gobierno de Uxue Barkos. Estos incluyen proyectos de vivienda protegida y reformas de edificios públicos, lo que ha puesto bajo lupa la transparencia en la adjudicación de obras en la región.
Pero la conexión no termina ahí. En Alegure, una sociedad vinculada a Servinabar y con domicilio social compartido, figura como accionista Iñaki Alzaga, consejero delegado del Grupo Noticias —el mismo grupo que edita el Diario de Noticias—. Alegure fue adjudicataria de un contrato de 2,63 millones de euros para la construcción de un colegio público, lo que refuerza la sospecha de una red de intereses entrelazados entre medios, empresas y administración pública.
Iñaki Alzaga, además de su rol en el Grupo Noticias, es presidente de Nortegas y exdirectivo de Euskaltel, lo que amplía el espectro de influencia de estas conexiones empresariales.
Aritz Santamaría, hoy con 25 años, ha seguido una trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación. Actualmente trabaja como periodista en Naiz, el periódico digital de Gara, un medio con una clara orientación independentista vasca. También ha colaborado con Euskalerria Irratia, EiTB y eldiario.es. Además, es director de comunicación de Euskaltzaleen Topagunea, una asociación que promueve la normalización del euskera como parte de un movimiento social más amplio.
La venta de acciones a un menor de edad plantea serias dudas sobre la legalidad y la intencionalidad de la operación. En España, los menores no pueden ejercer plenamente sus derechos patrimoniales sin representación legal, lo que hace que esta transacción sea, como mínimo, inusual y potencialmente irregular. La Guardia Civil continúa investigando si esta operación fue un mero trámite formal o si esconde una estrategia para canalizar beneficios o influencias de forma encubierta.
Este caso no solo pone en entredicho la ética empresarial, sino también la transparencia en la gestión pública. La vinculación entre medios de comunicación, empresas adjudicatarias y figuras políticas genera un entorno propicio para la sospecha de favoritismos y conflictos de interés. La sociedad civil y las instituciones judiciales esperan ahora que se esclarezcan los hechos y que se determine si hubo violación de la ley o simplemente una operación mal concebida.
En un contexto donde la confianza en las instituciones públicas está en entredicho, casos como este deben ser investigados con rigor y transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber si los contratos públicos se adjudican por mérito o por conexiones personales. La UCO y el Tribunal Supremo tienen ahora en sus manos la responsabilidad de esclarecer si esta operación fue una anomalía aislada o parte de un sistema más amplio de interrelaciones opacas.
Mientras tanto, Aritz Santamaría continúa su carrera en el periodismo, y Antxon Alonso sigue siendo un actor relevante en el panorama empresarial navarro. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué papel jugaron realmente estas conexiones en la adjudicación de contratos públicos? Y, sobre todo, ¿quién se benefició realmente de esta operación?