De héroe a investigado: la caída de Plus Ultra en Canarias
Hace apenas cinco años, Plus Ultra era sinónimo de esperanza para los canarios. En plena crisis sanitaria global, la aerolínea logró lo que parecía imposible: conectar directamente Canarias con China para traer material de protección esencial. Hoy, esa misma compañía está en el centro de una tormenta judicial que ha llevado a la detención de sus principales ejecutivos y al registro de sus instalaciones. La paradoja resume una historia de éxitos, fracasos y polémica en el archipiélago, donde la línea entre colaboración empresarial y favoritismo institucional se ha vuelto cada vez más difusa.
Los vuelos que salvaron vidas
En marzo de 2020, cuando el mundo se paralizaba y los hospitales canarios escaseaban de equipos básicos, Plus Ultra materializó una gesta logística. La compañía operó tres vuelos directos sin escalas desde China hasta Gran Canaria, transportando toneladas de material sanitario para combatir la covid-19. El primero de estos aviones, un Airbus repleto de equipos de protección, aterrizó en el archipiélago como un símbolo de salvación en uno de los momentos más críticos de la pandemia.
El coste de cada operación ascendió a 375.000 euros, una cifra que, según los responsables, resultó excepcionalmente baja para las circunstancias. El entonces presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, celebró públicamente la iniciativa como un hito histórico para la aviación regional y un alivio crucial para un sistema sanitario al borde del colapso. La operativa fue presentada como un modelo de eficiencia y colaboración público-privada en tiempos de crisis extrema, generando un halo de prestigio para la aerolínea que resultaría efímero.
El artífice: Óscar Trujillo Ledezma
En el corazón de esta operación se encontraba Óscar Trujillo Ledezma, empresario canario de origen venezolano con una trayectoria aeronáutica controvertida. Fundador de One Airways, Trujillo había promovido años atrás el ambicioso proyecto de Canarian Airways, una aerolínea concebida para conectar las islas con la península y destinos internacionales.
El plan de Canarian Airways contaba inicialmente con el respaldo de poderosos empresarios hoteleros tinerfeños, liderados por Jorge Marichal, presidente de la patronal turística. Las instituciones también mostraron interés: el Cabildo de Tenerife y el Gobierno autonómico, a través de Sodecan, barajaron participaciones accionariales. Sin embargo, el proyecto se desinfló cuando las administraciones dieron marcha atrás, dejando a Trujillo con una iniciativa fallida que generó dudas sobre su capacidad de gestión y su relación con el poder público.
El vínculo institucional: Antonio Olivera
La conexión entre el ejecutivo canario y Plus Ultra en plena pandemia fue Antonio Olivera, entonces viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias. Olivera, considerado el interlocutor directo de Torres con el sector empresarial, contactó con Trujillo el 18 de marzo de 2020 para plantearle el reto de organizar los envíos desde China.
La relación entre ambos quedó expuesta cuando Trujillo compareció como primer testigo en la comisión de investigación del Parlamento canario sobre las contrataciones urgentes durante la crisis sanitaria. Allí, el empresario defendió la operativa y avaló la buena fe con la que actuó la administración autonómica, generando un intenso debate sobre los criterios de selección de contratistas en emergencias y la falta de concursos públicos.
Un éxito logístico o una operación irregular?
Durante su declaración, Trujillo describió las circunstancias como «muy complicadas» y calificó los vuelos de éxito logístico. Admitió que asumir el reto pudo haber sido casi «un suicidio empresarial», dado el riesgo de que los aviones regresaran vacíos sin garantías económicas. No obstante, insistió en que su motivación fue alinearse con el interés general y colaborar con las autoridades en un momento crítico y desesperado.
El empresario rechazó la figura de mero intermediario, argumentando que limitarse a esa función habría hecho fracasar la misión. Su intervención directa, aseguró, fue crucial para que el material llegara a tiempo y a un coste razonable. Esta afirmación, sin embargo, ha sido cuestionada por la oposición, que sospecha de posibles favorecimientos y falta de transparencia en la adjudicación directa.
El declive: de la gloria a la investigación
La misma empresa que en 2020 recibía elogios hoy es objeto de una profunda investigación judicial. Los motivos exactos de las detenciones y registros no han sido completamente detallados, pero las pesquisas apuntan a presuntas irregularidades en la gestión y contratación de la aerolínea, incluyendo posibles delitos de corrupción y prevaricación.
La caída de Plus Ultra refleja un patrón recurrente en la relación entre empresas y administración en Canarias: la urgencia de la pandemia facilitó contrataciones directas y procesos acelerados que ahora son revisados con lupa. La comisión parlamentaria que investiga las compras sanitarias busca determinar si las operaciones se ajustaron a la legalidad o si existieron favorecimientos injustificados que beneficiaron a determinados operadores por encima de otros.
Lecciones de un caso paradigmático
El episodio de Plus Ultra encapsula los dilemas de la gestión pública en crisis. Por un lado, la necesidad de actuar con celeridad extrema para salvar vidas; por otro, el deber de mantener la transparencia y el cumplimiento normativo. La figura de Trujillo, a medio camino entre empresario visionario y operador controvertido, alimenta el debate sobre cómo se articulan las alianzas público-privadas.
El fracaso previo de Canarian Airways, con el desplante institucional, contrasta con la confianza que el Gobierno depositó en Trujillo durante la pandemia. Esta paradoja sugiere que la urgencia puede reconfigurar vínculos y prioridades, pero también genera riesgos de accountability que pueden explotar posteriormente en escándalos como el actual, dañando la confianza ciudadana.
Un futuro incierto
Mientras la investigación judicial avanza, el sector aeronáutico canario observa con preocupación el desenlace. Plus Ultra, que alguna vez representó la capacidad de respuesta ante una emergencia global, ahora simboliza los peligros de la opacidad y la gestión irregular. La incertidumbre sobre el futuro de la compañía y sus responsables mantiene en vilo a una industria ya de por sí frágil.
El caso también pone en entredicho los mecanismos de control en contrataciones de emergencia. Si bien Trujillo defendió la legalidad y el espíritu de servicio, las autoridades judiciales parecen ver indicios de conductas diferentes. La distancia entre éxito operativo y procedimiento correcto nunca había sido tan evidente en Canarias, y el resultado podría marcar un precedente para futuras crisis.
Para el archipiélago, el legado de estos vuelos queda manchado. Lo que fue celebrado como una gesta de solidaridad y eficiencia ahora se investiga como posible caso de corrupción. La lección es clara: incluso en las crisis más severas, la legalidad no puede ser una variable ajustable sin consecuencias. La confianza en las instituciones y en las empresas que colaboran con ellas depende de procesos transparentes, algo que la sociedad canaria exige con vehemencia tras este escándalo.