La primavera de 2018 marcaría un punto de inflexión en la política madrileña. Cristina Cifuentes, quien ostentaba la presidencia de la Comunidad de Madrid desde 2015, veía cómo su carrera se desmoronaba en cuestión de días. El detonante fue un video difundido por Okdiario el 25 de abril, donde se la veía sustrayendo productos de perfumería en un supermercado. Sin embargo, según la periodista Esther Palomera, este episodio fue solo la punta del iceberg de una estrategia orquestada desde las altas esferas del Partido Popular.
El escándalo de las cremas, como se le denominó popularmente, no surgió de la nada. Cifuentes ya arrastraba una serie de controversias que minaban su credibilidad: el caso de los títulos universitarios obtenidos irregularmente, la trama de corrupción del caso Lezo y las dimisiones forzosas de varios miembros de su consejería por presuntos delitos de prevaricación. La acumulación de crisis había convertido su mandato en un constante ejercicio de supervivencia política.
En un artículo reciente titulado "El Casino Quirón", Palomera, subdirectora de eldiario.es, desvela una versión que apunta a una filtración interna desde la sede nacional del PP en la calle Génova. La razón detrás de esta presunta traición no sería otra que una disputa económica con uno de los gigantes de la sanidad privada española: Quirón.
La relación entre la administración de Cifuentes y Quirón se había tensado considerablemente. Según publicó Agustín Marco en El Confidencial apenas cinco días después de la dimisión de la presidenta, la empresa presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). La demanda reclamaba el pago de sobrecostes hospitalarios por valor de 40 millones de euros que la Consejería de Sanidad se negaba a abonar.
Palomera conecta ambos hechos de forma explícita en su texto: "Y, de repente, Quirón. ¿Les suena? Es la empresa a la que Isabel Díaz Ayuso ha transferido más de 5.000 millones de euros en los últimos seis años. La entidad con la que su pareja hizo negocios. La que provocó la caída de Cristina Cifuentes, como ella bien sabe pero calla".
La periodista no se limita a señalar la empresa, sino que dibuja un panorama donde las multinacionales sanitarias ejercen una influencia determinante en las decisiones políticas. La mención a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y a los más de 5.000 millones de euros transferidos a Quirón durante su mandato, sugiere un patrón de comportamiento que habría comenzado con la caída de su predecesora.
La credibilidad de estas afirmaciones radica en el propio recorrido profesional de Palomera. Antes de incorporarse a eldiario.es, la periodista ocupó el cargo de subdirectora en La Razón, diario dirigido por Francisco Marhuenda y presidido por Mauricio Casals. Esta experiencia le proporcionó un profundo conocimiento del entorno mediático de la derecha española y una agenda de contactos directos con los círculos próximos a la dirección del PP. Su despido de ese medio en 2014, oficialmente por motivos económicos, fue interpretado en el sector como una represalia por sus críticas a la política del aborto de Gallardón y a las corruptelas del partido.
La secuencia temporal resulta reveladora. La negativa de Cifuentes a satisfacer la deuda millonaria con Quirón precede inmediatamente a la filtración del video que precipitó su renuncia. La empresa, conocida por su expansión agresiva y su capacidad de lobby, no dudó en demandar al SERMAS cuando la negociación fracasó. Esta acción legal, sumada a la presión mediática generada por la difusión del video, habría cerrado el círculo contra la expresidenta.
El contexto actual no hace sino reforzar la tesis de Palomera. Durante el mandato de Ayuso, Quirón ha recibido cantidades ingentes de dinero público, mientras que la presidenta mantiene una relación personal con un directivo de la compañía. Esta situación ha generado numerosas polémicas sobre la privatización encubierta de la sanidad pública madrileña y los beneficios que derivan de ella para las empresas privadas.
La sanidad se ha convertido en un terreno de batalla ideológico donde las corporaciones médicas ejercen un poder desproporcionado. La doctrina neoliberal que defiende Ayuso, según Palomera, encuentra en Quirón su principal beneficiaria. La progresiva degradación de la sanidad pública no sería un efecto colateral, sino un objetivo estratégico para justificar el trasvase de recursos al sector privado.
La caída de Cifuentes, por tanto, no sería solo el resultado de sus propios errores, sino una advertencia ejemplarizante para quienes se atrevan a oponerse a los intereses de los grandes grupos sanitarios. La filtración del video, en este sentido, funcionaría como instrumento de presión y castigo político, ejecutado desde el propio partido al que pertenecía la expresidenta.
Esta versión de los hechos, defendida por Palomera en programas de televisión como el de Xabier Fortes en TVE, cuestiona la narrativa oficial sobre la dimisión de Cifuentes. No se trataría de una renuncia voluntaria ante la presión mediática, sino de una destitución encubierta motivada por razones económicas y de poder corporativo.
El caso ilustra la compleja red de intereses que teje la política española, donde las decisiones de gestión pública chocan con las ambiciones empresariales, y donde los partidos políticos pueden convertirse en ejecutores de agendas ajenas al interés general. La sanidad, por su peso económico y su sensibilidad social, se convierte en el escenario perfecto para estas luchas de poder.
La experiencia de Palomera en los medios afines al PP le otorga una perspectiva única para desentrañar estos mecanismos. Su salida de La Razón, lejos de invalidar sus argumentos, la posiciona como una voz crítica que conoce desde dentro el funcionamiento de la maquinaria de comunicación conservadora.
La secuencia es clara: Cifuentes rechaza pagar los 40 millones, Quirón demanda al SERMAS, el PP filtra el video y la presidenta cae. Ayuso asume el cargo y multiplica por cien las transferencias a la misma empresa. La lección no podría ser más explícita. La sanidad pública madrileña se convierte así en un negocio rentable para unos pocos, mientras la ciudadanía asiste impotente al deterioro de sus derechos.
Esta interpretación de los hechos, si bien no ha sido probada judicialmente, encuentra eco en los patrones de comportamiento observados en los últimos años. La influencia del lobby sanitario en la política regional es un hecho constatado, y la caída de Cifuentes encajaría perfectamente en esa dinámica de presiones y contrapresiones.
El futuro de la sanidad pública en Madrid parece estar condicionado por estos intereses corporativos. Mientras las empresas privadas sigan ejerciendo un poder de veto sobre las decisiones políticas, casos como el de Cifuentes seguirán siendo recordados como ejemplos de lo que ocurre cuando un representante público se enfrenta a los poderes económicos dominantes.