El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe demoledor sobre la gestión de la Casa Árabe durante el periodo en el que estuvo bajo la dirección de Irene Lozano, entre 2022 y 2024. El documento, aprobado el pasado 18 de diciembre, no solo confirma las investigaciones periodísticas previas, sino que dibuja un panorama de crisis institucional sin precedentes en este organismo público dedicado a la promoción de las relaciones con el mundo árabe. La institución, cuya misión es fundamental para la proyección cultural y diplomática de España en una región de estratégica importancia, aparece ahora como un ejemplo de desgobierno administrativo.
La situación financiera de la institución aparece descrita en términos que no admiten equívocos. Los auditores constatan que el consorcio presenta resultados negativos estructurales que obligan a recurrir de forma recurrente al remanente de tesorería para mantener su operativa. Esta práctica, lejos de ser puntual o circunstancial, se ha convertido en una dinámica endémica que pone en entredicho la propia viabilidad del organismo y su capacidad para cumplir con sus objetivos fundacionales.
Los datos cuantitativos ilustran con crudeza la magnitud del desequilibrio. Durante el ejercicio de 2023, los gastos ordinarios de gestión ascendieron a 3,15 millones de euros, mientras que los ingresos por el mismo concepto apenas alcanzaron los 2,09 millones. Esta diferencia representa un exceso de gasto del 51% sobre los ingresos, una brecha que el Tribunal de Cuentas atribuye directamente a la desproporción entre ingresos y gastos de gestión ordinaria. No se trata de un desajuste temporal, sino de una pérdida estructural que refleja una planificación errónea y una gestión ineficiente de los recursos.
La consecuencia inevitable de este desfase ha sido la aprobación de presupuestos con déficit explícito para los años 2023 y 2024, asumiendo de antemano que el agujero se cubriría con los ahorros acumulados. Esta estrategia, sin embargo, resulta insostenible a medio plazo y ha generado, según el informe, incertidumbre sobre la viabilidad futura del Consorcio Casa Árabe. Los auditores advierten que el consumo continuado del remanente de tesorería no puede perpetuarse sin poner en riesgo la continuidad de la institución.
Irregularidades sistemáticas en la contratación
El capítulo dedicado a la contratación pública resulta especialmente grave y revela un patrón de comportamiento que sistemáticamente eludía los controles legales. El Tribunal de Cuentas analizó una muestra representativa de 27 contratos adjudicados entre 2022 y 2023, de un total de 83. De estos, 23 correspondían a contratos menores, figura legal que debería simplificar procesos pero que, en la práctica, se convirtió en un cauce para eludir controles y en una vía de contratación opaca.
Los hallazgos son contundentes: en el 63% de los expedientes revisados se detectaron incumplimientos de múltiples obligaciones establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público. Las deficiencias identificadas revelan un patrón de actuación que sistemáticamente obviaba los requisitos de transparencia, competencia y eficiencia que deben regir toda contratación con fondos públicos.
Entre las irregularidades más frecuentes y graves destacan:
- En 17 expedientes, equivalentes al 74% de los contratos menores analizados, no constaba el informe del órgano de contratación, documento esencial para justificar la necesidad y oportunidad de la contratación. Esta omisión elimina el primer filtro de control sobre la conveniencia de la contratación.
- En 16 casos (70%) no existía justificación alguna que demostrara que el objeto del contrato no había sido manipulado para evitar los límites legales que regulan los contratos menores, una práctica que puede ocultar fraccionamiento ilícito de contratos mayores.
- En 14 expedientes (61%) no se acreditó haber solicitado al menos tres ofertas distintas, ni tampoco se justificó la exención a esta obligación de pluralidad de propuestas, vulnerando el principio de libre competencia.
- Además, en 4 contratos adicionales (17%) faltaba la aprobación previa del gasto, vulnerando principios básicos de control presupuestario y devengo de obligaciones.
Un organismo sin controles internos
El informe no se limita a la contratación, sino que describe un sistema de control interno inexistente y deficiencias severas en materia de seguridad informática. La ausencia de mecanismos de supervisión y auditoría interna habría facilitado, según el Tribunal, la generalización de prácticas contrarias a la legalidad y la opacidad en la gestión.
La situación descrita es tal que los auditores concluyen que la institución se encuentra en una posición económica dramática, con pérdidas estructurales que no se corrigen y una dependencia crítica de sus reservas financieras. La combinación de estos factores pone en riesgo la continuidad de las actividades del organismo y su capacidad para cumplir con la misión para la que fue creado.
El perfil de la directora
Irene Lozano llegó a la dirección de la Casa Árabe tras abandonar su escaño en la Asamblea de Madrid, donde había ocupado el quinto puesto en la lista del PSOE para la Comunidad. Su perfil, conocido por ser biógrafa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su trayectoria política previa, contrasta ahora con los resultados de su gestión al frente de una institución cultural y diplomática de primer orden.
El nombramiento, de carácter político, no parece haberse traducido en una gestión eficiente de los recursos públicos. El informe del Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado, cuestiona no solo los resultados económicos, sino el cumplimiento de la normativa que debe regir toda administración pública, independientemente de su tamaño o naturaleza.
Implicaciones y futuro
La repercusión de estas conclusiones va más allá del ámbito administrativo y tiene una dimensión política significativa. La Casa Árabe, como instrumento de política exterior cultural, juega un papel relevante en las relaciones con los países árabes. Su deterioro institucional puede afectar la proyección de España en una región estratégica para los intereses económicos, energéticos y de seguridad del país.
El informe del Tribunal de Cuentas no solo valida las investigaciones periodísticas previas, sino que proporciona un respaldado oficial a las denuncias sobre la mala gestión. La ausencia de planes operativos eficaces, la falta de control interno y las irregularidades en la contratación configuran un escenario que exige respuestas políticas y administrativas inmediatas.
La situación de la Casa Árabe bajo la gestión de Irene Lozano se presenta como un caso paradigmático de cómo la falta de controles, sumada a una gestión deficiente, puede llevar a una institución pública al borde de la insostenibilidad. El informe del Tribunal de Cuentas no deja lugar a dudas: el 63% de los contratos analizados incumplía la ley, y la situación financiera es dramática.
La institución hereda ahora un paisaje de destrucción presupuestaria que requerirá medidas urgentes para garantizar su supervivencia. La pregunta que surge es si estas medidas llegarán a tiempo y si serán suficientes para revertir una situación que, según el máximo órgano fiscalizador, pone en serio riesgo la viabilidad del Consorcio. La responsabilidad política de quienes designaron a Lozano y la necesidad de reformas estructurales en el organismo son cuestiones que el informe deja sobre la mesa.