El año 2025 ha sido un periodo de intensa actividad política en Cantabria, con hitos que han definido el rumbo de la comunidad autónoma. La presidenta del Ejecutivo regional, María José Sáenz de Buruaga, cerró este ciclo con el tradicional mensaje navideño, donde destacó los logros de su administración, matizó algunos reveses y omitió deliberadamente cuestiones que prefirió dejar fuera del foco público. Durante estos doce meses, el Gobierno popular ha gestionado temas de gran calado como la Ley de Simplificación Administrativa, la nueva normativa sobre viviendas turísticas y el frustrado intento de aprobar los Presupuestos Generales de 2026. Sin embargo, la actualidad política cántabra también ha estado marcada por procesos internos en la oposición y episodios judiciales que han captado la atención ciudadana.
Uno de los capítulos más significativos ha sido la transformación del PSOE regional. Tras siete años bajo la dirección de Pablo Zuloaga, la formación socialista inauguró una nueva etapa el pasado 16 de febrero. Pedro Casares emergió vencedor en las primarias internas, obteniendo el respaldo del 52,3% de la militancia. Este resultado, lejos de sellar la unidad, dejó al descubierto las grietas internas que durante años han dividido a las distintas corrientes del partido en la región. La victoria de Casares desencadenó una serie de movimientos en el tablero político: renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados, que recayó en el castreño Pablo Antuñano; asumió la Delegación del Gobierno en Cantabria, relevando a Eugenia Gómez de Diego; y la santoñesa Carmen González ingresó en la Ejecutiva Federal del PSOE. En el Parlamento autonómico, Mario Iglesias ocupó el lugar de Zuloaga. La reorganización se extendió a las agrupaciones locales, con Daniel Fernández al frente en Santander y José Luis Urraca en Torrelavega.
Otro hecho de gran relevancia económica se produjo el 25 de febrero, cuando la presidenta Buruaga anunció la llegada del Proyecto Altamira a la región. Con una inversión prevista de 3.600 millones de euros, la mayor en la historia de Cantabria, esta iniciativa empresarial promete revolucionar el tejido productivo local. La empresa Stoneshiel planifica la creación de un campus tecnológico dedicado a centros de datos e inteligencia artificial en un extenso territorio de 637.000 metros cuadrados entre los municipios de Villaescusa y Piélagos. Este ambicioso desarrollo posiciona a Cantabria como un polo de atracción para la innovación digital, aunque aún quedan por concretar los detalles de su despliegue efectivo.
La agenda política también ha estado salpicada por episodios de tinte judicial que han generado debate público. La comparecencia del expresidente Miguel Ángel Revilla en los juzgados, citado por una demanda de injurias promovida por el rey emérito, constituyó una imagen insólita que nadie hubiera imaginado hace unos años. Por su parte, el caso Obras Públicas llegó a su término con polémica, después de años de procesamiento y especulación. El veredicto final no satisfizo a todas las partes implicadas, dejando un regusto de inconclusión en la opinión pública.
El sector educativo, por otro lado, ha vivido meses de tensión. La relación entre el profesorado y la Consejería de Educación ha sido especialmente turbulenta, prolongando un conflicto que ya venía arrastrándose desde el curso académico anterior. Las protestas y las negociaciones han sido constantes, sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo definitivo que ponga fin a las reivindicaciones del colectivo docente. Esta situación ha minado la confianza en la gestión del área y ha generado incertidumbre entre las familias y el alumnado.
El intento de aprobar los Presupuestos de 2026 se convirtió en uno de los principales quebraderos de cabeza para el Gobierno autonómico. La falta de apoyos suficientes en el Parlamento regional obligó a la presidenta a posponer la tramitación de las cuentas públicas, lo que ha dejado a la administración en una situación de prórroga presupuestaria que limita su capacidad de acción. Este fracaso legislativo ha sido aprovechado por la oposición para cuestionar la capacidad de negociación del Ejecutivo y su habilidad para generar consensos.
La Ley de Simplificación Administrativa, aprobada durante este año, representa uno de los logros más destacados por el Gobierno. Esta normativa busca agilizar los trámites burocráticos, reducir la carga administrativa para ciudadanos y empresas, y modernizar la gestión pública. Sin embargo, los críticos advierten de que la implementación efectiva de estas medidas requerirá un esfuerzo adicional y una monitorización constante para evitar que quede en mera retórica.
En materia de vivienda, el nuevo decreto de pisos turísticos ha generado debate entre los distintos agentes implicados. La normativa pretende regular de forma más estricta la oferta de alojamientos de uso turístico, respondiendo a las demandas de los municipios costeros que ven con preocupación el impacto en el mercado residencial. Los defensores del turismo, por su parte, temen que restricciones excesivas puedan perjudicar la competitividad de Cantabria como destino vacacional.
Más allá de los muros del Parlamento, la política municipal también ha experimentado transformaciones. Las renovaciones en las agrupaciones locales del PSOE han reconfigurado el mapa de poder en las principales ciudades, con nuevos liderazgos que intentan conectar con una ciudadanía cada vez más exigente. La emergencia de nuevas voces en la gestión local promete influir en la dinámica regional en los próximos años.
El panorama político cántabro de 2025 refleja una comunidad en transición. Mientras el Gobierno de Buruaga intenta consolidar su proyecto con grandes inversiones y reformas legislativas, la oposición reorganiza sus estructuras y prepara el terreno para futuros combates electorales. Los conflictos sociales, como el vivido en educación, y los episodios judiciales han añadido capas de complejidad a un escenario ya de por sí dinámico. El año que comienza presenta desafíos considerables, desde la necesidad de aprobar unos presupuestos estables hasta la materialización de proyectos que, como Altamira, tienen el potencial de transformar la economía regional. La ciudadanía cántabra observa con expectación cómo sus representantes afrontarán estos retos en un contexto marcado por la incertidumbre económica y las demandas de una sociedad que reclama resultados tangibles.