En el Parlament de Cataluña, las diputadas enfrentan una realidad que va más allá de la política: un acoso digital sistemático, profundamente machista, que busca desgastarlas, humillarlas y, en última instancia, expulsarlas del espacio público. Este fenómeno no es casual ni aislado; es estructural, cotidiano y, según las propias afectadas, tiene un objetivo claro: devolver a las mujeres a la esfera privada, alejadas de la toma de decisiones y del poder.
Jéssica Albiach, presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, lo expresa con contundencia: "No es solo violencia política, también es violencia machista en el ámbito digital". Sus palabras resuenan en el testimonio de otras cinco diputadas de partidos distintos, todas ellas víctimas de un mismo patrón de agresión: insultos vejatorios, comentarios sobre su físico, amenazas sexuales y burlas que buscan minar su autoridad y su dignidad.
Entre los mensajes más recurrentes, destacan frases como "Rata asquerosa, te mereces un 'bukkake'", "Puta de mierda" o "Desde que eres diputada, estás más redondita". Estos no son comentarios aislados, sino parte de una avalancha diaria que se acumula en sus perfiles personales y en las cuentas de sus partidos. La violencia digital, tipificada como delito penal en España, encuentra en las mujeres políticas su blanco más frecuente y más vulnerable.
Mònica Sales, líder de Junts en el Parlament, reconoce que, en redes sociales, muchas veces se da por sentado que, por ser mujer, se debe tolerar cierto tipo de comentarios. "A veces parece que, por el hecho de ser mujer, debes dejar que te digan según qué, que liguen contigo o que tengan acceso a poder hacer según qué comentarios", señala. A pesar de ello, ha aprendido a no alimentar esos ataques, a mirar hacia otro lado y a construir una coraza emocional que le permita seguir adelante sin que el odio la paralice.
Esa coraza, sin embargo, no es una solución, sino una estrategia de supervivencia. Pilar Castillejo, diputada de la CUP, lo explica con crudeza: "A veces te lo tienes que tomar a broma porque es como una manera de sobrevivir; lo normalizas como una forma de defensa y acabas normalizando cosas que no se deberían normalizar". Denunciar estos ataques, aunque sea legalmente posible, implica un coste emocional y psicológico elevado. Muchos de los perfiles que lanzan insultos son falsos, lo que dificulta la identificación de los autores y puede derivar en una revictimización al tener que exponerse en procesos judiciales o administrativos.
Lo más preocupante, según todas las entrevistadas, es la diferencia en el tipo de crítica que reciben hombres y mujeres. Mientras a los diputados se les cuestiona por sus ideas, sus propuestas o su gestión, a las diputadas se les ataca por su apariencia, su cuerpo, su vida personal. "A los hombres se les cuestiona por el mensaje que transmiten; a las mujeres, además, por cómo lo transmiten, por cómo se ven, por cómo se comportan", señala Castillejo. Este doble estándar no solo es injusto, sino que refuerza estereotipos de género que limitan la participación política femenina.
La violencia digital no es un fenómeno nuevo, pero su intensidad y su impacto en el ámbito político han aumentado en los últimos años. Las redes sociales, lejos de ser espacios de diálogo democrático, se han convertido en arenas donde se ejerce una forma de violencia estructural contra las mujeres. Y aunque existen leyes que la tipifican como delito, la aplicación efectiva sigue siendo un desafío.
Las diputadas entrevistadas coinciden en que la solución no pasa solo por denunciar, sino por cambiar la cultura que permite que estos ataques se normalicen. "No se trata de que las mujeres se adapten a un entorno hostil, sino de que ese entorno cambie para ser inclusivo y respetuoso", afirma Albiach. Para ello, es necesario que los partidos políticos, las plataformas digitales y la sociedad en general asuman su responsabilidad.
En el caso de Sales, su ascenso a la presidencia del grupo parlamentario de Junts fue recibido con una oleada de comentarios agresivos. Pero, lejos de amedrentarse, lo tomó como un reto: "En una decisión valiente como esta no me he dejado condicionar nunca por estos ataques constantes". Su ejemplo demuestra que, aunque el acoso digital es una realidad dolorosa, no tiene por qué ser un obstáculo insuperable.
La lucha contra la violencia digital machista no es solo una cuestión de justicia, sino de democracia. Cuando las mujeres son silenciadas, amenazadas o humilladas por ejercer su derecho a la política, se debilita la representación, se pierde diversidad y se retrocede en la igualdad. Las diputadas del Parlament, con sus testimonios, no solo denuncian una injusticia, sino que abren un camino para que otras mujeres no tengan que enfrentar este acoso en soledad.
La sociedad debe entender que el acoso digital no es un problema privado, sino público. Y que, mientras siga existiendo, la democracia seguirá siendo incompleta.