La figura del presidente Pedro Sánchez se encuentra en el centro de un intenso escrutinio público tras la revelación de detalles sobre su relación con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y ahora investigado por presuntos delitos de corrupción. La defensa del jefe del Ejecutivo —"yo no sabía nada"— choca con una serie de eventos que, según múltiples fuentes, resultan imposibles de ignorar.
Desde cenas privadas en La Moncloa hasta viajes oficiales compartidos, la cronología de encuentros entre ambos políticos es extensa y detallada. Uno de los momentos más cuestionados es la cena que Sánchez ofreció a Cerdán y su esposa, Francisca Muñoz, en mayo de 2025. Este encuentro tuvo lugar apenas un mes antes de que la Unidad Central Operativa (UCO) publicara un informe que lo implicaba directamente en una trama de sobornos. Lo más llamativo: la cita no apareció en ninguna agenda oficial, lo que alimenta las dudas sobre su naturaleza y propósito.
¿Es plausible que, en una velada íntima, Sánchez no le preguntara a Cerdán sobre los rumores que ya circulaban en medios y tribunales? ¿O acaso el tema de conversación era otro, más urgente o más cómodo?
La lista de coincidencias no termina ahí. En el mismo mes, ambos viajaron juntos a Estambul para asistir a una reunión de la Internacional Socialista. El viaje, financiado con fondos públicos, incluyó una estancia en un hotel de lujo. Cerdán fue detenido apenas 36 días después. ¿No hubo espacio en ese contexto para abordar las acusaciones que ya pesaban sobre él? ¿O se optó por evitar el tema?
Cerdán no era un personaje ocasional en la vida política de Sánchez. Desde 2017, como secretario de Organización del PSOE, estuvo presente en prácticamente todos los actos clave del partido: congresos, reuniones ejecutivas, cenas de trabajo, sesiones parlamentarias y consejos de ministros. Su cercanía con el presidente era evidente, y su influencia, innegable.
¿Es razonable pensar que Sánchez, como líder del partido y del gobierno, no tuvo conocimiento de las actividades de Cerdán —ni tampoco de las de José Luis Ábalos, otro de los principales implicados— durante siete años de convivencia política? Ambos fueron figuras centrales en la estructura del PSOE y del Ejecutivo. Su ausencia de control o supervisión resulta difícil de justificar.
Además, hay un elemento que añade más peso a las sospechas: el nivel de vida de Cerdán. El exdirigente vivió en un ático en el barrio de Moncloa, cuyo alquiler ascendió a más de 44.000 euros en poco más de un año. El pago fue realizado por una empresa llamada Servinabar, lo que levanta interrogantes sobre la procedencia de esos fondos. Su esposa, Francisca Muñoz, también acumuló gastos significativos con tarjetas vinculadas a la misma empresa.
¿Cómo es posible que alguien con un salario público no pudiera sostener ese estilo de vida sin levantar sospechas? ¿Y cómo es que el presidente, que compartió con él cientos de horas en reuniones, viajes y eventos, no notó nada inusual?
Estos son solo algunos de los veintiún hechos irrefutables que desmontan la coartada del presidente. No se trata de acusaciones sin fundamento, sino de eventos documentados, testigos, facturas y agendas que contradicen la versión oficial. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta qué punto es creíble que alguien en su posición no supiera nada?
La ciudadanía exige transparencia. En un sistema democrático, los líderes deben rendir cuentas, especialmente cuando su entorno inmediato está bajo investigación. La defensa de "yo no sabía nada" puede funcionar en un tribunal de ficción, pero en la vida real, con tantos indicios visibles, resulta insuficiente.
El caso Cerdán no es solo un asunto de corrupción individual. Es un espejo que refleja cómo se toman decisiones en la cúpula del poder, quiénes las toman y qué mecanismos de control existen —o no— para evitar abusos. Si Sánchez realmente no sabía nada, entonces hay un problema grave de gestión y supervisión en el gobierno. Si sí lo sabía, entonces hay un problema de ética y responsabilidad.
En ambos casos, la respuesta no puede ser el silencio. La sociedad merece una explicación clara, detallada y verificable. No basta con negar. Se necesita evidencia, contexto y, sobre todo, honestidad.
Mientras la justicia sigue su curso, el debate político y ciudadano debe continuar. Porque en democracia, nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Y si hay algo que estos veintiún hechos demuestran, es que la verdad no se puede esconder bajo la excusa de la ignorancia.