Mientras Vigo brilla cada año como capital mundial de la iluminación navideña, a 660 kilómetros de distancia, el municipio de Ocaña vive una realidad diametralmente opuesta. Sus calles permanecen oscuras y silenciosas durante las fiestas, víctimas de una batalla legal que ha truncado décadas de tradiciones. El motivo: una denuncia por exceso de ruido que ha derivado en una sentencia paralizadora.
El conflicto nació en el corazón del pueblo, en su Plaza Mayor, donde durante años se concentraban los eventos festivos. Dos vecinas, agotadas por la situación, decidieron poner fin a lo que su abogado describe como un rockódromo permanente. "Después de casi diez años soportando conciertos y eventos musicales con volúmenes desproporcionados, llegaron a su límite", explica Ricardo Ayala, especialista en legislación acústica.
Las mediciones realizadas desde el balcón de las afectadas arrojaban cifras demoledoras: entre 85 y 90 decibelios, equivalentes al ruido de una moto sin silenciador. La situación era tan insoportable que, según confiesa su representante legal, las mujeres planificaban sus vacaciones en Navidad precisamente para escapar del estruendo, refugiándose en Toledo o en otros enclaves más tranquilos.
La resolución judicial, favorable a las demandantes, ha dejado a Ocaña sin su celebración navideña tradicional. "Estas tradiciones que yo conozco desde que tengo uso de razón ya no están", lamenta una vecina mientras muestra un vídeo en su móvil donde se aprecia la animación que antaño vivía la plaza. "Esto se llenaba entero. Es que te lo cuento y me emociono", añade con la voz quebrada.
El impacto económico resulta devastador para el tejido comercial local. Establecimientos que dependían del flujo de visitantes durante las fiestas han visto desplomarse sus ingresos. "La venta ha bajado, a mí la venta en la plaza me habrá bajado al menos el 50 o el 60%", calcula un comerciante afectado. Algunos negocios han llegado incluso al cierre definitivo, incapaces de sostenerse sin el empuje de las celebraciones.
La reacción vecinal no se ha hecho esperar. Aproximadamente 4.000 residentes han firmado una recogida de firmas contra la sentencia, evidenciando la profunda división que el caso ha generado en la comunidad. La medida judicial, lejos de resolver un problema, ha creado una fractura social entre quienes defienden el derecho al descanso y quienes claman por la supervivencia de sus tradiciones centenarias.
El abogado de las denunciantes justifica la medida: "No se trata de eliminar la cultura o el ocio, sino de exigir que se respeten los límites legales de ruido. La salud de mis clientas estaba en juego". Sin embargo, muchos vecinos interpretan la decisión como una victoria de intereses particulares sobre el bien común.
El dilema plantea preguntas complejas sobre cómo conciliar el derecho al descanso con la preservación de las tradiciones en espacios públicos. ¿Hasta qué punto debe priorizarse la salud acústica de unos pocos sobre la celebración colectiva? ¿Existen soluciones intermedias que no impliquen la anulación total de los eventos?
Mientras tanto, Ocaña vive su particular invierno cultural. Las luces que antes adornaban la Plaza Mayor han desaparecido, los escenarios han sido desmontados y el murmullo de las multitudes se ha sustituido por un silencio forzado. Los niños que crecieron con estas celebraciones ahora ven cómo sus propios hijos se quedan sin esa herencia.
El caso ha trascendido los límites municipales, convirtiéndose en un precedente judicial que otros pueblos observan con preocupación. La tensión entre normativa de protección acústica y vida social comunitaria nunca antes había tenido un desenlace tan drástico en la región.
Expertos en urbanismo sostenible sugieren que soluciones técnicas como paneles acústicos, delimitación de horarios o limitación de potencia sonora podrían haber evitado el enfrentamiento. Sin embargo, la falta de mediación previa ha llevado a una solución extrema que deja a todos perdedores.
Para los comerciantes, el futuro es incierto. Sin eventos que atraigan visitantes, muchos temen no sobrevivir al próximo año. "No es solo la Navidad, es toda la actividad cultural del pueblo la que está en riesgo", advierte un hostelero. La pérdida de identidad colectiva, intangible pero real, puede tener consecuencias más duraderas que el impacto económico.
El Ayuntamiento se encuentra atrapado entre la obligación de cumplir la sentencia y la presión ciudadana. Fuentes municipales reconocen la complejidad del caso y estudian alternativas legales, aunque admiten que cualquier solución requerirá tiempo y negociación.
Mientras tanto, las vecinas denunciantes han recuperado su tranquilidad, pero a costa de convertirse en el centro de una polémica que ha pueblo contra pueblo. Su victoria legal ha dejado un regusto amargo en una comunidad que ahora mira con recelo a sus propias tradiciones.
El silencio de Ocaña durante las fiestas sirve como advertencia para otros municipios sobre la importancia de regular adecuadamente el ruido sin sacrificar la vida social. La Navidad, ese periodo donde la convivencia debería brillar con más intensidad, ha quedado reducida a un recuerdo nostálgico en las calles de este pueblo castellano-manchego.
El debate sobre los límites del ruido en espacios públicos continúa vigente. Mientras unos celebran la defensa de su salud, otros lloran la muerte de sus tradiciones. En Ocaña, por ahora, el silencio es la única respuesta que ha dado la justicia.