Una joven de 18 años residente en Osuna ha protagonizado una denuncia pública en redes sociales que ha desatado una intensa polémica sobre accesibilidad, derechos de las personas con discapacidad y la interpretación de la normativa municipal. El motivo: la retirada de una plaza de movilidad reducida que el consistorio había comenzado a delimitar frente a su vivienda familiar para facilitar la vida de su hermano de 16 años, quien presenta una discapacidad del 75% por autismo severo no verbal, epilepsia y conductas agresivas.
La historia, que la propia joven ha difundido a través de un vídeo en redes sociales, comenzó hace aproximadamente un año y medio, cuando su familia solicitó formalmente al Ayuntamiento de Osuna la habilitación de una plaza de estacionamiento adaptada lo más cercana posible a su domicilio. La razón, explica la joven, es puramente de seguridad y emergencia: "Imagina que yo aparco a 120 metros y a mi hermano le está dando un ataque epiléptico. ¿Qué hago?", se pregunta en su grabación, destacando la necesidad de actuar con rapidez ante cualquier crisis médica.
Inicialmente, el proceso transcurrió sin contratiempos. El Ayuntamiento accedió a la petición y pintó la primera plaza en la acera donde se encontraban los vehículos aparcados durante ese semestre, a escasos metros de la entrada de la vivienda. La señalización y delimitación se completaron sin incidentes, generando un sentimiento de alivio en la familia, que veía satisfecha una necesidad vital para su día a día.
Sin embargo, el conflicto estalló cuando llegó el momento de trasladar la plaza a la acera opuesta, tal como establece la rotación semestral de estacionamiento en esa zona. Esta nueva ubicación quedaría justo frente a la puerta de la casa de la familia solicitante, lo que, en teoría, optimizaría aún más la accesibilidad. Fue entonces cuando una vecina se opuso rotundamente a la medida, argumentando que "en la puerta de su casa no iba a permitir que pintaran ningún parche". La joven denunciante insiste en que la plaza "en ningún momento toca la puerta de su casa" y que el espacio pertenece a la vía pública, no a la propiedad privada de ningún residente.
Tras las quejas de esta vecina, el Ayuntamiento de Osuna decidió paralizar el pintado en la acera de enfrente y, finalmente, optó por cubrir la pintura previamente realizada, dejando a la familia sin la plaza solicitada. Esta decisión municipal, según la versión de la joven, se tomó únicamente para satisfacer las demandas de una vecina que no quería ver alterado el entorno de su portal.
El Pespunte ha recabado la versión oficial del Ayuntamiento a través de Manuel Rodríguez Seco, responsable del Área de Planificación y Gestión Urbana del consistorio osunaense. Su relato ofrece matices diferentes y aporta nuevos elementos al caso. Rodríguez Seco explica que, "en un primer momento, no se tuvo en consideración la solicitud porque todas las viviendas de esa zona tienen cochera propia". Es decir, la normativa municipal parte de la base de que las familias con necesidades especiales deben utilizar sus propios espacios privados antes de reclamar la vía pública.
No obstante, la historia no terminó ahí. El responsable municipal reconoce que mantuvo una reunión personal con la joven, quien le expuso su situación "llorando" y le informó de que no podía hacer uso de la cochera familiar "porque la tenía ocupada con cosas o no tenía espacio suficiente". Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento accedió a flexibilizar su criterio inicial y autorizó la instalación de la plaza de movilidad reducida en la puerta de su domicilio.
El punto de inflexión llegó cuando "con el cambio de semestre, son los vecinos los que nos alertan que esta señora sí hace uso de la cochera y sale de ella con su hijo dentro del coche". Esta información, proporcionada por residentes del barrio, llevó al consistorio a paralizar el pintado en la acera de enfrente y, posteriormente, a borrar la señalización previa, reubicando finalmente la plaza en una zona verde de la misma calle, pero en un tramo sin viviendas.
El argumento central del Ayuntamiento de Osuna, y que sirve de justificación para su actuación, es contundente: "No existe un derecho u obligación a disponer de una plaza de movilidad reducida en la puerta de un domicilio concreto". Rodríguez Seco lo reitera con claridad: "El Ayuntamiento no tiene la obligación de poner una plaza de movilidad reducida en la puerta de una persona con esa necesidad. Ese derecho no existe".
Esta afirmación pone sobre la mesa un debate jurídico y social de gran calado. Por un lado, la normativa vigente en materia de accesibilidad y movilidad reducida establece criterios técnicos y de proximidad, pero no garantiza de forma absoluta la ubicación exacta que desea el solicitante. Por otro, las familias con miembros con discapacidad grave argumentan que la normativa debe interpretarse con criterio de razonabilidad y priorizando la seguridad y calidad de vida de las personas más vulnerables.
La joven denunciante insiste en que su familia necesita aparcar "lo más cerca posible" de la vivienda para poder actuar en caso de emergencia médica. La distancia de 120 metros que menciona en su vídeo no es un capricho, sino una cuestión de vida o muerte cuando se trata de un adolescente con epilepsia y autismo severo. Cada segundo cuenta, y cada metro de distancia puede marcar la diferencia entre una crisis controlada y una tragedia.
El Ayuntamiento, por su parte, defiende que la decisión final de reubicar la plaza en una zona verde sin viviendas responde a un criterio de equidad y aplicación de la normativa sin excepciones. Argumentan que no pueden establecer precedentes que contradigan la normativa municipal y que privilegien a un solicitante sobre otros, especialmente cuando existen indicios de que la cochera privada sí es utilizada.
La polémica ha despertado reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios muestran su apoyo a la familia y critican lo que consideran una falta de sensibilidad por parte del consistorio. Otros, en cambio, entienden la postura municipal y advierten sobre los riesgos de crear privilegios que no están recogidos en la ley.
El caso de Osuna no es aislado. En numerosas ciudades españolas, las plazas de movilidad reducida son un recurso limitado y su asignación genera frecuentes conflictos entre vecinos. La normativa establece distancias máximas desde el domicilio del solicitante, pero siempre dentro de los límites de la vía pública y respetando la rotación de estacionamiento y otras regulaciones urbanísticas.
Lo que hace singular esta situación es la gravedad de la discapacidad del joven afectado y la confrontación directa entre la necesidad familiar y la oposición vecinal. La joven denunciante no pide un capricho, sino una medida de accesibilidad real que garantice la seguridad de su hermano. El Ayuntamiento, por su parte, no niega la discapacidad ni la necesidad, pero sí la solución específica demandada.
En el municipio de Osuna existen actualmente 37 plazas de movilidad reducida, una cifra que el consistorio considera adecuada a la demanda existente. Sin embargo, para las familias que viven con discapacidad grave, la cuestión no es cuántas plazas hay en total, sino si una de ellas está lo suficientemente cerca como para salvaguardar la vida de sus seres queridos.
El debate queda abierto: ¿debe la normativa ser estricta y uniforme para todos, o debe adaptarse a las circunstancias excepcionales de casos como este? ¿El derecho a la accesibilidad absoluta está por encima de la normativa general, o la equidad en el uso del espacio público debe prevalecer siempre? Mientras tanto, la familia de Osuna se queda sin la plaza que consideraba esencial, y el Ayuntamiento mantiene su postura: no existe derecho a una plaza en la puerta de casa.