Las fiestas navideñas traen consigo tradiciones arraigadas en nuestra cultura. Entre los dulces típicos, las comidas familiares interminables y los brindis de Nochevieja, existe una práctica que, aunque aparentemente inofensiva, puede generar importantes consecuencias económicas: el lanzamiento de petardos y material pirotécnico. Este gesto celebratorio, muy extendido especialmente durante los últimos días del año, está sometido a una regulación estricta que muchos desconocen.
El abogado José Manuel Hernández ha alertado recientemente sobre este tema a través de sus redes sociales, recordando que el uso de pirotecnia sin la debida precaución legal puede acarrear sanciones económicas significativas. Su mensaje es claro: antes de lanzar cualquier artefacto pirotécnico, es fundamental conocer tanto la normativa nacional como la regulación local de nuestro municipio.
La doble vertiente de la normativa: estatal y municipal
En España, la pirotecnia no es un tema que dependa exclusivamente de las autoridades locales. Existe una regulación de carácter nacional que establece las bases legales para su control, gestión y sancionamiento. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana contempla en su artículo 28 el control administrativo sobre explosivos y productos pirotécnicos. Esta normativa establece las líneas maestras que todos los ciudadanos deben respetar, independientemente de su lugar de residencia.
Paralelamente, el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería (RAPyC) desarrolla con mayor detalle las distintas categorías de productos según su uso y peligrosidad. Esta clasificación resulta crucial, ya que determina qué tipo de material puede ser utilizado por particulares y en qué condiciones. La normativa distingue entre artículos de consumidor, artículos de uso profesional y otros tipos de material pirotécnico, cada uno con requisitos específicos de seguridad y documentación.
Sin embargo, la legislación nacional no es el único marco aplicable. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen competencias para regular el uso de pirotecnia en su territorio. Esta capacidad normativa local implica que una práctica permitida en un municipio puede estar prohibida en otro, o estar sujeta a requisitos diferentes. Por ejemplo, en comunidades como Madrid o Andalucía es necesario obtener autorización municipal previa para lanzar petardos en la vía pública, mientras que otros territorios pueden tener restricciones temporales o espaciales específicas.
Tipología de sanciones y cuantías económicas
El sistema sancionador establecido por la normativa española es escalonado según la gravedad de la infracción cometida. Las multas se dividen en tres categorías principales: leves, graves y muy graves, con cuantías que pueden resultar realmente impactantes para el bolsillo de cualquier ciudadano.
Las infracciones leves, que son las más comunes entre los particulares, conllevan sanciones que oscilan entre los 100 y los 600 euros. Este rango suele aplicarse a usos no autorizados de pirotecnia de baja peligrosidad, lanzamientos en horarios no permitidos o en zonas restringidas sin causa justificada. Aunque pueda parecer una cantidad asumible, 600 euros representan un gasto considerable que fácilmente se evita con una mínima precaución.
El siguiente escalón lo constituyen las infracciones graves, cuyas sanciones fluctúan entre 601 y 30.000 euros. Este tipo de multas se aplica a conductas que impliquen un riesgo mayor para la seguridad ciudadana o el medio ambiente. Por ejemplo, la venta de material pirotécnico sin la documentación requerida, su almacenamiento inadecuado o el uso de artículos de categoría superior sin la correspondiente licencia pueden encuadrarse en este apartado.
Finalmente, las infracciones muy graves pueden alcanzar los 600.000 euros. Este nivel de sanción, el máximo previsto en la normativa, se reserva para conductas que supongan un peligro grave para la seguridad colectiva. La fabricación clandestina de explosivos, el almacenamiento masivo de material pirotécnico sin las medidas de seguridad exigidas o la comercialización de productos sin el marcado CE son algunas de las infracciones que pueden acarrear estas cuantías excepcionales.
Regulación local: el factor diferencial
La capacidad normativa de los municipios añade una capa de complejidad a la regulación de la pirotecnia. Muchos ayuntamientos españoles han desarrollado ordenanzas municipales específicas que restringen o prohiben el uso de petardos en determinadas zonas o períodos temporales. Estas normativas locales responden a necesidades particulares, como la protección de zonas verdes, la convivencia vecinal o la seguridad en espacios concurridos.
Algunos municipios, como Terrassa o Vitoria, publican bandos específicos con horarios, zonas y días permitidos para el lanzamiento de material pirotécnico. Estas disposiciones suelen ser más restrictivas durante las fiestas navideñas, cuando el uso de petardos se intensifica. Es frecuente encontrar prohibiciones absolutas en zonas cercanas a hospitales, residencias de ancianos, refugios de animales o espacios naturales protegidos.
La falta de conocimiento de estas normativas locales no exime de su cumplimiento. Un ciudadano que lance un petardo en una zona prohibida por su ayuntamiento puede ser sancionado, independientemente de que desconozca la existencia de dicha prohibición. Por este motivo, resulta imprescindible consultar la ordenanza municipal vigente antes de adquirir o utilizar cualquier material pirotécnico.
Recomendaciones prácticas para evitar sanciones
Ante esta compleja marco normativo, resulta aconsejable seguir una serie de pautas que minimicen el riesgo de incurrir en infracciones. En primer lugar, informarse previamente sobre la normativa aplicable tanto a nivel nacional como local. La mayoría de ayuntamientos publican sus ordenanzas en sus páginas web oficiales, donde se especifican las restricciones temporales y espaciales.
En segundo lugar, adquirir siempre material pirotécnico en establecimientos autorizados que garanticen el cumplimiento de la normativa de seguridad. Los productos deben llevar el marcado CE, que certifica que cumplen los requisitos europeos de seguridad. Conservar la documentación de compra puede resultar útil en caso de inspección.
En tercer lugar, respetar estrictamente las zonas y horarios permitidos. Evitar lanzar petardos cerca de zonas sensibles, como hospitales, colegios o zonas de protección ambiental. Durante las noches de celebración, es preferible utilizar material pirotécnico de baja intensidad y siempre bajo supervisión de adultos.
Finalmente, considerar alternativas menos problemáticas. En muchas ocasiones, existen opciones de pirotecnia visual sin estruendo que cumplen con la normativa y generan menos molestias a terceros. Estas alternativas pueden resultar igual de efectivas para la celebración sin conllevar los riesgos asociados a los petardos tradicionales.
Conclusión
Las fiestas navideñas son un momento para la celebración y el disfrute compartido, pero también para la responsabilidad ciudadana. El conocimiento y cumplimiento de la normativa sobre pirotecnia evita no solo sanciones económicas, sino también situaciones de riesgo innecesarias. La prevención pasa por informarse, respetar las normas y actuar con sentido común. Unos minutos de consulta pueden ahorrar meses de disgustos y multas que oscilan desde los 100 hasta los 600.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. La seguridad ciudadana es responsabilidad de todos, y en época de celebraciones, la precaución debe ser nuestra mejor compañera.