La ciudad de Vic se ha convertido en el epicentro del debate sobre gestión migratoria en Cataluña. El alcalde de la capital de Osona, Albert Castells, miembro de Junts, ha lanzado un mensaje contundente que enciende la polémica en plena precampaña electoral. En una entrevista reciente, Castells ha vinculado directamente la presión migratoria con el colapso de los servicios públicos municipales, especialmente en los sectores de educación y sanidad.
El dirigente local no ha dudado en calificar la situación como "crecimiento desmesurado" que requiere una intervención inmediata del Gobierno catalán. Según sus palabras, Vic ha experimentado un aumento demográfico del 68% en las últimas tres décadas, una cifra que duplica con creces la media de crecimiento de toda Cataluña durante el mismo periodo. Este incremento exponencial, argumenta Castells, ha puesto al límite la capacidad de respuesta de una administración local que ve cómo sus recursos se diluyen.
La naturaleza de estas llegadas, señala el alcalde, ha mutado sustancialmente. Mientras Vic siempre se ha caracterizado como territorio de acogida para quienes llegan con un "proyecto de vida" definido, ahora se enfrenta a un fenómeno diferente. Castells ha puesto el foco en el empadronamiento de personas sin permiso de trabajo ni perspectivas de regularización, una práctica que, a su juicio, genera una carga insostenible para el municipio.
El dato concreto que maneja el consistorio es demoledor: 1.700 personas habrían llegado a la ciudad en estas circunstancias durante los últimos meses. Una cifra que, para el gobierno municipal, justifica medidas drásticas. "No puede ser que tengamos que empadronar a quien no tiene posibilidad de trabajar en la economía legal y tiene que adaptarse a la economía sumergida", ha manifestado Castells, quien insiste en que su postura no responde a criterios racistas o clasistas.
El alcalde ha sido tajante al desmarcar su discurso de cualquier connotación xenófoba. "No se trata de una cuestión de color de piel ni de clase social", ha enfatizado, sino de garantizar la sostenibilidad del modelo de ciudad. Sin embargo, estas declaraciones llegan en un momento políticamente delicado, cuando Junts compite codo a codo con Aliança Catalana por el liderazgo del espacio postconvergente, según reflejan las últimas encuestas del CEO.
La propuesta de Castells pasa por recuperar el control del padrón municipal. "Estamos hablando de poner orden en el padrón", ha declarado, sugiriendo que el ayuntamiento debería tener capacidad para decidir a quién empadronar y a quién no. Una medida que, de aplicarse, chocaría frontalmente con la legislación vigente, que garantiza el derecho al empadronamiento independientemente de la situación administrativa.
El objetivo final, según el alcalde, sería "garantizar los derechos fundamentales de todos los habitantes de Vic". Una paradoja que no pasa desapercibida: restringir el acceso al padrón para, supuestamente, proteger los derechos de la ciudadanía. El propio Castells reconoce el papel histórico de la inmigración como motor económico de la capital de Osona, pero dibuja una línea clara entre quien contribuye al sistema y quien, a su entender, lo sobrecarga.
La dirección de Junts ha respaldado sin fisuras la postura de su edil. Castells ha asegurado que trabaja "coordinadamente" con la cúpula del partido para diseñar una respuesta conjunta a esta "problemática" que, según él, se reproduce en municipios de todos los tamaños. El mensaje es claro: la gestión migratoria se ha convertido en una prioridad electoral para los postconvergentes.
El alcalde ha solicitado formalmente una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para trasladarle sus demandas y "poner freno" a una dinámica que considera insostenible. La petición llega en un momento de máxima tensión en el debate sobre políticas de integración y control de flujos migratorios en Cataluña.
La polémica no se hace esperar. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de migrantes ya han advertido de que cualquier restricción al empadronamiento vulneraría principios básicos de equidad y acceso a derechos fundamentales. El acceso al padrón es la puerta de entrada a servicios esenciales como la atención sanitaria, la educación o la protección social.
Desde el ayuntamiento, sin embargo, mantienen que la saturación es real y tangible. Las aulas abarrotadas, las listas de espera en el centro de salud y la presión sobre los servicios sociales son evidencias palpables para la población local. Un argumento que, según los críticos, busca capitalizar el malestar ciudadano con fines electoralistas.
El contexto político no puede obviarse. La competencia entre Junts y Aliança Catalana por el liderazgo del espacio soberanista moderado ha radicalizado el discurso sobre migración. Ambas formaciones buscan seducir a un electorado preocupado por los efectos de la globalización y los flujos migratorios en la identidad y la cohesión social.
La ciudad de Vic, con su importante tejido comercial y industrial, ha sido históricamente un imán para la población llegada de otros países. Comunidades marroquíes, senegalesas y de América Latina han encontrado en la capital de Osona un lugar para asentarse y desarrollar sus proyectos. Este legado de diversidad ahora se ve cuestionado desde el propio consistorio.
Expertos en políticas migratorias advierten de que criminalizar el empadronamiento es un camino peligroso que genera efectos contraproducentes. La economía sumergida, que Castells critica, precisamente se alimenta de la falta de documentación y acceso a derechos. Regular la situación, en lugar de restringir el acceso al padrón, sería la solución lógica desde una perspectiva de integración.
El debate ha saltado de los medios locales a la agenda nacional. La respuesta del Gobierno de la Generalitat será clave para entender si esta propuesta queda en retórica electoral o se convierte en un punto de fricción institucional. Illa, que ha defendido una gestión migratoria basada en la acogida y la integración, se verá obligado a posicionarse.
Mientras tanto, en las calles de Vic, la convivencia se muestra tensa. Comerciantes autoctonos y migrantes comparten espacio en un contexto económico complejo, marcado por la inflación y la precariedad laboral. La sensación de competencia por recursos escasos alimenta discursos que buscan culpables fáciles.
La propuesta de Castells, lejos de ser un caso aislado, refleja una tendencia creciente en la política municipal catalana. Ayuntamientos de diferentes signos ideológicos reclaman mayor autonomía para gestionar los flujos poblacionales y los recursos asociados. La financiación local, siempre insuficiente, se convierte en el argumento central para justificar controles más estrictos.
La complejidad del tema exige respuestas sosegadas que equilibren la sostenibilidad de los servicios con el respeto a los derechos fundamentales. La experiencia demuestra que las políticas restrictivas generan más problemas de los que resuelven, empujando a la población a la marginalidad y dificultando su integración futura.
El reto para Vic, y para Cataluña en general, es diseñar un modelo de gestión migratoria que sea justo, eficiente y sostenible a largo plazo. Un modelo que no caiga en la trampa de la demagogia electoral ni en la irresponsabilidad institucional. El futuro de la convivencia en las ciudades catalanas depende de ello.
La polémica iniciativa del alcalde Castells ha logrado poner el foco mediático en Vic, pero también ha levantado serias dudas sobre la viabilidad y legalidad de sus propuestas. La legislación española y europea protege el derecho al empadronamiento como herramienta de inclusión social. Cualquier intento de restricción chocaría con normativas superiores y probablemente sería recurrido ante los tribunales.
El tiempo dirá si estas declaraciones se traducen en políticas concretas o se diluyen en el ruido electoral. Mientras tanto, los 1.700 recién llegados mencionados por Castells continúan su proceso de integración, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad extrema, a la espera de una solución que les permita acceder a la legalidad y contribuir plenamente a la sociedad que los acoge.