El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado su gira diplomática por África en un momento de intensa tensión institucional. Mientras participa en la cumbre del G20 en Johannesburgo, el Ejecutivo se enfrenta a una crisis interna que amenaza con eclipsar su agenda internacional: la inhabilitación del fiscal general, José Manuel Maza, por parte del Tribunal Supremo. Este fallo judicial, que ha generado un fuerte impacto político, obliga al Gobierno a acelerar el proceso de nombramiento de su sucesor, aunque aún evita confirmar si el relevo se producirá en el próximo Consejo de Ministros.
La situación no es nueva. Ya durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro en noviembre pasado, el juez instructor de la causa contra Begoña Gómez —esposa del presidente— solicitó a la policía judicial que investigara sus cuentas corrientes. Ahora, con Sánchez en el continente africano, la sombra de la justicia vuelve a proyectarse sobre su figura, convirtiendo cada comparecencia en un escenario de tensión política. Su primera rueda de prensa tras la cumbre, prevista para el próximo domingo, será clave para entender cómo el Ejecutivo pretende gestionar esta crisis sin que afecte a su imagen internacional.
En Moncloa, aunque se insiste en que hay que esperar a la sentencia definitiva, las presiones para actuar con rapidez son evidentes. La inhabilitación del fiscal general no solo es un asunto técnico, sino un símbolo de la creciente confrontación entre los poderes del Estado. La oposición, encabezada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha dudado en utilizar el caso para criticar al Gobierno. En un mensaje en redes sociales, Ayuso denunció que “no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo”, haciendo referencia a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. Su afirmación de que “hoy el mundo sabe lo que está pasando en España” refleja la intención de internacionalizar el conflicto.
Sin embargo, más allá de las disputas internas, el contexto global en el que se desarrolla esta gira es profundamente complejo. Desde la primera participación de Sánchez en el G20 en Buenos Aires en 2018, el panorama geopolítico ha cambiado drásticamente. Las tensiones entre potencias, la fragmentación de bloques y la dificultad para alcanzar consensos han convertido estas cumbres en escenarios de negociación cada vez más complicados. Este año, la reunión en Johannesburgo cerrará sin una declaración conjunta, un hecho sin precedentes que subraya la falta de cohesión entre los países miembros.
Además, por primera vez, una silla quedará vacía: la de Estados Unidos. Aunque el país sigue siendo un actor clave en el escenario global, su ausencia simbólica en la cumbre refleja una nueva dinámica en las relaciones internacionales. Otros grandes actores como China, Rusia, India y Argentina tampoco estarán representados por sus líderes máximos, lo que añade un nivel adicional de incertidumbre a las negociaciones.
Para Sánchez, esta gira no solo es una oportunidad para reforzar la presencia de España en África, sino también un desafío diplomático. Su agenda se extenderá hasta el lunes, cuando participe en la cumbre de la Unión Africana-UE en Luanda, Angola. En este contexto, el presidente deberá equilibrar su rol como líder internacional con la necesidad de gestionar una crisis interna que amenaza con desestabilizar su mandato.
La prensa internacional ya ha comenzado a prestar atención a los acontecimientos en España, y la sentencia del Supremo ha sido ampliamente recogida en medios de todo el mundo. Esto significa que cualquier paso en falso por parte del Gobierno podría tener consecuencias más allá de las fronteras nacionales. La imagen de España como país estable y democrático está en juego, y Sánchez deberá demostrar que puede liderar tanto en el escenario global como en el doméstico.
En resumen, la gira africana de Pedro Sánchez se desarrolla en un contexto de alta tensión política y diplomática. Mientras el Gobierno intenta acelerar el proceso de relevo en la Fiscalía General del Estado, el presidente debe enfrentarse a un escenario internacional fragmentado y a una oposición que busca aprovechar cualquier debilidad para cuestionar su legitimidad. La clave estará en su capacidad para gestionar ambas dimensiones sin que una afecte negativamente a la otra. El mundo está mirando, y cada paso que dé en los próximos días será escrutado con lupa.